Nunca había ocurrido. Sólo el 7% de los precios de las más de 200 subclases de productos, bienes y servicios catalogadas en el IPC han registrado en enero una tasa negativa anual con el índice general instalado en el 6,1%, el más elevado desde junio de 1992. Es decir, sólo 15 de los dos centenares de precios que computa el INE de la cesta de la compra están por debajo de cero, situación que era la tónica general en los últimos meses e incluso años. Todos estos decrecimientos tienen que ver con productos en que prima la competencia, son importados, proceden de liberalizaciones o son la causa de un descenso brutal de la demanda.
Así, los precios de los peajes, aparcamientos y parquímetros son los más negativos. Han llegado en enero a tasas del -21,1%. La causa hay que buscarla sobre todo en la ampliación de la gratuidad del uso de autopistas que hasta ahora pagaban peaje (muchas de ellas superaban con creces los años de concesión pública). Este proceso, activado por el Gobierno, será modificado a partir de 2023 ya que el Ejecutivo quiere volver a cobrar no sólo el uso de las autopistas sino también el de las autovías y carreteras. Lo que supondrá otro repunte inflacionista en este componente.
Por su parte, los precios de los vuelos internacionales registran una reducción del -9,1% como consecuencia de la caída de la demanda por la irrupción de la sexta ola de la pandemia en este mes y algo parecido sucede con los paquetes turísticos nacionales (-0,7) y los de los transportes de viajeros por mar (-3,5%). Todos los productos relacionados con las tecnologías, procedentes de la importación en su mayor parte, también se encuentran en este lote. Por ejemplo, los precios de los equipos de telefonía bajan un -5,2% (aunque hace un año el descenso era del -9,1%); los de los ordenadores personales decrecen al ritmo del -1,9% (frente al -8% de hace un año); y los equipos para recepción, registro y reproducción audiovisual caen un -0,4%.
Hay que añadir las tasas negativas de los servicios de telefonía móvil (-0,9% frente al -6,8% en enero de 2021) o de los servicios empaquetados de telefonía (-0,2% frente al -2,5% de hace un año). A este grupo se suman también los precios de las gafas graduadas y lentes de contacto (-1,1%); los de juegos y aficiones (-1,8%); o de los accesorios de cocina (-0,6%). Y en el sector alimentario, sólo registran tasas negativas tres precios de los más de sesenta catalogados en el IPC: los frutos secos (-1,1%); el vino (-0,7%, aunque es la mitad de hace un año) y los productos elaborados a base de cereales (-0,2%).
Todo esto evidencia que las tasas negativas se están convirtiendo en una mera anécdota en el IPC, que se están atenuando las caídas y que todos los componentes del IPC se están contagiando del virus inflacionista sin que el Gobierno intente paliar o reducir el impacto.
Mientras tanto, en este mes, 31 de los componentes del IPC (16%) se han situado por encima de la inflación general (6,1%) con subidas que han superado, por ejemplo, el 46% anual en la electricidad, casi el 45% en los carburantes líquidos, el 38% en los aceite distintos al de oliva y el 30% en el de oliva mientras que el gasóleo ha crecido casi un 26%, un 22% las gasolina y un 20% las pastas alimenticias. En junio de 1992, cuando la inflación registró una tasa similar a la de enero de 2022, los precios que más subieron fueron las frutas frescas (20,6%), los servicios hospitalarios y cuotas médicas (17,2%), o los hoteles, enseñanza primaria y secundaria y los gastos relacionados con los coches (todos ellos crecieron un 13,4% anual).
Todo esto evidencia que las tasas negativas se están convirtiendo en una mera anécdota en el IPC, que se están atenuando las caídas y que todos los componentes del IPC se están contagiando del virus inflacionista
Ahora, es la factura de la luz y el alza de los combustibles quienes han disparado sin límite la inflación. Pero, también se observa un incremento de productos que no tienen nada que ver directamente con el sector energético y sí con la falta de competencia y la generalización de situaciones cuasi oligopolísticas, así como del aumento de la intermediación (sobre todo en la alimentación).
Para tener completo el retrato robot de este contagio inflacionista hay que añadir también la oportunidad que han encontrado muchas empresas de subir precios, culpabilizando a la energía, para incrementar la caja que no hicieron en meses anteriores con la pandemia. Y, en particular, hay que sumar el incremento de la demanda. Es decir, se ha disparado muchos precios cuando los consumidores han aumentado sus compras disponiendo del ahorro embalsado durante los peores meses del coronavirus, sin que la oferta se haya constreñido en muchos sectores.
Sin medidas contra la escalada
Todo esto sucede, además, sin que el Gobierno de turno haya elaborado plan o medida alguna para evitar la escalada y el traslado de los precios al consumidor y a los salarios en el temido efecto de segunda vuelta, ya que las empresas seguirán subiendo los precios si tienen que incrementar los sueldos que compensen la pérdida de poder adquisitivo. Y vuelta a empezar. Es decir, en España no funcionan las leyes de mercado de oferta y demanda ya que los precios tienden a subir cuando más demanda hay (cines, museos o parques, por ejemplo) y sólo bajan precisamente cuando no hay demanda porque nadie vende. La oferta no cuenta.
El Estado sale ganado con la subida de precios porque recauda más, mientras no suban los tipos referenciados del pago de la deuda pública como sucede ahora
Lo peor, además de este contagio inflacionista a la mayoría de los componentes de la cesta de la contra, es que esos 15 productos que aún mantienen tasas negativas van a ir desapareciendo en los próximos meses. De momento, se observa que cada vez son menos. Por ejemplo, hace un año, con un IPC general del 0,5% había 52 productos (uno de cada cuatro subclases catalogadas) con precios negativos; en abril llegó hasta los 63 (casi un tercio de la cesta) con un índice general del 2,2%; y, a partir de este mes, cuando la electricidad se disparó y empezaron a generalizarse las subidas, esas tasas negativas han ido reduciéndose paulatinamente hasta la quincena actual de productos con ese IPC del 6,1%.
Hace un año, eran los carburantes líquidos (-22,7%), hoteles (-12%), gasóleo (-12%), equipos de telefonía móvil (-9,1%) o los ordenadores personales (-8%) quienes registraban los precios más bajos. Y antes de la pandemia, cuando la economía crecía acompasadamente, las tasas negativas también eran muy frecuentes en la cesta global de la compra. Por ejemplo, en enero de 2019 se registraron 40 productos por debajo del cero (con el aceite de oliva y los equipos de telefonía móvil en niveles del -15% o del -12,3% de los paquetes turísticos nacionales) con un IPC general del 1%.
Quién gana cuando se dispara el IPC
¿Quién gana cuando suben los precios de esta manera? Mientras que para el ciudadano medio (sobre todo para las rentas medias y bajas) la inflación es el peor ‘impuesto’ imaginable ya que empobrece los bolsillos, es evidente que el Estado (y el Gobierno) sale ganado con la subida de precios porque recauda más mientras no suban los tipos referenciados del pago de la deuda pública como sucede ahora. La caja fiscal aumenta sobre todo con el IVA (las bases imponibles de los productos, bienes y servicios consumidos son más elevadas). Lo mismo sucede también con el IRPF, y más aún si se trasladan las subidas del IPC a los salarios y la tarifa de los años anteriores sigue invariable.
Se supone que por el Impuesto de Sociedades también subirá la recaudación porque las empresas aumentan la facturación y los beneficios si no sobre todo si suben precios y no trasladan el alza a los salarios. Y también tendrán un empuje recaudatorio los impuestos especiales. Es cierto que el Gobierno ha ampliado hasta marzo la reducción de impuestos de la electricidad, sin embargo, la recaudación es muy superior a la que se registraba antes del ‘subidón’, ya que son más elevadas las bases imponibles resultantes (factura) sobre la que se aplican la tributación. Además, una inflación alta viene bien a la estadística pública ya que eleva el PIB nominal.
De esta forma, los resultados del déficit y la deuda pública, que se miden en porcentaje del PIB (términos relativos), resultarán inferiores aunque sus cifras reales sigan aumentando. Es decir, en términos relativos parecerá que hay menos déficit o deuda o en todo caso un menor crecimiento mientras engorda en términos absolutos.
