El Tribunal de Cuentas avisa: la Seguridad Social está en una situación límite. El organismo ha hecho público el ‘Informe de Fiscalización sobre la evolución económico financiera, patrimonial y presupuestaria del sistema de la Seguridad Social y su situación a 31 de diciembre de 2018’ y alerta de que “los resultados económico-patrimoniales negativos acumulados del periodo 2010 a 2018” ascienden hasta los 115.022 millones de euros. En el informe de 2017, el patrimonio neto acumulado era de 99.503,2 millones.
El documento, fechado el pasado 28 de julio, señala que estos números rojos se explican por los “desfases significativos entre los gastos y los ingresos de naturaleza contributiva”. Por un lado, apunta a un incremento del 18,73% del gasto medio anual por pensionista y, al mismo tiempo, señala una caída del 1,28% del ingreso medio por afiliado.
A este respecto, el tribunal indica que no solo ha aumentado el número de pensionistas en los últimos años, sino que también las nuevas incorporaciones "llevan asociadas pensiones más elevadas". La caída de las contribuciones se explica, siempre según el tribunal, por la recesión económica y sus efectos sobre el empleo y los salarios.
Según el informe, el patrimonio negativo del sistema es consecuencia de “años de desequilibrios económico-financieros” que empiezan en 2010, cuando la Seguridad Social registró por primera vez un resultado negativo. Desde entonces, la situación ha empeorado año tras año, lo que sitúa a la Seguridad Social en una suerte de quiebra técnica, si bien cuenta con el respaldo del Estado.
Pide una reforma urgente
El Tribunal de Cuentas asegura que la Seguridad Social “adolece de un problema de sostenibilidad financiera de carácter estructural” como consecuencia directa “de la evolución demográfica y socio-económica que ha tenido lugar en nuestro país”. Así, apunta a que “de no acometerse de manera urgente las reformas necesarias sobre su actual configuración”, la viabilidad y sostenibilidad financiera del sistema “peligrarían”.
En este sentido, recuerda que el Pacto de Toledo recomendaba que el Congreso de los Diputados constituyera cada cinco años una ponencia para estudiar el presente y futuro de la Seguridad Social. “Sin embargo, a pesar de la importancia y gravedad del problema de sostenibilidad financiera estructural que actualmente aqueja al sistema, no se ha aprobado ningún Informe de evaluación y reforma del Pacto de Toledo con posterioridad al aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados en su sesión de 25 de enero de 2011”, apunta el informe.
El organismo también incide en que la falta de contribuciones durante el periodo 2011 a 2018 se ha cubierto con “vías de financiación adicionales” como el Fondo de Reserva, los fondos depositados de la cuenta especial en el Banco de España del Fondo de Contigencias Profesionales de la Seguridad Social y de los préstamos del Estado a la Tesorería de la Seguridad Social, entre otros. Aunque el tribunal valora que estas fórmulas “han permitido actuar al sistema en momentos de crisis”, insiste en que “no resuelven el problema de sostenibilidad financiera de carácter estructural” de la Seguridad Social.
