Prosegur, Aedas, Applus, Amrest, Zardoya Otis y CAF dejarán de estar sujetas a la tasa Tobin en 2023 y volverá a estar incluida Faes Farma. Los contribuyentes de la 'tasa Tobin' serán 52 en 2023, según la lista que ha colgado la Agencia Tributaria (AEAT), que recoge las empresas españolas con capitalización bursátil superior a 1.000 millones de euros el 1 de diciembre. De esta forma, se caen seis y entra una respecto a 2022.
Estas son las alteraciones por capitalización en un impuesto que entró en vigor recogiendo el año de la pandemia y que reúne en 2023 a Inditex, Iberdrola, Santander, BBVA, CaixaBank, Naturgy, Cellnex, Amadeus, EDP Renovables, Telefónica, Repsol, Ferrovial y Endesa en los primeros puestos, y que cierran Mediaset, Línea Directa, Metrovacesa, Faes Farma, Meliá y Cementos Molins.
Llama la atención la pérdida de empresas con acciones sujetas a un impuesto que mide la capitalización bursátil con datos de final de un ejercicio en el que el Gobierno ha decidido imponer dos nuevos impuestos a banca y energéticas y lanza mensajes sobre los a su juicio excesivos beneficios de las empresas.
La tasa Tobin grava un 0,2% las operaciones de adquisición de acciones de sociedades españolas cotizadas, con independencia de la residencia de los agentes que intervengan, con una capitalización bursátil superior a los 1.000 millones de euros, lo que se dirime con la fecha de corte de 1 de diciembre.
Desplome de previsiones
El Gobierno de Pedro Sánchez proyectaba la tasa Tobin, junto con la tasa Google, desde 2018, pero no se aprobó finalmente hasta octubre de 2020 y entró en vigor en enero de 2021, con retrasos en su desarrollo, con lo que no se liquidó hasta junio.
Según los últimos datos disponibles, el informe de recaudación de octubre de la AEAT, las 'tasas Tobin' y 'Google' han reunido sólo 26 y 73 millones, respectivamente. Originariamente, se preveía que recaudaran 850 y 965 (esta última proyección, ya rebajada desde 1.200 millones). En 2021, Hacienda ya anunció que reducía su previsión sobre estos impuestos a 372 y 225 millones, y finalmente recaudaron 296 y 166 millones. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguro que se debía a las enmiendas que se introdujeron en la tramitación parlamentaria, que redujeron su impacto recaudatorio.
