El juez Manuel García Castellón, al frente del caso Púnica, del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, ha estimado la solicitud de diligencias realizada por el ministerio fiscal para requerir a los peritos la elaboración de un informe sobre los trabajos realizados por la empresa Eico on Line para los expresidentes de la Comunidad de Madrid Ignacio González y Esperanza Aguirre, y también para los exconsejeros Borja Sarasola y Salvador Victoria.
Las fiscales María Teresa Gálvez y Carmen García Cerdá requirieron al magistrado el pasado mes que los peritos que ya anteriormente habían realizado informes sobre las empresas de Alejandro de Pedro, el informático investigado en Púnica, elaboren uno nuevo dadas las conclusiones extraídas de los anteriores documentos.
La Fiscalía explicó en su solicitud al juez que el pasado 16 de diciembre se presentó un primer informe pericial que reveló indiciariamente "la manipulación de la información y de los impactos en las redes sociales al objeto de potenciar contenidos personalistas, laudatorios y propagandísticos de la exconsejera de Educación de la Comunidad de Madrid. Estos trabajos, dicen las fiscales, elaborados por Alejandro de Pedro, fueron financiados por la Comunidad de Madrid con 82.995 euros.
Los trabajos particulares sobre Ignacio González, sostiene la Fiscalía, fueron financiados con 65.279 euros de la Comunidad de Madrid
También señalan que la Policía judicial había confirmado indiciariamente que los trabajos "lejos de ser un producto para la divulgación institucional de los trabajos de la Presidencia de la Comunidad de Madrid" eran una "manipulación de los impactos en las redes sociales para la defensa personal del alto cargo, para crear tendencias en las redes con la intervención de grupos falsos de usuarios de Twitter, Facebook".
Esa labor de las empresas de De Pedro para Aguirre y González "parecen discurrir en paralelo y revelan los mismos indicios de ser herramientas personales, para fines particulares y no institucionales", afirma Fiscalía.
"El objetivo era producir campañas de imagen personales que construyeran una reputación positiva en Internet, vinculada a los nombres de la autoridad pública, que neutralizara las noticias negativas o mejorara su perfil público, de cara al electorado (...) y todo a costa de fondos públicos o de adjudicaciones de favor de compañías proveedoras de servicios de las agencias a la Comunidad de Madrid".
Los trabajos particulares sobre Ignacio González, sostiene la Fiscalía, fueron financiados con fondos de la Comunidad de Madrid, entre abril de 2012 y diciembre de 2014, con 65.279 euros.
Las fiscales advierten que el exconsejero de presidencia, Salvador Victoria, "instó las entregas en efectivo de Indra y las subcontratas de favor con el Canal de Isabel II para pagar parte de los trabajos de los altos cargos de la Comunidad de Madrid que reclamaba Alejandro de Pedro por importe de 140.000 euros, fuera del circuito oficial de pagos de las Consejerías, por los trabajos realizados a las autoridades mencionadas".
