El Gobierno ha vuelto a quedarse solo en lo concerniente al conflicto que vive el sector de la estiba por la reforma sobrevenida por la sentencia de los tribunales de la Unión Europea. En este caso, el Ministerio de Fomento ha sido el único que ha aceptado la propuesta de acuerdo del presidente del Consejo Económico y Social, Marcos Peña, que actúa como mediador en este asunto. Tanto la patronal como los sindicatos la han rechazado.
El escenario se repite apenas unos días después. A mediados de la semana pasada, empresas y trabajadores alcanzaban un principio de acuerdo por sorpresa para abordar la necesaria reforma del sector, que contó con la radical oposición del Ejecutivo, al considerar que el plan pactado por la patronal y los sindicatos costaría al Estado más de 2.400 millones de euros.
De esta forma, la reforma de la estiba vuelve a entrar en una vía muerta, dado que los partidos de la oposición exigen al Gobierno que haya un acuerdo en materia laboral para dar el apoyo definitivo al Real Decreto Ley que plasme en normativa el contenido de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que condenó a España en diciembre de 2014 por no tener liberalizado este sector.
Es cierto que ese acuerdo ya existe (o, al menos, un principio de acuerdo). Pero su contenido incluye que la subrogación de trabajadores por parte de las empresas quede contemplada en un texto legal, a lo que el Gobierno se opone frontalmente ya que considera que va en contra de los principios comunitarios y que la Comisión Europea no permitiría su aprobación.
Las condiciones de la patronal
Precisamente, Anesco, la patronal de las empresas estibadoras, ha decidido no aceptar la propuesta del mediador porque ésta contempla, en efecto, la subrogación pero deja al Gobierno la potestad de articularla a través de una fórmula que considere suficiente. Un elemento que arroja dudas a la patronal.
Más firme ha sido la propuesta de los sindicatos, que han considerado innecesaria la propuesta de mediación toda vez que lograron alcanzar un principio de acuerdo con Anesco.
Agotada la vía de la mediación, la pelota vuelve a estar en el tejado del Gobierno. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha asegurado que está dispuesto a llevar la propuesta del mediador a un reglamento o incluso a un decreto especial que cuelgue del nuevo Decreto Ley que tendrá que aprobar el Ejecutivo para después someterlo a la convalidación del Parlamento.
El Gobierno, dispuesto a un nuevo Decreto
De esta forma, De la Serna pretende resolver las dudas que le han quedado a la patronal sobre el encaje legal de la propuesta de mediación. La medida podría ser llevada al consejo de ministros esta misma semana o bien la próxima para que su aprobación llegue antes que la multa que pende sobre el Reino de España por no cumplir la sentencia de diciembre de 2014, y que podría superar los 23 millones de euros, más un añadido de 134.000 euros al día hasta que saliera adelante la reforma.
Sin embargo, el hecho de que los sindicatos no aprueben la propuesta del mediador complica el apoyo del PSOE e incluso el de Ciudadanos, que condicionaron la convalidación a un acuerdo entre empresas y trabajadores que no es, precisamente, el contemplado en la propuesta del mediador.
