Los pequeños empresarios se han anotado un punto importante a su favor: evitar la ejecución del aval como medida cautelar. La primera victoria en España la ha conseguido una pyme que ha pleiteado contra Klepierre, el dueño del centro comercial Plenilunio. Un juez ha dictado a favor del pequeño empresario el pasado 13 de agosto, tal y como adelantó Vozpópuli.
En el auto señala que la pandemia puede afectar gravemente a las ventas hasta 2022, por lo que ejecutar el aval podría perjudicar la solvencia y la obtención de crédito posteriormente. La Plataforma de Afectados por la covid-19 de los centros comerciales (PAC), que cuenta con el asesoramiento legal del despacho Fieldfisher Jausas, ha hecho valer la cláusula rebus sic stantibus para conseguir esta paralización.
Se trata de una cláusula recogida como principio en el artículo 62 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados del 1969 que establece que, si se produce un cambio sustancial de las circunstancias en la que se firmó un contrato, las partes están legitimadas para pedir una renegociación de los términos o incluso la resolución del mismo.
El presidente de Fieldfisher Jausas, Jordi Ruiz, señala que una vez desaparecido el efecto 'champan' del inicio de la 'desescalada', la ventas tanto de retailers como de restaurantes se sitúan entre un 50% y un 80% por debajo del mismo periodo de 2019, cumpliendo así las previsiones de la PAC al inicio de la pandemia. En este contexto la bajada del alquiler resulta indispensable para la supervivencia de los locales.
En palabras del mismo letrado, los centros comerciales siguen con una postura "muy rígida" y sólo han firmado siete acuerdos de los cerca de 400 locales adscritos a PAC porque pese a las incesantes noticias sobre los rebrotes y el contagio masivo, la mayoría de los centros comerciales se niegan a asumir que la afectación de la pandemia es a largo plazo.
Frente judicial
Fuentes jurídicas anticiparon este conflicto desde el momento en el que el Gobierno adoptó su decreto de alquileres comerciales, de moratoria de cuatro meses para pymes inquilinas de grandes propietarios que puedan acreditar una caída del 75% de los ingresos, fiando el grueso de los contratos a la negociación entre las partes.
La PAC ya aglutina a unas 400 pymes. Se trata de inquilinos de centros comerciales que reclaman fundamentalmente que el pago de los alquileres para este año y el que viene se supedite a las ventas. Según sus previsiones, las ventas de locales comerciales caerían un 50% en 2020 y un 30% en 2021.
Un auto del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Valencia avanzado por este medio ha sentado ya un primer precedente alrededor de la cláusula rebus sic standibus.
Tras una petición de reducción de renta de una empresa hotelera inquilina de la socimi Atom (de Bankinter), el juzgado valenciano ha aceptado como medida cautelar el aplazamiento del 50% de las rentas pactadas entre las partes antes del coronavirus hasta que se fije sentencia sobre el caso.
