La renovación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ideada por Pedro Sánchez ha dejado al Partido Popular sin influencia en el organismo. El único vocal que conservará en el Consejo -de 10 personas- será María Ortiz, técnico comercial y economista del Estado que lleva en el regulador desde 2013 y que tiene un perfil independiente, y no político. De hecho, mantiene una relación cordial con la ministra de Economía, Nadia Calviño, coinciden las fuentes internas consultadas por Vozpópuli.
Este organismo debe ser esencialmente independiente, pero, al igual que ocurre con otras instituciones del Estado, son los partidos los que proponen a personas de su confianza para ocupar sus asientos, lo que, en muchos casos, ha provocado que los órganos de decisión de Administraciones y empresas públicas hayan estado intoxicados por los intereses de los partidos.
María Ortiz llegó a la CNMC en 2013, tras la fusión de la autoridad de la competencia y los reguladores de los antiguos mercados monopolísticos. Lo hizo con un mandato de tres años, pues en la ley de creación de esta institución se estableció que una parte del primer Consejo debía cumplir seis años en su puesto, mientras que la otra parte, la mitad.
En 2017, el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, propuso la renovación en su puesto, en un momento en el que los populares cedieron una silla a Ciudadanos -Pilar Canedo- y otra al PSOE. Los socialistas aprovecharon entonces para designar a Mariano Bacigalupo, quien es el marido de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.
Al contrario que hizo entonces De Guindos, la ministra de Economía, Nadia Calviño, ha declinado pactar con el líder de la oposición las cinco nuevas incorporaciones en el Consejo. De hecho, tres las ha propuesto el PSOE, una ERC; y una Podemos. Esto, evidentemente, ha dejado a los populares fuera de juego.
Sin equidad
Hay que recordar que el PP designó en 2013 a 8 de los 10 miembros de la cúpula de la CNMC, después de que el PSOE de Alfredo Pérez Rubalcaba renunciara a designar a sus candidatos. Eso permitió al Ministerio de Economía situar como presidente del organismo a José María Marín Quemada -exconsejero del Banco de España- y como vicepresidenta a María Fernández, quien gestionó los años más duros de la crisis desde la Oficina Económica del Gobierno.
María Fernández ha dirigido desde 2013 la Sala de Supervisión Regulatoria, donde el Partido Popular no tendrá ningún representante a partir de ahora. El asunto tiene más repercusiones de lo que parece, dado que este área de la CNMC tiene desde hace unos meses todas las competencias en materia energética, tras recuperar una parte desde el Gobierno. Es decir, sus cinco consejeros tienen un poder importante sobre la factura de la luz.
Este departamento también tiene las atribuciones sobre el sector de las telecomunicaciones. También sobre una buena parte del audiovisual, ante la ausencia de un consejo regulador en esta materia. Eso sí, la gestión del espectro radioeléctrico sigue en manos del Ejecutivo, que al contrario que en otros países de la Unión Europea, se ha negado a entregársela al regulador. Esto le permite, entre otras cosas, asignar las licencias de operadores de la TDT.
Desde esta Sala también se ha dirigido el proceso de liberalización del AVE, dado que aglutina las competencias sobre el transporte. También dispone de las del servicio postal, por lo que controla a Correos
Su influencia en varias de las principales empresas de la compañía española es, por tanto, manifiesta. A partir de ahora, estará presidida por Ángel Torres, quien fuera secretario general de Politica Económica con Pedro Solbes.
A falta de que se produzca la rotación entre miembros de las salas -que estaba prevista para finales de este año-, en este área se mantendrán Mariano Bacigalupo, Bernardo Lorenzo y Xabier Ormaetxea (PNV). Las fuentes internas de la CNMC señalan que lo más lógico es que en esta sala recaiga Carlos Aguilar, propuesto por Podemos y experto en el sector audiovisual.
