El Gobierno del PP presentó el 22 de diciembre un Real Decreto para regular el coste del bono social. Lo hizo con consenso de Ciudadanos y PSOE y sin el de Podemos, aunque el espíritu de los de Pablo Iglesias estaba bien impregnado en esta nueva regulación, que muestra un PP más socialdemócrata que nunca, haciendo suyas las medidas en incluso el lenguaje de la izquierda.
Ocurre así por ejemplo con la limitación al corte de suministro eléctrico. El Real Decreto establece la limitación de cortes de suministro para "las familias que tienen pocos recursos". Según el PP, se trata de consumidores "en situación de vulnerabilidad severa o que estén siendo atendidos por los servicios sociales". Una propuesta que firmarían PSOE y Podemos en casi iguales circunstancias, pese a las críticas de estos últimos.
También se aprecia el giro socialdemócrata respecto a la política energética en quién pagará los 500 millones del bono social. En este caso los populares asumen directamente la propuesta de máximos que hacían Podemos y PSOE, y este dinero lo pagarán "los comercializadores de electricidad" y no el resto de usuarios vía impuestos. Aquí coinciden, por ejemplo con Ada Colau, quien aseguraba en noviembre de 2015: "Las familias vulnerables que no pueden pagar hoy tampoco podrán hacerlo el mes que viene, y no es justo que se les acumule la deuda ni tampoco que lo asuma la administración pública. Hay que hacer que las compañías también asuman su parte".
También Manuela Carmena, otro de los baluartes de Podemos, pedía hace año y medio Y es que los planes del Consistorio de Carmena pasan por convencer a las eléctricas de que asuman, con cargo a sus presupuestos de responsabilidad social corporativa, una suerte de tarifa social para hogares sin recursos.
Con respecto a las fórmulas para evitar los cortes de luz, poca diferencia ha habido con respecto a propuestas anteriores realizadas, en el mismo año 2016, por miembros próximos a la foramción morada como Ada Colau. Valga este párrafo: "El sistema establece que cuando una comercializadora eléctrica recibe un impago, ésta debe avisar al usuario del impago, y ofrecer cuatro meses de espera (el plazo se amplía de dos a cuatro meses), desde que se le notifica, antes de plantearse el corte de suministro. Durante ese tiempo, la comercializadora deberá ponerse en contacto con los Servicios Sociales de la Comunidades Autónomas para que diagnostiquen la vulnerabilidad del consumidor. Si es así, el bono social cofinanciará la atención a las necesidades de estas personas (una parte, como hasta ahora, la pagarán Comunidades Autónomas o Ayuntamientos y, otra, las empresas comercializadoras)". Los populares, por tanto, han hecho suyas medidas que hace un año habían criticado con dureza.
