El informe forensa de KPMG sigue causando estragos en la antigua cúpula de Pescanova. En el consejo de administración celebrado hoy, ha dimitido el presidente, Manuel Fernández Sousa, así como la consejera, Ana Belén Barreras Ruano. Con la marcha de Sousa, el consejo tiene por delante una misión compleja: encontrar un nuevo presidente, que sea ratificado en junta de accionistas, convocada, por cierto, para el próximo 12 de septiembre. Sousa se ha ido, de nuevo, con unas palabras que rozan lo chusco.
Genio y figura hasta en estos momentos; la nota de prensa estaba titulada “Tanto esfuerzo y tanto sacrificio han merecido la pena para salvar Pescanova”. Afirmaba que “ha llegado el momento de dar un paso atrás. No me gustaría que mi presencia pudiera suponer un obstáculo, por pequeño que sea, para que los administradores estén libres para negociar con los acreedores las condiciones para relanzar a Pescanova” y sobre KPMG, que “algunas de sus conclusiones no son acertadas y muchas se han malinterpretado, como explicaré en el momento oportuno. Otras reflejan una situación verdaderamente complicada de la compañía, que hoy conocemos de forma certera gracias a este ejercicio de trasparencia y gracias a la colaboración del equipo directivo de Pescanova”.
Se va del todo
Parece acabar así una circunstancia rocambolesca, en la que flotaba un cierto vacío legal, como era el hecho de que Sousa estaba apartado de funciones ejecutivas, pero podía seguir convocando al consejo, pese a las insistentes peticiones de dimisión. Incluso se permitía pedir su resposición mediante Hecho Relevante, en un acto sin precedentes de tantos como ha habido.
Otro más podría ser que, después de conocerse la suspensión de pagos de la empresa, mientras una facción de consejeros encabezada por Grupo Damm insistía en la convocatoria de consejos extraordinarios para conocer la situación real, Sousa se resistía con todas sus fuerzas. Pero una vez apartado, se dedicó a convocar varios consejos sin la menor trascendencia, apoyado en su mayoría, eso sí.
Ahora, se marcha Sousa y Barreras, afín al ex presidente y representante de Transpesca, sociedad que también vendió acciones poco antes de la presentación de concurso y cuyo presidente, José Alberto Barreras, está imputado por el juez Pablo Ruz.
Enfada a los supervisores
El administrador concursal, de paso, deberá buscar un banco de negocios que elabore un plan de viabilidad para Pescanova. La dimisión de Sousa supone una batida en retirada después de haber presentado una estrategia que ha enfurecido, literalmente, a la autoridad judicial y de mercados.
El pasado 23 de mayo, Sousa compareció por la mañana en la Cadena Ser, diciendo que había hecho lo que había hecho por el bien de la compañía, insistiendo en que continuaba acudiendo a su despacho todos los días como si nada, a pesar de que Pescanova ya estaba intervenida por Deloitte.
El resultado de esas desafiantes declaraciones (en el fondo, porque en la forma fueron hechas con toda suavidad) fue que apenas unas horas más tardes, el juez Ruz admitía a trámite varias querellas contra Pescanova, imputando a Sousa y a otros tres directivos de la compañía, citándole a declarar en julio. Una reacción inmediata.
Conforme fue desplegando en su road show mediático el catálogo de argumentos (“no declaré las ventas porque consideré que era lo mejor, lo único que ha pasado es que cayeron los precios de la materia prima, es falso que haya 3.000 millones de deuda…”), el juez aplazó esa comparecencia hasta conocer el informe forensic de KPMG.
Conviene no olvidar tampoco las acusaciones realizadas a la CNMV sobre el escándalo, acusaciones realizadas mientras, a su vez, intentaba presionar políticamente desde todos los flancos posibles (especialmente la Xunta) al regulador. Con resultados opuestos.
Retraso
Ruz, sin duda, no quiso exponerse a un nuevo despliegue de argumentos sin tener toda la información contable sobre la mesa. Una vez obtenida, las conclusiones han sido demoledoras contra persona, sin duda afiladas desde la CNMV, donde también había un enorme malestar por las prácticas y el ‘descaro’ del ya ex presidente de la empresa alimentaria.
En la sede de la institución que preside Elvira Rodríguez también sentaron a cuerno quemado argumentos como que no se declarara una venta en mercado porque arbitrariamente personalmente se considera que no se debe hacer. Que el Hecho Relevante publicado reconozca los casi 3.200 millones de euros de agujero, insistiendo en que se generó de manera “consciente” guarda sin duda relación con las apariciones de Sousa. No hay nada que pueda enfadar más a un juez que decirle que se ha obrado mal por ignorar voluntariamente las leyes y aplicar otras de propia conveniencia.
Ahora, el juez Ruz deberá ratificar la convocatoria de Junta, en la que deberá nombrarse un nuevo consejo de administración, generado esta vez en virtud del equilibrio de fuerzas. En este sentido, todo apunta a Grupo Damm como ganador, si se da por hecho que le apoyarán otros accionistas como Luxempart o Iberfomento. Conviene no olvidar, asimismo, que los bancos acreedores tienen buena opinión de Demetrio Carceller. Aunque no habría que descartar la irrupción de algunos tapados.
