Los concesionarios de coches en España viven momentos de incertidumbre y preocupación ante los anuncios de cancelación por parte de los fabricantes de sus contratos de concesión, para establecer un nuevo modelo de negocio.

Una preocupación que ha llevado a la patronal Faconauto a pedir a todos los grupos parlamentarios que apoyen con su voto la enmienda que ha presentado el PdCAT que supone un cambio en la Ley de Agencia y que proporcionaría a los concesionarios el derecho a una indemnización cuando la marca decida cancelar esos contratos de forma unilateral.  De esta manera, se aseguraría la viabilidad y el empleo de las pymes que se vieran afectadas por estas reestructuraciones.

La modificación que se propone a la Ley de Agencia solo pretende establecer un mínimo marco indemnizatorio para los concesionarios en caso de la extinción unilateral del contrato que los vincula con sus marcas en tres aspectos muy concretos como son las inversiones no amortizadas, el fondo de comercio y el personal laboral ligado a su actividad.

La propuesta actual supone una reducción sobre los planteamientos anteriores y representa la voluntad de Faconauto de alcanzar un marco consensuado. Muestra de esa voluntad fue la retirada, en junio de 2022, de la enmienda presentada en el mismo sentido, también por el PdCAT, para iniciar un proceso de diálogo con los fabricantes, que finalmente no fructificó.

Para Faconauto, el apoyo a la citada enmienda es urgente, porque actualmente hay una clara tendencia de las marcas a la concentración o a que los contratos de distribución pasen a ser de agencia, lo que lleva consigo una cancelación de sus contratos vigentes. En este sentido, ha puesto el ejemplo de Stellantis, que culminará en pocas semanas el cierre de 129 concesionarios, o de Jaguar-Land Rover, cuya red pasará de tener 48 concesiones a solo 5.

La patronal de los concesionarios ha justificado también la necesidad de este cambio legal debido al importante papel que desempeña en España la distribución de vehículos, que representa el 2,7% del PIB y proporciona empleo directo y de calidad a más de 153.000 personas y a más de 450.000 de forma indirecta a lo largo de toda la geografía nacional.

Desarrollar normas específicas

Por otro lado, Faconauto ha recordado que actualmente la actividad de los concesionarios en nuestro país sólo se ve amparada por normas europeas, sin que entren en aspectos esenciales para el sector, y también por el derecho general español. Por el contrario, prácticamente en todos los países de nuestro entorno el sector tiene algún tipo de norma específica.

En este sentido, en mercados de nuestro entorno en los cuales la distribución también tiene un importante peso en su economía, se han introducido recientemente modificaciones legislativas similares a las que propone Faconauto.

En Italia, se aprobó en agosto de 2022 un marco regulatorio parecido a la que incluye la enmienda del PdCAT y, en Francia, en noviembre del año pasado el Grupo Republicano de la Asamblea Nacional francesa propuso una modificación al actual Código de Comercio galo que garantizaría que las inversiones exigidas a los concesionarios sean razonables según el contexto económico.

Por tanto, Faconauto considera necesario culminar un proceso que evite que España sea el único país con un tejido empresarial y laboral como representan sus concesionarios de automoción que deje a estos en una situación de desamparo legal.

“No entenderíamos que todos los grupos parlamentarios no apoyaran la propuesta del PdCAT, porque todos ellos la han considerado de mínimos, razonable y necesaria en este momento. Necesitamos que los partidos políticos aprueben este equilibrio legal para asegurar las importantes inversiones que hacen los concesionarios en cada rincón de nuestro país. Sin este amparo legal, cuando una marca decide de la noche a la mañana reestructurar su actividad, como ahora mismo está ocurriendo, se pone en riesgo un tejido muy valioso formado por pymes y miles de puestos de trabajo cualificados”, ha dicho el presidente de Faconauto, Gerardo Pérez.

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