El Ministerio de Empleo sólo destinará unos 50 millones de euros al año para que unas 60 agencias privadas intenten recolocar parados cobrando por sus resultados, según el último borrador del acuerdo marco para la colaboración público-privada en la inserción de personas desempleadas. Pese a que ésta es la fórmula que más éxitos ha cosechado en el resto de Europa, el Gobierno consignará para este modelo una cifra ridícula y que sólo brindaría de media entre 20.000 y 50.000 colocaciones al año.
Al mismo tiempo, el Gobierno ha pasado el platillo entre las empresas para que éstas cofinancien con cerca de 300 millones los programas europeos que podrán entregar a España hasta 1.900 millones. Por el momento, la ministra Fátima Báñez ya lleva recabados unos 100 de esos 300 millones, tras haber firmado convenios con casi 200 compañías. Es decir, las grandes aprovecharán estos recursos para contratar.
¿Y qué va a hacer el Ministerio de Empleo con todos esos fondos europeos? En primer lugar, unos 900 millones se dedicarán al plan europeo de Garantía Joven, por el cual el Gobierno debe comprometerse a ofrecer en el plazo de cuatro meses un empleo, formación o unas prácticas a cualquier parado de menos de 25 años. Una idea muy ambiciosa pero que se antoja prácticamente imposible de aplicar en España con tan poco dinero, tal y como ya ha advertido la propia Organización Internacional del Trabajo.
Y los otros 900 millones se centrarán en las bonificaciones a los contratos. Después de haber renunciado a estas políticas porque se habían demostrado ineficaces, el Gobierno, quizás a la desesperada, vuelve a recurrir a ellas. Sin embargo, para la mayoría de los expertos se trata de un mero subsidio al salario que se gastaría mucho mejor en la formación adecuada.
Así, por ejemplo, en Holanda lo primero que se hace en cuanto un parado entra por la puerta es efectuar un diagnóstico detallado del desempleado, con el propósito de diseñarle una trayectoria y buscarle la formación precisa. En España sería muy fácil reconvertir a graduados de Historia o Filosofía en, verbigracia, programadores informáticos. Y, sobre todo, el principal problema reside en hallar una salida a los expulsados de la construcción con una formación muy baja.
“En España los servicios de empleo desembolsan 14.000 euros para formar a alguien como peón. Tan sólo colocan a un porcentaje muy pequeño de los demandantes de empleo. Y si a eso le sumamos que los funcionarios del antiguo INEM están desmoralizados, el sistema está roto. Hay que darle una vuelta a todo”, explica una fuente del sector.
Políticas de empleo modernas
Las políticas activas de empleo se crearon en los años 80 y han evolucionado en la mayor parte de los países europeos hacia programas de formación y acuerdos de colaboración con agencias privadas.
Desde hace tiempo, en Reino Unido se paga a las empresas privadas un dinero por cada parado colocado, sin más. Ello a veces crea problemas porque las agencias prefieren centrar entonces sus esfuerzos en los desempleados más fáciles de reintegrar en el mercado laboral. Para evitar este fenómeno, en Francia se opta simplemente por pagar por un proceso y no un resultado. Los galos contratan a la empresa para que ésta dé una orientación y cursos, sin importar si se consigue o no colocar al demandante de empleo. En Alemania, se reparten cheques formación, para que el parado busque por su cuenta el curso con el que reciclarse.
Este Gobierno y el anterior habían anunciado que se derogarían los viejos programas anuales de políticas activas de empleo a los que se destina unos 3.000 millones. Sin embargo, siguen sin enterrarse.
La ministra Báñez ya ha dado un paso de gigante al querer vincular el dinero que se dará a las autonomías a los resultados. La idea consiste en que el acuerdo marco de colaboración público-privada dé unas pautas para que las CCAA, que son quienes gestionan los servicios de empleo, puedan adjudicar los contratos. Y a éstos podrán acceder unas 60 agencias preseleccionadas y con presencia nacional, las cuales a su vez podrán subcontratar a otras más pequeñas, según el borrador.
Dicho acuerdo marco establece unos precios estándar sobre los que las empresas privadas tendrán que pujar a la baja, desde los 300 euros para un joven con tan sólo 3 meses en el paro a los 3.000 euros por un mayor de 55 años que lleva en el desempleo más de dos años.
La duración de este programa es de dos años ampliables a otros dos, y la dotación económica estimada asciende a los 200 millones para los cuatro años. Las Comunidades podrían sumar fondos, aunque se antoja difícil que lo hagan dado el estado de sus finanzas. Y con tan escasos recursos, las agencias de colocación calculan que sólo podrán reinsertar a una media entre los 20.000 y los 50.000 al año.
Sólo por el ahorro de tres meses de prestación ya debía ser suficiente para que esta fórmula se generalizase. En Reino Unido tienen calculado que se gana por cada euro puesto en esta suerte de programas entre 1,3 y 1,4 euros. Por eso, con el grave problema que padecemos aquí, extraña mucho que el Ministerio de Empleo no apueste de una forma más decidida por movilizar más fondos desde los 30.000 millones que se gastan en prestaciones hacia este tipo de planes. Aunque sólo sea para evitar el paro de larga duración, que amenaza muy seriamente con enquistarse.
