La crisis de Pescanova no sólo va camino de convertirse en la mayor suspensión de pagos no inmobiliaria de España, sino que ha tenido episodios sainetescos desde el principio, incluso a golpe de Hecho Relevante. El último está en el auto del juez de Pontevedra que aparta a su presidente, Manuel Fernández Sousa, del cargo y en el que, además de destacar desfases contables, pone de manifiesto que le facilitó información sobre su participación accionarial antigua. Lo relevante es que le entregó esa información vieja el mismo día que reconoció haber vendido y tener en realidad la mitad de ese paquete de acciones.
Como consta en la CNMV, la compañía solicitó el concurso de acreedores en el juzgado número 1 de Pontevedra el pasado 15 de abril, el mismo día que comunicó haber vendido acciones, que rebajaban su participación del 14,4% al 7,5%, eso sí, “con fuertes minusvalías”. Al día siguiente, aclaraba que ese dinero que pudo obtener con la venta de acciones lo destinó a prestar dinero a la compañía, al 5%, un 1% por encima de los precios de mercado.
El magistrado Roberto de la Cruz Álvarez señala en su auto que “existen, además, discrepancias relevantes entre la información suministrada junto con la solicitud de concurso y la subsanación presentada pocos días después: diferencia del porcentaje de participación (14,426% frente al 7,515%)…”.
El documento recoge que la solicitud tuvo registro de entrada el domingo 14 de abril. El 15, comunicó la venta de títulos, noticia adelantada por Vozpópuli. Por sólo unos minutos, Fernández Sousa se aferró a la vieja información oficial, pero el juez le ha afeado esa circunstancia.
Conviene recordar que muchos accionistas están atrapados en Pescanova, compañía que sigue suspendida de cotización, por no haber podido vender antes del estallido de la crisis, cosa que sí pudo hacer Sousa.
