Después de un 2018 en el que ha habido un alto movimiento migratorio y en el que probablemente el número de refugiados ha alcanzado un nuevo récord en el mundo, el Gobierno ha decidido incrementar en 94 millones de euros las dotaciones destinadas a lo que denominan "el reto de la migración", que contarán en total con 412 millones.
Este incremento, del 29,6%, se utilizará para emprender acciones a favor de los inmigrantes, que se complementarán con una nueva partida para la atención de menores extranjeros no acompañados (MENA), de 30 millones de euros.
Esta medida se ha tomado después de que en 2017 el número de refugiados en el planeta ascendiera a 25,4 millones, según los últimos datos del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), una cifra que con toda probabilidad se ha batido en 2018.
¿Cómo se repartirán esos 412 millones? La parte mayoritaria se dedicará a transferencias corrientes -de las que las familias e instituciones sin fines de lucro se llevarán la mayoría (375,6 millones de euros)-, seguida de los gastos en bienes y servicios -arrendamientos, reparaciones, material y suministros- que ascenderán a 16,78 millones de euros, y los gastos de personal (altos cargos, funcionarios, laborales, incentivos al rendimiento y cotizaciones) que necesitarán 13,3 millones de euros.
El reto de la inmigración "se ha recrudecido"
Según recoge en su proyecto de Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno considera que uno de los retos principales que afronta España desde hace años y que "se ha recrudecido" recientemente es el que supone la inmigración, lo que "obliga a revisar la regulación, los protocolos de actuación y el funcionamiento de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs)".
Claves de la política migratoria
¿Cuál es el objetivo principal? Que la inmigración se desarrolle por cauces legales, algo necesario tras la crisis migratoria que se ha vivido en el mundo en 2018 y que ha tenido en el mar Mediterráneo uno de sus focos principales.
Para ello, proponen mejorar el control fronterizo y la lucha contra la inmigración irregular "salvaguardando los derechos de los inmigrantes" y fomentar la formación para los funcionarios policiales encargados de tratar directamente con inmigrantes irregulares cuando llegan a España en materias como: derechos humanos de los migrantes, asilo, protección de menores o protección de tráfico de datos y de seres humanos.
La política migratoria buscará integrar a los inmigrantes en la sociedad española y atender a los que soliciten asilo y protección.
A 31 de diciembre de 2018 España contaba con 5,23 millones de extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia, lo que supone un incremento del 3,6% respecto al año anterior.
Para 2019 el Gobierno cree que continuará la presión migratoria sobre las costas españolas y sobre las ciudades de Ceuta y Melilla, una situación que en 2018 ha desbordado los recursos previstos en el Plan de Emergencia, por lo que hay reforzarlo y dotarlo de más presupuesto, añaden.
