Un Real Decreto regulando la liberalización de la estiba de acuerdo con la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 11 de diciembre de 2014, estuvo a lo largo de 2015 “varias veces” en Comisión Delegada, “con su correspondiente informe exhaustivo”, sin conseguir llegar nunca a la mesa de Consejo de Ministros, de acuerdo con fuentes de todo crédito consultadas por este diario. Tras una serie de contactos y viajes a Bruselas de la ministra Pastor y de altos cargos de su departamento, Fomento tuvo listo a lo largo de la primavera de 2015 el texto del Decreto que debía cambiar de plano el funcionamiento de la estiba en España, pero el asunto no logró superar la barrera de la Comisión Delegada. Lo impidió el miedo del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a la protesta airada de los estibadores y sus consecuencias en año electoral.
Tras el varapalo sufrido por el Gobierno el pasado jueves con la no convalidación en el pleno del Congreso del decreto ley presentado por el nuevo ministro de Fomento, Iñigo de la Serna (142 votos a favor, por 175 en contra más 33 abstenciones), a la antigua ministra del ramo y actual presidenta del Congreso, Ana Pastor, le han llovido las críticas por haber dejado pasar más de un año sin haber hecho efectivo el cumplimento de la sentencia del TJUE. La realidad, sin embargo, es muy otra. El departamento de Pastor se movió activamente con viajes a Bruselas y conversaciones con las dos partes involucradas, empresas de la estiba y estibadores, para intentar lograr un acuerdo. A falta del mismo, Fomento remitió el texto de un Decreto en “varias ocasiones” a la Comisión Delegada. Pero 2015 era año electoral (municipales y autonómicas en mayo, y generales en diciembre), y Rajoy no estaba para soportar el desgaste de una huelga de puertos.
Ya a primeros de febrero de ese 2015, el presidente de Puertos del Estado, José Llorca, nombrado en enero de 2012 por la propia Pastor (ya había ostentado el cargo entre 2000 y 2004 con el Gobierno Aznar) viajó a Bruselas para coordinar la puesta en marcha del decreto de liberalización correspondiente, viaje que fue seguido por otro de la propia Pastor, quien a lo largo de la primera mitad del año viajaría a la capital belga hasta en cuatro ocasiones. Estos desplazamientos se sucedieron en medio de “encuentros mil con las empresas y con los propios estibadores”, según fuentes conocedoras de los contactos. Pero ninguna de las dos partes estaba dispuesta a sentarse a negociar en serio.
“La ministra viajó a Bruselas con una primera propuesta, elaborada por Puertos del Estado, no muy distinta a la que el pasado jueves fue rechazada por mayoría en el Parlamento, que también contemplaba ventajosas prejubilaciones para los estibadores mayores de 50 años, pero que prácticamente no tocaba el estatus de los estibadores”. La respuesta de la correspondiente comisaria fue muy dura, urgiendo al Gobierno español a “romper” la situación de monopolio de que gozan los trabajadores de la estiba, porque “estos señores no tienen ningún derecho a impedir que otros no inscritos en ese Registro puedan descargar un barco”.
Las empresas llevaron el conflicto a Bruselas
Las empresas reaccionaron de forma muy favorable en un principio, porque ellas habían sido quienes decidieron llevar el conflicto de la estiba en los puertos españoles a Bruselas, después de que el Gobierno de Rodríguez Zapatero se hubiera dedicado a dar largas durante años, pero los estibadores se cerraron en banda desde un primer momento, reacios a cualquier tipo de negociación que supusiera la pérdida, siquiera en parte, del régimen de monopolio en que vienen prestando su actividad en los puertos a través del Registro de estibadores.
Y las empresas pronto mostraron idéntica actitud, temerosas de las consecuencias de un conflicto laboral en los puertos. El año 2014 ya fue un buen año para la estiba, y mejor aún fue 2015, de modo que los empresarios del sector no querían ni oír hablar de huelga de estibadores y sí de aprovechar el tirón para recuperar las pérdidas sufridas durante los años más duros de la crisis. En estas condiciones, el Ministerio propuso en la primavera de 2015 un calendario de negociaciones con las partes, que pronto se vio que no iba a conducir a ningún tipo de acuerdo.
A la altura del verano, el Ministerio solo pudo corroborar que la situación estaba empantanada “porque ambas partes se dedicaban a mirar para otro lado y dejar pasar el tiempo”, lo que llevó a Pastor, tras sopesar pros y contras, a llevar el Real Decreto correspondiente a la mesa del Consejo de Ministros, previo paso por Comisión Delegada, para aprobarlo aprovechando la mayoría absoluta con que contaba el Gobierno de Mariano Rajoy.
Pero el intento encalló en la citada Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos que preside el propio Presidente y, en su ausencia, la vicepresidente Soraya Sáenz de Santamaría. “De modo que no fue la ministra Pastor la que no quiso sacar adelante el Decreto de la estiba, sino el Gobierno Rajoy”, un Gobierno que ya tenía otros intereses, básicamente electorales, y no estaba para arrostrar un conflicto de la violencia que hubiera supuesto el cierre de los puertos españoles.
