El problema de sostenibilidad del sistema de pensiones cada vez preocupa más al mundo económico. Los ingresos no acaban de remontar y los gastos son cada vez más elevados. Y las cosas seguirán empeorando. Según un estudio del Círculo de Empresarios, dentro de una década se jubilarán entre 700.000 y 800.000 personas cada año y solo 400.000 se incorporarán al mercado de trabajo. El sistema público no será suficiente y habrá que buscar fórmulas que lo complementen, como los planes de pensiones de empresas semiobligatorios, una opción que gusta en el mundo de la banca y las aseguradoras y que los sindicatos no descartan del todo, aunque tienen sus reservas.
Los planes de pensiones de empleo ya existen en España. Son sistemas de previsión social complementarios de la prestación de la Seguridad Social, promovidos por una empresa o institución pública en beneficio de sus empleados, independientemente de su tamaño y del sector al que pertenezcan. Pero la propuesta que gusta a la banca y a las aseguradoras es hacerlos semiobligatorios, de forma que la empresa o institución tenga la obligación de ofrecerlo al empleado cuando le contrate. Eso sí, el trabajador puede rechazarlo si así lo considera.
Tal y como ha explicado el director de estudios de Inverco, José Luis Manrique, a Vozpópuli, la idea proviene del sistema que aprobó Reino Unido en 2008, que obliga a todas las empresas a ofrecer a sus empleados la posibilidad de contratar una pensión privada. En el caso del Reino Unido, el empleador aporta un 1% del salario al plan, el empleado un 2% y la administración otro 1%. Las empresas, además, pueden compensar su aportación vía bonificación en la Seguridad Social.
Inverco avisa de que las pensiones públicas no serán ni la mitad del último salario dentro de unos años
Para Manrique, estos planes son el instrumento perfecto para completar las pensiones públicas haciendo el sistema sostenible y sin que los jubilados tengan que afrontar una fuerte pérdida de poder adquisitivo cuando se jubilan. Si no se buscan alternativas de este tipo, los trabajadores de ahora tendrán que asumir que las pensiones que percibirán en el futuro no llegarán ni a la mitad de su último sueldo, lo que implicará una pérdida de poder adquisitivo enorme.
Con esta caída de la tasa de sustitución, la pensión máxima pasaría de los 2.500 euros de hoy en día a 1.500 euros. Y la pensión media rondaría los 600 euros, frente a los 1.000 euros de ahora. Por eso, Manrique cree que hay que incentivar formas de ahorro como los planes de pensiones semiobligatorios, un sistema en el que participarían todos los agentes y que se está aplicando de forma muy fructífera en otros países, como Reino Unido y Holanda.
La presidenta de la patronal del seguro Unespa, Pilar González de Frutos, también se ha manifestado públicamente a favor de estos sistemas en varias ocasiones. A su parecer, crear impuestos específicos como se propone en algunos ámbitos solo ayudará temporalmente al sistema público. A largo plazo, hay que asumir que la tasa de sustitución (la pensión que percibe en jubilación en comparación con su último sueldo) va a disminuir. Y el diferencial de ingresos tendrá que salvarse necesariamente a través de sistemas de capitalización complementarios. "Un sistema pseudo obligatorio es perfectamente compatible con los principios constitucionales de este país y con la libertad individual del trabajador para decidir si se queda en dicho sistema o se da de baja del mismo de forma voluntaria", ha dicho en alguna ocasión.
CC.OO. cree que primero hay que mejorar la sostenibilidad del sistema público y subir los salarios
Los sindicatos no ven con malos ojos esta propuesta, pero tienen sus reservas. El secretario de Protección Social de CC.OO., Carlos Bravo, ha asegurado a Vozpópuli que antes de aplicar un sistema así hay que fortalecer el sistema público de pensiones y mejorar la estabilidad en el empleo y los salarios. A su parecer, los ciudadanos tienen que sentirse más seguros en el trabajo y percibir mejores sueldos para renunciar a rentas actuales para generar rentas futuras.
Según Bravo, cualquier sistema complementario de pensiones está bien y resulta útil, pero no se debe vender a los ciudadanos la idea de que las pensiones van a bajar sí o sí en el futuro y que tienen que destinar su dinero a un sistema complementario para asegurar su jubilación. “Es un discurso poco responsable”, sostiene Bravo, para quien es más importante fortalecer el sistema público actual para asegurar su sostenibilidad en el futuro y mejorar las condiciones actuales de los trabajadores, lo que supondrá al mismo tiempo una mejora del sistema vía cotizaciones.
La foto de los planes de pensiones
Las cifras que maneja Bravo apuntan a que 1 de cada 4 trabajadores tiene un sistema complementario de pensiones en España, unos 3,5 millones de personas. Pero solo el 10% de esos 3,5 millones de personas están generando un ahorro suficiente para completar sus prestaciones el día de mañana y garantizar un buen complemento para su pensión. Estos sistemas son útiles y hay que fomentarlos, es bueno para los ciudadanos y para la economía, pero hay que hacer otras cosas antes.
En lo que sí que están todos de acuerdo es en la necesidad de buscar soluciones. Hay que hacer reformas y concienciar a la sociedad. Según un estudio de Aegon, los españoles son los que menos ahorran para la jubilación y los que más confían en las pensiones públicas como fuente de ingresos principal, a pesar de la actual debilidad del sistema. Hoy en día ya nadie duda de la necesidad de hacer reformas y se da por hecho que las pensiones coparán gran parte del debate en la próxima legislatura.
