Este miércoles se reúne el nuevo presidente de Pescanova, Juan Manuel Urgoiti, con los principales acreedores bancarios (el conocido G7, liderado por Sabadell y en el que están Novagalicia Banco, Bankia, Popular, Santander y BBVA) en la sede madrileña de Deloitte administrador concursal.
Comienza así la nueva etapa en la compañía, es decir, la de la cierta estabilidad institucional pero con una compleja dificultad financiera. Urgoiti debe pelear ahora con unos bancos que apuestan por la viabilidad de la compañía de manera casi unánime. Pero conviene recordar que hay casi un centenar de entidades financieras implicadas.
Las que quieran capitalizar su deuda, quieren ver reducida la quita a aplicar sobre la deuda. Mientras, los que deseen salir, irán al 75%... o más. Todo ello, después de presentar un plan de viabilidad, levantar la situación concursal y contratar entonces a un consejero delegado. A medio plazo, el futuro pasa por una nueva ampliación de capital, pero esta vez será cuando la empresa esté realmente en otra situación.
Los proxies acertaron
El apoyo de los accionistas al proyecto cuya cabeza visible de Urgoiti y tiene detrás al Grupo Damm fue del 70%, prácticamente al dedillo de lo que se preveía, ya que la labor de los proxies ha sido más que eficiente.
Por otro lado, había una propuesta para hacerse con las riendas de la empresa en la que figuraban el fondo Cartesian, que anteriormente era crítico con el ex presidente, Manuel Fernández Sousa, el abogado Javer Cremades, líder de la asociación de accionistas minoritarios AEMEC y el propio Sousa.
Esta candidatura era más que controvertida, ya que muchos de sus miembros estaban imputados en el propio fraude de Pescanova (empezando por el propio Sousa) y tenían sus participaciones expuestas a embargos judiciales. A su vez, los presuntos candidatos para el consejo de la compañía no se habían comprometido de hecho y algunos se vieron sorprendidos al ver sus nombres en la prensa.
El principal arma arrojadiza contra Damm ha sido airear en lo posible la imputación de Demetrio Carceller en cuestiones fiscales de su padre, en las que el juez le considera colaborador. Los Carceller llevan tiempo dilucidando cuitas con el fisco, en línea con otros grandes nombres como los Del Pino, Lionel Messi o Sergi Arola, por no hablar de los 200 millones de euros que ha debido pagar Emilio Botín por las cuentas suizas del HSBC reveladas por Herve Falciani.
Hacienda lleva tiempo peinando a los grandes patrimonios, algo que a los ciudadanos de a pie nos congratula. Pero los bancos se han mostrado partidarios desde el primer momento de la opción Damm, a la que consideran más solvente que la otra, liderada por un presidente que ocultaba una bolsa de deuda de más de 2.000 millones de euros y con un futuro judicial más que incierto.
