"Es todo un disparate. Cada uno hace la guerra por su cuenta". Es la frase de de una fuente cercana al proceso de nombramiento del director general de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), procedimiento que zozobra desde el pasado mes de octubre. El Tribunal de Cuentas, el Tribunal constitucional y el Defensor del Pueblo cerraron en noviembre sus respectivos nombramientos directivos, tal y como publicó el Boletín Oficial del Estado en noviembre de 2021. No sucede lo mismo con la dirección general de la AEPD, pese a que el anuncio de la nueva cúpula coincidió con el de los organismos antes citados.
El titular de esta pieza habla de guerra sucia, pero podría hablarse también de guerra mundial. Un todos contra todos que está presente en cualquier proceso de este tipo, pero que ahora es más evidente por la torpeza de PSOE y PP en torno al proceso de nombramiento de la dirección de Protección de Datos.
Ambos partidos pactaron que Belén Cardona, catedrática de Derecho del Trabajo de la Universidad de Valencia, fuera la directora general (a propuesta del PSOE) de la AEPD, mientras Borja Adsuara, abogado y consultor en derecho digital, sería su adjunto (PP).
El salario del director general de la Agencia Española de Protección de Datos es de casi 100.000 euros mientras el director adjunto tiene un salario que ronda los 75.000 euros
El problema es que para nombramientos como el de director general de Protección de Datos existe un proceso establecido que incluye, entre otras cosas, la publicación en el BOE del mismo, una selección de candidatos, y la elección final a cargo de la Comisión de Justicia en el Congreso. Pero en este caso todo se hizo al revés. Primero se repartieron las sillas y luego lanzaron el proceso.
Un hecho que ejemplifica el cortijo en el que algunos políticos -no es justo generalizar- han convertido nuestro país. Puede parecer cosa de torpeza, pero parece más de caradurismo, de dar por hecho que España es el coto privado de determinados funcionarios públicos, un coto que paga usted a golpe de impuestos y disgustos.
Protección de Datos, un quebradero de cabeza
A partir de ahí, la metástasis en el proceso de nombramiento en Protección de Datos se ha extendido a una parte de los candidatos -importante, de nuevo, no generalizar-, que tienen a Leonardo Cervera y Ricard Martínez como los perfiles mejor posicionados para tumbar a los candidatos de PSOE y PP. En total, son 14 los profesionales que se han presentado al cargo. Hablamos de casi 100.000 euros en el caso de quien sea elegido director general y unos 75.000 euros para quien resulte nombrado adjunto.
Desde que la noticia saltó a los medios las llamadas a periódicos, radios y medios de comunicación por parte de una parte de los candidatos son constantes. El nombramiento de los validos de PP y PSOE depende en gran medida de la presión que reciban por parte de los medios y del sector -que está que trina, todo hay que decirlo-. Si al final salen estos candidatos, las dos formaciones más importantes del país tendrán que lidiar con las críticas. Lo que no está claro es si a estas alturas las recibirán con sonrojo.
Ahora esta guerra está en calificar o puntuar los currículums vitae de quienes optan a la dirección de Protección de Datos. Algunos de los candidatos han contactado o se han dejado contactar con los medios -por supuesto con este diario también- de forma elegante, educada y honesta. Otros han sacado el ventilador de los peores residuos corporales.
Que si fulano ha inflado su experiencia, que si mengano ha mentido, que si zutano no tiene ni idea... Son los males de este país hechos carne. La mediocridad como ascensor para medrar. Enfatizar las debilidades del contrario, sus errores, en beneficio propio. Es ese compañero de trabajo, ya sabe a quién me refiero. Es su vecino. Su cuñado. Una parte de España. Pero no, repetimos, no es bueno generalizar.
