Peajes, subida fiscal de carburantes y billetes de avión, la reforma de las pensiones y los fijos discontinuos son algunas de las minas, en realidad, verdaderas bombas de relojería, que el Gobierno de Pedro Sánchez deja a Alberto Núñez Feijóo si gobierna. No se trata ya de lo que se entiende como herencia, el estado de las cuentas públicas, la deuda y el déficit, ni de que Sánchez haya tenido a su favor la suspensión de las reglas fiscales por la pandemia y la guerra de Ucrania, de lo que no tiene mérito ni culpa.

La cuestión es que su Ejecutivo deja una lista de polémicas reformas pendientes y con una trastienda llena de peligros y patatas calientes. Algunas de ellas, como los peajes y las subidas fiscales, las esconde. Otras las ha gestionado de forma que le estallen al próximo ejecutivo: el caso de la reforma de las pensiones, que ha declinado en el último minuto cerrar con la Comisión Europea, lo que obligará al siguiente gobierno a retratarse. Y es también lo que ocurre con los datos de fijos discontinuos inactivos que prometió facilitar y que no ha dado.

El listado tiene en común que son todo reformas comprometidas con Bruselas en el Plan de Recuperación a cambio de fondos UE, tras una legislatura en la que Pedro Sánchez y Nadia Calviño han exhibido una especial conexión con Ursula von der Leyen y gran pericia en el manejo de los entresijos de la negociación.

Esta conexión con el Ejecutivo comunitario, que Vozpópuli ha podido constatar que ha causado preocupación y malestar en el Partido Popular, ha dado un vuelco en las últimas semanas.

Desde las filas del PP ya se aprecia un acercamiento que hace poco más de un mes se veía difícil. Entonces, el Gobierno de Pedro Sánchez y el PSOE controlaban los mensajes sobre su relación con Bruselas con una autoridad que esta semana, en la que mensajes favorables al Ejecutivos español acumulan dos desmentidos, se confirma que han perdido.

El 29 de junio, cuando se cumplía un mes de que Pedro Sánchez convocara elecciones y a las puertas de que España asumiera la Presidencia de la UE, se produjo el viraje. Feijóo declaró en Bruselas, en rueda de prensa tras la reunión del Partido Popular Europeo, en la que se fotografió con Von der Leyen, que la Comisión Europea está dispuesta a mejorar el Plan de Recuperación de Pedro Sánchez con el próximo gobierno.

Esta declaración supuso un ataque a la línea de flotación del discurso económico del Gobierno y de la campaña del PSOE: si gobierna Feijóo, se van al traste los fondos europeos del Plan de Recuperación, que es inamovible. 

La herencia de Calviño

Si llegan al poder, los populares tendrán cierto margen de maniobra y ahora cuentan con el cambio de talante de la Comisión. Pero el Gobierno de Sánchez y en concreto, Nadia Calviño, dejan un escenario complicado. Calviño no ha pedido a Bruselas lo que se contaba con que pidiera y ha pedido lo que se consideraba que no pediría.

En primer lugar, no ha pedido el cuarto pago del Plan, del que penden 10.000 millones, a pesar de que venía repitiendo desde la primavera que lo iba a hacer en cualquier momento. Corresponde a las reformas e inversiones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2022, entre las que destaca la segunda parte de la reforma de las pensiones, que José Luis Escrivá cerró con retraso en marzo y planteó que contaba con luz verde de Bruselas. Con todo, el pago no se ha pedido y no hay negociación formal ni aval comunitario a una reforma cuestionada por servicios de estudios y expertos y por Banco de España y la AIReF.

Esto significa que la negociación le caerá al próximo gobierno y podría obligar a retratarse a Núñez Feijóo en la reforma más inflamable -si no hace cambios, se entenderá que la avala; si los hace, de momento los sindicatos ya han advertido de que no lo van a tolerar, con la vista puesta en las protestas en Francia que casi tumban a Macron-.

El PP sostiene que mantendrá la indexación de la subida con el IPC pero se ha mostrado en contra de la subida de cotizaciones sociales en el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).

El Gobierno, en contra de lo previsto inicialmente, planea ahora hacer la solicitud a la Comisión Europea en las semanas siguientes a las elecciones generales. Ha causado más confusión el mensaje que ha transmitido el Ministerio de Asuntos Económicos de que quiere pedir el cuarto pago estando en funciones, es decir, a partir del 24 de julio.

Esta petición no tiene plazo. Se pueden solicitar un máximo de dos pagos al año, pero no hay más exigencias, salvo que si se retrasa el ritmo puede no dar tiempo a pedir y ejecutar los fondos, ya que de momento el plazo final es el 31 de agosto de 2026. Con todo, España es el país más adelantado en la petición de tramos y en los pagos -no en la adenda, que ha pedido de los últimos-.

Y es que una vez que se produjo el adelanto electoral se contaba con que Calviño no pediría la adenda, con la que compromete antes de las elecciones generales los 94.300 millones de euros que España tenía pendiente pedir desde finales del año pasado. Pero sí lo ha hecho y deja escaso margen de maniobra al próximo Ejecutivo, que tendrá que asumir los compromisos de inversiones y reformas que cierre ahora el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

En paralelo, además, el Gobierno desvela ahora que negocia una agenda oculta en la adenda. Una vez que la Comisión le ha corregido y ha confirmado el compromiso con imponer peajes desde enero, Pedro Sánchez ha asegurado este viernes en TVE que en realidad está negociando "retirarlo" de la adenda. En el texto que Calviño remitió a Bruselas el 7 de junio no se menciona este asunto.

Otros compromisos que se ocultan son los relativos a la reforma fiscal. La decisión del Consejo Europeo de junio de 2021 sobre el Plan de Recuperación de España establece que en el primer trimestre de 2023 deberán entrar en vigor "las reformas derivadas de las recomendaciones del comité de personas expertas relativas a los diferentes elementos del sistema tributario español, con el fin de acercar la ratio ingresos/PIB del Estado español a la media de la UE".

Se trata del quinto pago, de más de 8.000 millones, que medirá las reformas e inversiones realizadas hasta el 30 de junio de 2023, entre ellas, la reforma fiscal que aplique las propuestas del comité de expertos designados con este fin. La subida de la fiscalidad de gasolina y diésel, la creación de un impuesto a los billetes de avión, entre muchos otros tributos verdes, y la supresión de la tributación conjunta en el IRPF son algunas de las reformas que plantea el comité y que deben desarrollarse.

El capítulo más detallado del Libro Blanco es el relativo a la fiscalidad medioambiental, en el que plantean una subida del diésel e impuestos verdes que asciende a un total de 15.023 millones de euros. Recomiendan un alza del diésel y la gasolina de 6.850,2 millones, en la que proponen una equiparación de diésel y gasolina y una subida adicional. A esto se añade la tributación de combustibles de la aviación, marítimos y agrarios, con un objetivo de recaudar 1.701 millones; el pago por uso infraestructuras viarias, por 1.397,9 millones, y la creación de un impuesto a los billetes de avión, que reportará 951,8 millones, entre otros.

Llueve sobre mojado con la propuesta del Libro Blanco de subir la fiscalidad de diésel y gasolina y de establecer peajes. El Gobierno también se comprometió a establecer "impuestos o pagos relacionados con la movilidad, como la introducción de peajes de carretera y la revisión de las figuras tributarias que gravan la matriculación de vehículos; y la revisión de las bonificaciones de los hidrocarburos utilizados como carburante a más tardar el 30 de junio de 2022".

Esto debería haber entrado en el tercer pago, que se pidió en noviembre y se ha avalado en febrero y cobrado en marzo, sin que se haya hecho nada. En la adenda el Gobierno vuelve a incluir estos compromisos.

Del paro publicado al efectivo

Otra de las bombas de relojería que quedan pendientes es la de los fijos discontinuos. El Gobierno de Pedro Sánchez no ha proporcionado la cifra de fijos discontinuos inactivos que en enero prometió publicar. Se trata de una categoría que se ha disparado con la reforma laboral y que ante las críticas de expertos, instituciones y el PP de que está enmascarando el dato real de parados, el Ministerio de Trabajo trasladó que ofrecería. La publicación de estos datos se ha ido retrasando y quedará encima de la mesa del próximo gobierno.

Los datos de fijos discontinuos siguen los mismos criterios y falta de desglose que hace años. La cuestión es que con la reforma laboral, que ha eliminado el contrato por obra y servicio, han adquirido mucho peso. Son contratos indefinidos pero permiten al empresario desactivar a los trabajadores durante épocas o momentos determinados. Sin embargo, a pesar de estar sin trabajo y sin sueldo -incluso, pudiendo cobrar una prestación por desempleo, si han cotizado lo suficiente- mantienen esa relación laboral con la empresa y no se consideran parados a efectos estadísticos.

Esta situación ha llevado a BBVA Research y Fedea ha advertir de que el paro registrado no refleja la realidad y han acuñado este otoño el concepto de paro 'efectivo', en el que incluyen tanto los que se consideran parados por el Servicio Público de Empleo Estatal (algo por debajo de los 2,7 millones en junio), como los que estadísticamente no se contabilizan como tal pero realmente lo están (los fijos discontinuos inactivos). El problema es que las estadísticas no desglosan ese último dato, lo que dificulta la cuantificación y el análisis.

A finales del año pasado y principios de éste, en los momentos de menor ocupación en turismo y actividades estacionales, los expertos calculan que la cifra de fijos discontinuos inactivos, inscritos en el SEPE y que no contaban como parados superaban los 650.000. 

Con la campaña de verano, se espera una incorporación masiva de trabajadores también con este tipo de contrato. Igual que mientras no trabajaban no contaban como parados, su reincorporación tampoco cuenta en el descenso del paro. Éste podría ser uno de los motivos de que en mayo y junio el paro está bajando menos que la media histórica.

Podría decirse que la forma de registrar a los fijos discontinuos en las estadísticas del SEPE ahora está penalizando al Gobierno (salen del paro pero no cuentan), y que si publicara la cifra a día de hoy saldría un dato más favorable que si lo hubiera hecho a principios de año (tras las reincorporaciones hay menos fijos discontinuos inactivos). Sin embargo, puede que el Ejecutivo haya querido evitar el 'ruido' que este dato podría haber ocasionado durante la campaña.

El número de desempleados registrados en las Oficinas de los Servicios Públicos de Empleo (SEPE) al finalizar el mes de junio descendió en 50.268 personas, un recorte inferior al que se venía registrando hasta 2019.

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