Los miembros de los consejos de administración de las 16 empresas públicas, no financieras, que forman parte del Grupo Patrimonio -entre ellas Paradores, Loterías, Enisa, o Rumasa- cobran anualmente 1,6 millones de euros solo en dietas por asistencias a las reuniones de los consejos.
Las dietas que perciben los miembros de los consejos de las sociedades mercantiles estatales viene fijada en la Orden de 8 de enero de 2013 del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, en la que se distinguen tres grupos.
Las sociedades del Grupo 1 de Patrimonio -Paradores y Loterías- pagan 11.994 euros a cada consejero al año solo en dietas; las del Grupo 2 -Acuamed, Enisa, Senasa, AC, Acues, Segipsa, Segitur, Siasa, Siepse, Seittsa-, entregan 9.425 euros a cada consejero al año en dietas; y los consejeros de las empresas de Patrimonio del Grupo 3 -Expasa, Rumasa, Secegsa, y Canasa- ganan 6.854 euros por el mismo concepto. Estos importes se ven incrementados en 1.520 euros para los miembros de la Comisión de Auditoría y Control.
En las 16 empresas de Patrimonio no hay jubilación obligatoria, lo que provoca personal de edad muy avanzada y elevadas retribuciones
En un reciente informe elaborado por el Tribunal de Cuentas, al que ha accedido este diario, el organismo, que ha fiscalizado la actuación de estas empresas durante los ejercicios 2016 y 2017, insta al Ministerio dirigido por María José Montero a fijar la cuantía máxima de la dieta individual de asistencia a los órganos de administración de las sociedades de Patrimonio, así como el número total de reuniones que puedan dar lugar a su devengo.
Este diario contactó el miércoles con el Ministerio de Hacienda para plantear la consideración del Tribunal de Cuentas y actualizar en la medida de lo posible lo ganado por los consejeros de las 16 empresas estatales solo por dietas por asistencia a los consejos de administración, pero no se obtuvo respuesta.
El control de estas 16 empresas públicas está atribuido a la Dirección General de Patrimonio del Estado (DGPE), que depende del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Al tratarse de sociedades mercantiles de titularidad estatal, se encuentran sometidas a un doble régimen jurídico.
El Tribunal de Cuentas dice que han existido diferencias en las dietas de las empresas de Patrimonio de un mismo grupo
Como sociedades mercantiles, se rigen por el Código de Comercio, el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y demás normativa del derecho mercantil; y, como sociedades de titularidad estatal, se encuentran sujetas a las normas de derecho público.
El Tribunal de Cuentas explica que los importes comunicados correspondientes a las dietas recibidas por asistencia a los consejos "respetaron las cuantías máximas anuales para cada Grupo de clasificación establecidos en la Orden comunicada del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de 8 de enero de 2013".
Pero añade que, debido a que ni los estatutos de las Sociedades ni la DGPE habían fijado el importe de la dieta individual por cada asistencia, "la dieta por asistencia a las sesiones del Consejo de Administración y de la Comisión de Auditoría y Control ha diferido de unas Sociedades a otras pertenecientes al mismo grupo de clasificación e incluso, han existido diferencias entre los importes abonados por sesión dentro de una misma Empresa".
Paradores, Selae y Senasa no presentan de forma separada las dietas de las retribuciones del cargo de presidente ejecutivo
El Tribunal de Cuentas apunta que Paradores, Selae y Senasa presentan agregada la información de las retribuciones de la Presidencia ejecutiva y de las dietas por asistencia de los miembros del Consejo de Administración, sin respetar lo previsto en el artículo 260 de la Ley de Sociedades de capital que permite que estas informaciones se puedan dar de forma global, pero por concepto retributivo.
Por este motivo y por razones de transparencia, explica el tribunal, "esta información debería presentarse de forma separada, distinguiendo los importes por dietas de asistencia a sesiones del Consejo de Administración de las retribuciones del cargo de la Presidencia ejecutiva".
210 millones en personal
Según las cuentas anuales de las empresas de Grupo Patrimonio, el coste de los gastos de personal de estas sociedades en el ejercicio 2016 ascendió a 210,2 millones de euros, un incremento del 1,36 % respecto del ejercicio anterior, mientras que en el ejercicio 2017 estos gastos experimentaron un descenso del 0,23 %, hasta los 209,7 millones de euros.
Los ingresos generados por la cifra de negocios de las mismas empresas estatales ascendieron a un total de 9.457,5 y 9.777,6 millones, respectivamente, en cada uno de los dos ejercicios fiscalizados.
Rumasa tuvo contratos opacos con despachos y empleados desde su expropiación hasta la liquidación
Más de la mitad del gasto en personal de las empresas de Patrimonio corresponde a Paradores, siguiéndole en importancia Loterías (Selae) y Senasa (la empresa nacida en el seno del Ejército del Aire, que proporciona asistencia técnica especializada a las entidades públicas del sector aeronáutico español). Estas tres empresas son las que cuentan con el mayor número de empleados (cerca de 4.000 Paradores; unas 650 en Selae y más de 500 en Senasa).
"En el curso de los trabajos de fiscalización, se han detectado incoherencias entre los datos suministrados por las Sociedades referidos a la composición y variación de las plantillas (...)", indica el informe del Tribunal de Cuentas. Esta circunstancia, advierte, "evidencia deficiencias en el control por parte de las Empresas de la información sobre sus Recursos Humanos".
El tribunal también destaca la ausencia de edad de jubilación obligatoria en las 16 empresas públicas de Grupo Patrimonio, "lo que ha provocado, en ocasiones, que cuenten con personal de muy avanzada edad y elevadas retribuciones, sin que se hayan elaborado informes sobre el absentismo laboral que afecta especialmente a este colectivo de trabajadores", a excepción de Loterías.
Resulta especialmente llamativo las advertencias que realiza el Tribunal de Cuentas sobre la Rumasa expropiada. Como publicó Vozpópuli la pasada semana, la empresa ha mantenido contratos opacos con despachos y empleados durante prácticamente 20 años.
