Banco Sabadell y Banco Popular -ahora en manos de Santander- se enfrentan este próximo mes de octubre al eventual pago de una multa millonaria por vincular seguros de vida y/o amortización a la hipoteca de forma obligatoria y durante toda la vida del préstamo sin dar posibilidad a los clientes de cambiar el seguro por uno más barato.
La demanda fue admitida el pasado mes de julio en un juzgado mercantil de Gijón y está previsto que la vista se celebre el próximo 25 de octubre. El juicio por esta demanda, presentada por el bufete Espacio Legal, que representa al Colegio de Mediadores de Seguros del Principado de Asturias, puede dar paso, dependiendo del sentido de la sentencia, a una nueva oleada de demandas en los tribunales.
Según los demandantes, vincular seguros de vida a la hipoteca constituye una cláusula abusiva. Si el cliente no firmaba, no obtenía la financiación del préstamo y se quedaba sin poder comprar la vivienda. “En el momento en que se gane, cualquier consumidor pueda exigir la eliminación de esta cláusula abusiva en los contratos”, asegura en declaraciones a los medios Marcelino Camargo, el abogado encargado de esta demanda.
La magnitud de la demanda hace que las entidades bancarias estén muy pendientes de este juicio y de la futura sentencia. En declaraciones a Confilegal, Marcelino Camargo asegura que en estas últimas semanas han recibido llamadas de muchos afectados con el mismo problema. "Eso ha hecho que para no complicar la demanda hayamos hecho una selección para presentarles como testigos”. De este modo, más de un centenar de testigos se personarán en el juicio que determinará la legalidad de vincular seguros de forma obligatoria al crédito hipotecario.
Los demandantes aluden a que Banco Sabadell y Banco Popular obligaron a sus clientes a contratar un seguro con una entidad vinculada a ellos. La demanda argumenta que se trata de una práctica abusiva.
De esta forma, asegura Confilegal, el abogado evita la inhibición del juzgado en favor de la Audiencia Nacional por las dimensiones del tema. En este caso, los demandantes aluden a que Banco Sabadell y Banco Popular obligaron a sus clientes a contratar un seguro de vida y/o amortización a prima única y con una entidad aseguradora vinculada a ellos, como requisito para otorgarles un préstamo hipotecario.
La demanda argumenta que se trata de una práctica abusiva. En los dos préstamos, se obligaba a los clientes de Banco Sabadell y Banco Popular a firmar la contratación adicional de los seguros con una fórmula de pago a prima única, que además se financiaba con el propio préstamo. De esta forma, al cliente no se le imponía únicamente tener vinculado un contrato de seguro con la compañía que eligiera la entidad financiera, sino que además, se le impedía expresamente la posibilidad de comparación con otras compañías.
En concreto, Banco Popular exigía abonar a los clientes el seguro a Eurovida, mientras que Banco Sabadell imponía la condición obligatoria de pagar el seguro a una filial, Sabadell Seguros Generales. Por un lado, la prima única financiada es más alta que la que podría haberse conseguido en otra aseguradora y por otro, aumenta el importe del préstamo, lo que hace que se incremente la base liquidable del impuesto de Actos Jurídicos Documentados y por consiguiente el coste total de la operación. Además, al financiarse como parte del préstamo, los intereses se pagan durante toda la vida de la hipoteca.
Por todo ello se pide que se declare la nulidad de la condición general de contratación, que se devuelvan las cantidades cobradas demás y se indemnice a los afectados por daños y perjuicios.
Los seguros en la nueva Ley hipotecaria
La nueva ley hipotecaria pretende, en teoría, hacer estos préstamos más sencillos y transparentes para el consumidor y terminar con algunas de las prácticas consideradas abusivas por parte del sector financiero.
Una de esas prácticas ha sido tradicionalmente la obligatoriedad de contratar seguros para aligerar el diferencial del préstamo o que, en algunos casos, como es el de esta macrodemanda, han llegado a condicionar la propia concesión del crédito hipotecario.
De momento, La tramitación de la nueva ley en el Congreso de los Diputados ha encallado tras el cambio de Gobierno. La llegada al Ejecutivo del PSOE y la época estival han provocado que el debate de las enmiendas se retrase, al menos, hasta después del verano, lo que expone a España a recibir una cuantiosa multa por parte de la Unión Europea.
