A la euforia inicial porque la Comisión del Pacto de Toledo consiguiera consensuar unas recomendaciones después de casi cuatro años de negociaciones, le siguen algunas críticas de expertos en pensiones que creen que las conclusiones no servirán para garantizar la sostenibilidad de la Seguridad Social, cuya deuda acumulada asciende a 74.000 millones y que afrontará en los próximos años un fuerte incremento del gasto.
"Sólo ocho de las 22 recomendaciones del Pacto de Toledo tienen impacto económico. No sabemos cuánto, porque no llevan aparejado un informe económico y, de ellas, tres implican un signo negativo para la sostenibilidad del sistema y positivo para la suficiencia. Estas recomendaciones en su conjunto y, sobre todo el núcleo de esas ocho con carácter económico, en absoluto aseguran que el sistema vaya a ser rentable si se convierten en la ley de reforma de las pensiones que se quiere llevar a cabo", advierte el economista José Antonio Herce.
En su opinión, será difícil diseñar una ley de reforma de las pensiones en función de esas recomendaciones, dado que son muy "ambiguas" y en muchos casos "contradictorias entre sí".
"Si estas 22 recomendaciones fuesen la ley, no sabríamos qué hacer porque son ambiguas y contradictorias. Es contradictorio, por ejemplo, que por un lado estamos pidiendo a los jóvenes que confíen en el sistema, pero por otro lado les estamos cargando con la responsabilidad de contribuir mayoritariamente y de manera primordial al mantenimiento del sistema", señala en alusión a las recomendación 17 bis, que busca potenciar la confianza de los jóvenes en la Seguridad Social, y a la 12, que busca alargar la edad efectiva de jubilación.
Análisis de las recomendaciones
Al entrar en un análisis de cada una de las recomendaciones, Herce se muestra crítico con muchas de ellas, como la 0, que pide garantizar el actual sistema de reparto, o la 1, que incide en la necesidad de separar las fuentes de financiación.
"La recomendación 0 pide no hacer reformas radicales, lo que quiere decir que vamos a hacer lo mismo que hemos hecho otras veces y veremos qué pasa cuando dentro de cinco años empiecen a jubilarse los babyboomers. La recomendación 1 de separación de fuentes... es increíble que en 2020 estemos hablando de esto cuando fue una de las primeras recomendaciones que hizo el Pacto de Toledo cuando se constituyó en 1995. Las últimas recomendaciones se hicieron hace diez años, ¿qué hemos hecho en todo este tiempo?", reflexiona.
Cuestiona también la revalorización de las pensiones con el IPC, garantizada en la segunda recomendación, dado que supone comprometer un incremento del gasto público muy elevado. "Si tenemos una nómina de pensiones de 160.000 millones de euros para 2021, un punto porcentual de eso (más o menos el IPC previsto que se va a utilizar para revalorizarlas) son 1.600 millones de euros, que si se consolidan en lo sucesivo y se vuelven a revalorizar al año siguiente, el valor presente descontado a tipos bajos pueden ser 35.000 millones", alerta.
Devolver las subidas de más
Además, señala que hay que tener en cuenta que la inflación será negativa en algunos ejercicios, para lo que propone que se realice una especie de 'paguilla' como la que se usa para compensar ahora a los pensionistas cuando la inflación resulta ser mayor de la prevista, pero a la inversa.
"¿Se ha previsto simetría? Si la inflación bajase, ¿estaríamos dispuestos a recuperarlo en una paguilla de actualización como se hace algunos años? El país está en situación calamitosa, nos va a costar mucho esfuerzo salir de la crisis de la covid y sus consecuencias", señala.
Coincide con él, en general, Ángel de la Fuente, director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), quien no ve razonable además que las recomendaciones del Pacto de Toledo blinden a los pensionistas actuales.
Se nos viene encima un problema grande sobre todo por motivos demográficos: cada vez hay menos gente trabajando por cada pensionista y va a ser difícil cuadrar los números"
"Las recomendaciones del Pacto de Toledo implican un blindaje completo de los pensionistas ya existentes. No sé si es razonable blindar un colectivo tan grande que no ha sido maltratado, sino que al revés, ha estado protegido, no ha perdido poder adquisitivo y no ha tenido opción de perder su empleo. Habría que pedirles a algunos de los pensionistas existentes que aporten algo al reparto de coste de los próximos años", apunta.
El experto cree que "no sería un disparate" que sólo se garantizara la revalorización con el IPC de las pensiones mínimas, y para el resto que la revalorización fuera con una suerte de versión suavizada del Índice de Revalorizaciones de las Pensiones (IRP).
Si se hiciera así, "se podría rascar algo", y el resto del esfuerzo tendría que venir de impuestos, de extender la vida laboral, y de otro tipo de medidas.
