Una vez que se conoció que el golpe a las cotizaciones sociales que asesta el Gobierno para que Bruselas acepte el coste de su reforma de las pensiones se duplica, la patronal salió el viernes en tromba para criticar una nueva subida de impuestos encubierta que recae sobre empresas y trabajadores y alertar de que dañará el empleo. El ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, ha justificado este incremento en Twitter apelando a "los datos" frente a "las opiniones". Precisamente unos datos contradictorios con los que él mismo esgrimía en abril de 2019, cuando era presidente de la AIReF, y unas opiniones de CEOE y de expertos y economistas que entonces defendía. Justo antes de ser ministro, Escrivá sostenía que las cotizaciones sociales en España superan "en seis puntos la media de la OCDE" y que no había que subirlas en ningún caso.

En cambio, el argumento que defiende como ministro es que España está muy por debajo de la media de la UE en cotizaciones sociales, para lo que introduce letra pequeña en su planteamiento, habla del coste laboral agregado (salarios y cotizaciones sociales) que pagan los empresarios, que sostiene que está dos o tres puntos por debajo de la media europea. Esto es, apela a los salarios y no lo relaciona con la productividad de cada país, cuando la productividad española es significativamente inferior a la de los países que reseña el ministro, de manera que no se puede pagar lo mismo porque se perdería competitividad.

"Ante las opiniones que ponen en cuestión las medidas de ingreso previstas en la reforma de pensiones, los datos: cuando estén completamente desplegadas en 2050, supondrán menos de 40 céntimos/hora trabajada; las cotizaciones seguirán muy por debajo aún de la media de la zona euro", dice en un tuit.

E insiste en un hilo: "En términos de costes laborales por hora, esa subida de 37 céntimos sigue dejando los de España muy por debajo de los de nuestros vecinos: 6 euros por debajo de Italia, y en torno a 15 por debajo de Alemania y Francia. No hay pérdida de competitividad, y sí más protección social".

Estos tuits se acompañan de un gráfico de barras sin fuente. Sin embargo, en un documento de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) de 5 de abril de 2019 firmado por el propio Escrivá, defendía que "las cotizaciones sociales en España son relativamente altas, situándose seis puntos por encima de la media de la OCDE".

Esta brecha la reflejaba en un gráfico, que indica que el total de cotizaciones sociales como porcentaje del coste laboral es en España del 28%, frente al 22% de la OCDE. Y, a continuación, avisaba al Ejecutivo: "Se considera que cualquier modificación no debería implicar un incremento de las cotizaciones sociales, si no únicamente una reconfiguración de las mismas".

Este documento firmado por Escrivá, 'La sostenibilidad de la Seguridad Social', lo presentó en la jornada "Pensiones actuales y futuras. El sistema a debate" en Palencia. La AIReF había publicado poco antes una serie de documentos denominados Opinión sobre la Sostenibilidad de la Seguridad Social.

¿Y qué dicen ahora mismo los últimos datos disponibles? La cuña fiscal es una medida del impuesto sobre la renta salarial, el cual incluye los impuestos pagados por el trabajador y por el empleador. Según datos de Eurostat, en España, el impuesto sobre la renta y las cotizaciones a la seguridad social del empleador se combinan para
representar el 88% de la cuña fiscal total, en comparación con el 77% de la cuña fiscal media de la OCDE.

En 2021, España tuvo la octava cuña fiscal más alta de la OCDE para un trabajador promedio casado con dos hijos: 33,8%, en comparación con la media de la OCDE de 24,6%. Las prestaciones y las disposiciones fiscales relativas a los hijos tienden a reducir la cuña fiscal de los trabajadores con hijos en comparación con el trabajador soltero promedio. Ese año, en España, dicha reducción (5,4 puntos porcentuales) fue menor que la media de la OCDE (10 puntos porcentuales).

En este sentido, Rosa Santos, directora de Relaciones Laborales de CEOE, ha declarado este lunes a los medios tras la reunión de los agentes sociales con Inclusión que la patronal ha planteado que hubiera repercusión en otros impuestos más equitativos y redistributivos como IRPF e IVA pero que el Gobierno le ha dicho que "no daba tiempo a otros planteamientos" de ese tipo.

La reforma que el Gobierno ha planteado como negociada con la Comisión Europea y que ha avalado Podemos endurece el llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que exige Bruselas para garantizar la sostenibilidad de una reforma que liga el alza de las pensiones al IPC. Está en vigor desde enero una subida de 0,6 puntos -que recaen 0,5 sobre la empresa y 0,1 sobre el trabajador- que iba a estar vigente hasta 2032. Pues bien, el incremento será ahora de 1,2 puntos -1 punto sobre la empresa y 0,2 sobre el trabajador-, que se irán incorporando en forma de una décima desde 2024 hasta 2029 y que estará en vigor hasta 2050.

En un principio, desde el Gobierno se planteó que el alza de 0,6 puntos entre 2023 y 2032 iba a recaudar cerca de 50.000 millones de euros, cuantía que luego Escrivá redujo a 42.000 millones en noviembre de 2021, cuando la cerró, teniendo en cuenta la rentabilidad histórica del Fondo de Reserva. Pues bien, Pedro Sánchez rebajó en enero de 2022 el montante a 30.000 millones en un acto con pensionistas, con lo que unos 60.000 millones podría suponer el efecto del nuevo MEI hasta 2040.

Sin embargo, este golpe fiscal no será suficiente. La reforma pactada con Bruselas y Podemos es "claramente insuficiente" para hacer sostenible al sistema, según advierte un informe de Fedea que ha elaborado Ángel de la Fuente publicado este lunes. De la Fuente calcula que en torno a 2050 habría que inyectar cada año a la Seguridad Social recursos extra por valor de unos 4,5 puntos de PIB, lo que supondría en torno al 60% de la recaudación por IRPF (que en 2019 fue del 7,56% del PIB), Esto es, un déficit de 56.000 millones en 2050.

Preguntado por este informe, el ministro ha cargado este lunes de nuevo contra Fedea, en lo que ha considerado "un análisis muy somero, muy poco justificado, de alguien que hace un análisis en su ordenador", frente a su reforma, que ha asegurado que han elaborado "todos los equipos de la Comisión Europea y de la Seguridad Social", con lo que es "extremadamente robusta y sólida y con el apoyo de instituciones muy potentes. Frente a eso, qué quiere que le diga", ha respondido a los medios tras su participación en el Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores (EPSCO) en Bruselas.

Defendía la reforma del PP

Los análisis de la AIReF que presidía Escrivá en 2019 insistían en el impacto de subir las cotizaciones en el empleo: "Cualquier medida de ingresos adicionales, ya sea a través de mayores cotizaciones o de las principales figuras impositivas debe tener en cuenta a su vez el impacto sobre la demanda interna, tanto a través del comportamiento de los hogares como de las empresas, demandantes de empleo. Desde el punto del gasto del Estado, es necesario también considerar el margen existente para reducir otras partidas de gasto del Estado que compensen la subida de la partida de las pensiones, que parece ser limitado".

Entonces, la Autoridad Fiscal defendía incluso "la asunción por parte del Estado de determinados gastos que ahora soportan las cotizaciones, como son los gastos de funcionamiento de la Seguridad Social, determinadas medidas de fomento del empleo y de reducción temporal de cotizaciones, las prestaciones por maternidad y paternidad y las de subvenciones implícitas a regímenes especiales".

En 2019, la AIReF de Escrivá abogaba sin ambages por la polémica propuesta que se ha comprometido con Bruselas en el Plan de Recuperación para 2022 y que ha retrasado el acuerdo más de dos meses de la fecha límite de 31 de diciembre: aumentar la carrera de cotización considerada para el cómputo de la pensión "desde los 25 años del escenario central hasta los 35 años en 2027, que supondría un ahorro de 0,5 puntos de PIB en 2050 sin apenas afectar a la suficiencia". Asimismo, entonces planteaba que las reformas paramétricas de 2011 y el Factor de Sostenibilidad que creó el PP y que ahora ha derogado contendrían adicionalmente el gasto en 3,5 puntos.

El informe de 2019 concluye que "la evolución del mercado de trabajo y el impacto de la reforma de 2011 y del Factor de Sostenibilidad en 2013 contienen el efecto del envejecimiento" y recomienda al Gobierno "fomentar el aumento de la edad efectiva de jubilación y aumentar la carrera de cómputo de la pensión". El ahorro máximo sería próximo al del IRP, también derogado, estima. Por último, aconseja al Ejecutivo que la reforma en este sentido se ponga en marcha sin dilación y que haga pedagogía: "Su implantación temprana y gradual aumentaría su aceptación social".

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