La estadística oficial de pensiones detalla la prestación media del sistema, que actualmente ronda los 1.000 euros. Pero esta cifra es una media que representa a jubilados que llevan años percibiendo las rentas del Estado y a los que acaban de empezar a hacerlo. Y, por lo tanto, no muestra claramente la presión que supone para las arcas de la Seguridad Social el progresivo encarecimiento de las pensiones.
Pero la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, que compareció este miércoles en el Congreso, dio un dato más clarificador: la pensión media de los nuevos jubilados de 2017 fue de 1.500 euros, un 50% superior a la media oficial. De hecho, la propia ministra dijo que las prestaciones que se están generando hoy suponen, de media, el 93% del último salario, una cifra que no encontraremos en otros países vecinos.
Lo cierto es que la ministra vendió esta cifra a los portavoces de los otros grupos como un dato muy positivo que demuestra la elevada generosidad del sistema, pero no hizo referencia alguna al grave problema que supone para la sostenibilidad del mismo, teniendo en cuenta, además, que en 2017 la Seguridad Social volvió a anotarse el mayor desfase de su historia: 18.800 millones de euros.
Las prestaciones de los nuevos pensionistas duplican las que se recibían antes de la crisisk
Es bueno que los españoles cobren mejores pensiones, no cabe duda, pero hay que preguntarse si el Estado es capaz de pagar estas prestaciones, sobre todo teniendo en cuenta el reto demográfico que tiene por delante. Y es que la pensión media ha aumentado un 40% durante la crisis. Pero si en lugar de usar la pensión media oficial nos fijamos en las nuevas pensiones, podríamos decir que las prestaciones se han duplicado desde 2007.
Y el problema más gordo está por venir. Se acerca la jubilación de la generación del baby boom y eso sí que va a presionar el gasto el sistema. Cada vez más jubilados, con pensiones más altas y menos cotizantes para financiar el sistema. Según los expertos, las dos últimas reformas van a ser capaces de contener el aumento del gasto, pero solo a costa de ofrecer a los futuros jubilados pensiones mucho más bajas.
¿Es esta la solución adecuada? ¿Es justo que los trabajadores que hoy financian pensiones cada vez más altas cobren mañana una pensión meramente asistencial? Estas son algunas de las preguntas que centran ahora el debate y que, según muchos entendidos en la materia, deberían guiar la próxima reforma.
La gran reforma pendiente
El Pacto de Toledo sigue trabajando en las recomendaciones que presentará al Gobierno para dicha reforma. Los grupos han decidido apartar los puntos más polémicos para poder avanzar, como la revalorización de las pensiones que mantiene a PP y PSOE muy enfrentados.
Y mientras los organismos y los partidos empiezan a plantear sus soluciones particulares. El PSOE, por ejemplo, se desmarcó hace unas semanas con la propuesta de crear un nuevo impuesto a la banca para financiar las pensiones y el PP quiere dejar que los ciudadanos escojan los años de cotización que se utilizarán para calcular la pensión.
Todo apunta a que seguiremos conociendo nuevas propuestas en los próximos meses. Lo que no está tan claro es que los partidos vayan a ser capaces de sentarse a negociar y pactar una gran reforma que garantice la sostenibilidad del sistema y la suficiencia de las prestaciones, las dos premisas básicas de nuestro sistema de pensiones.
