El Ministerio de Trabajo y los agentes sociales se despiden de 2018 con deberes pendientes para el año próximo: retomar la mesa de diálogo social para seguir perfilando los cambios que se aplicarán sobre la reforma laboral de 2012.
Las primeras reuniones celebradas este mes han puesto de manifiesto que no hay concordancia de posturas entre patronal y sindicatos, algo que se puso en evidencia cuando Comisiones Obreras (CCOO) vendió a la prensa que ya habían llegado a un acuerdo con el Ministerio, y lo desmintieron poco después la CEOE y, al día siguiente, la ministra del ramo, Magdalena Valerio, y UGT.
Ante el enfado de unos y la sorpresa de otros, el diálogo ha quedado interrumpido y la pelota está en el tejado del Ministerio, que será el encargado de convocar la próxima reunión para retomar el diálogo, algo que ocurrirá probablemente en enero, según fuentes ministeriales.
"Estamos en un debate de aproximación para derogar algunos aspectos importantes de la reforma laboral. El diálogo está abierto, está en fase final, esperamos que se llegue a la conclusión en enero", afirmaba la semana pasada Gonzalo Pino, secretario de Política Sindical de UGT.
A pesar de que no ha trascendido ningún documento sobre el que se esté trabajando, las conversaciones están avanzadas y ya se conocen algunas de las medidas más controvertidas que han suscitado conflicto.
Punto por punto
La reforma laboral que aprobó el Gobierno del PP en 2012 introdujo la posibilidad de que el empresario dé prioridad al convenio colectivo de empresa frente al sectorial, lo que le permite adaptarse a la situación del mercado y su propia realidad y saltarse lo fijado por convenio si así lo necesita, algo que el Ejecutivo quiere revertir.
El Instituto de Estudios Económicos (IEE), adscrito a la patronal, advierte de que esa medida permitió evitar muchos despidos colectivos, por lo que anularla supondrá perjudicar a muchos trabajadores.
El Gobierno quiere impedir esa posibilidad y propone también la vuelta a la “ultraactividad”, que se eliminó con la reforma de 2012. ¿Esto qué significa? El Ejecutivo de Mariano Rajoy decidió que cuando se firma un convenio entre empresas y sindicatos y una de las dos partes lo denuncia, sólo puede pasar un máximo de un año hasta que ambas partes negocien un nuevo convenio.
Sin embargo, con la modificación del artículo 86 del Estatuto de los Trabajadores, el Ejecutivo actual busca que se vuelva a la situación anterior, que consistía en que los convenios podían prorrogarse aunque no estuvieran vigentes si los agentes no alcanzaban un acuerdo, una tarea para lo que no se fijaba una fecha.
Una tercera piedra en el diálogo ha sido la voluntad del Gobierno de obligar a las empresas a llevar un registro diario de la jornada laboral con el objetivo de reducir el número de empleados que hacen horas extra impagadas.
Aunque el fin de esta medida es positivo para el empleado, la patronal lamenta que va en contra de la flexibilidad laboral, la conciliación y la tendencia actual hacia el teletrabajo, y se encamina más hacia “el presentismo laboral y la rigidez” propios del trabajo de fábrica.
