El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha citado a declarar el próximo 27 de julio a la presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), Elke König, como testigo en el caso que investiga a las dos últimas gestiones del Banco Popular.
En un auto conocido este miércoles, el titular del juzgado central de Instrucción número 4 cree conveniente que König aclare unas manifestaciones realizadas en televisión pocos días antes de que el Popular fuese resuelto, así como la filtración sobre el riesgo de liquidación que corría la entidad.
Se refiere a la entrevista concedida a finales de mayo de 2017 a la cadena de televisión Bloomberg, en la que König admitía que el banco español "era uno de los casos que estamos viendo".
Una semana más tarde, la agencia Reuters publicó una exclusiva sobre el riesgo de liquidación que corría la entidad, en la que fuentes comunitarias afirmaban que "uno de los principales organismos de control de los bancos de Europa advirtió a los funcionarios de la Unión Europea de que el Popular podría tener que liquidarse" si no lograba encontrar un comprador.
El magistrado se remite a la normativa europea y recuerda que "la mera información de que la Junta y las autoridades nacionales de resolución están examinando un ente determinado podría, por sí misma, repercutir negativamente en éste".
El juez cree que "resulta absolutamente necesario" que König comparezca y explique "qué le llevó a manifestar en un programa de televisión".
De ahí que sea necesario garantizar "que se dispone de los mecanismos adecuados para mantener la confidencialidad de tal información, como el contenido y los pormenores de los planes de resolución y el resultado de cualquier evaluación realizada en ese contexto".
Desde su punto de vista, las informaciones pudieron tener un impacto muy negativo en la liquidez del banco, alentando la retirada de depósitos de los clientes.
"Absolutamente necesario"
Por este motivo, cree que "resulta absolutamente necesario" que König comparezca y explique "qué le llevó a manifestar en un programa de televisión" tales consideraciones, que "parecen vulnerar el 'parámetro de confidencialidad' exigible por ley".
La presidenta de la JUR deberá aclarar, entre otras cuestiones, "cuándo y cómo se activó el proceso de resolución, quién lo conocía, si se activaron o no mecanismos de actuación temprana, el desarrollo del proceso de resolución, la relación con los gestores del Popular durante dicho proceso, y detalles y pormenores sobre el informe valorativo elaborado por Deloitte".
El titular del juzgado fundamenta su decisión en el hecho de que la JUR resolviera una entidad española "con unas consecuencias jurídicas y económicas de gran transcendencia para sus accionistas y resto de acreedores afectados, que perdieron íntegramente la totalidad de su inversión".
La citación se cursará directamente a la sede del organismo, en Bruselas, ya que "no se la cita como ciudadana de un Estado de la Unión Europea, sino como presidenta de una agencia de la que España forma parte".
