España sigue coleccionando demandas de inversores internacionales ante el Ciadi, tribunal de arbitraje dependiente del Banco Mundial, por los cambios normativos que afectaron a las retribuciones de las energías renovables. La última reclamación en llegar está relacionada con una instalación singular: la planta termosolar de Puerto Errado 2, en la localidad murciana de Calasparra, que pasa por ser la mayor del mundo con la tecnología de espejo plano.
La demanda fue registrada a finales de la semana pasada por el grupo suizo EBL y su filial Tubo Sol PE2, sociedad registrada en España para la promoción de la citada instalación. Con esta, son 31 las reclamaciones que se han presentado ante el Ciadi contra el Estado como consecuencia de los cambios en la política de renovables, cuya cuantía global sobrepasa los 7.500 millones de euros.
EBL es la cabeza visible de una serie de inversores suizos que cuentan con una participación conjunta en la central del 85%. El 15% corresponde a la alemana Novatec, desarrolladora de la tecnología de espejo plano empleada en la planta. Con una potencia instalada de 30 megawatios, la central ocupa una extensión de 65 hectáreas, equivalente a más de 90 campos de fútbol y es capaz de generar energía para abastecer a cerca de 15.000 hogares.
La planta fue inaugurada en octubre de 2012, aunque el proyecto comenzó a gestarse a comienzos de la década, con lo que su gestación coincidió con la etapa de gran impulso de las energías renovables por parte del Gobierno que lideró José Luis Rodríguez Zapatero. Posteriormente, fue el primero en tener que recortar las retribuciones de las renovables.
La inversión total llevada a cabo por los promotores de la central ascendió a unos 160 millones de euros.
El apoyo de la Comisión Europea
Hasta el momento, el Ciadi ha emitido tres fallos relacionados con los procesos de arbitraje contra España por este asunto. En todos los casos, el Estado ha sido considerado culpable, aunque los diferentes tribunales tan sólo han estimado parcialmente las demandas.
No obstante, los tres casos permanecen abiertos debido a que la Abogacía del Estado ha solicitado en todos ellos su revisión por parte de un nuevo tribunal. En este sentido, la estrategia del Estado consiste en ganar tiempo ya que cuenta, en principio, con el respaldo de la Unión Europea, cuya doctrina considera que estos arbitrajes no tendrían efecto para España. Así, la Comisaría de Competencia se pronunció en su día contra las condenas del Ciadi al estimar que si el Estado indemnizara a los demandantes por las menores retribuciones a las renovables incurriría en un caso de ayudas públicas ilegales.
Por otra parte, los fondos que han obtenido el laudo favorable por parte del Ciadi están tratando de que se ejecuten las sentencias, pese a los recursos, acudiendo para ello a tribunales en EEUU. Lo cierto es que, hasta la fecha, el Gobierno español no ha tenido que hacer frente a ningún pago, pese a que la suma de los laudos en contra que hasta ahora se han emitido supera los 300 millones de euros.
Las denuncias ante los organismos internacionales contra España se centran tanto en los recortes a la energía solar y a la termosolar que el Gobierno aplicó a finales de 2010 como los acometidos por el actual Ejecutivo en funciones durante la legislatura concluida a finales de 2015.
