El notable recorte de las retribuciones de las redes de electricidad y gas propuesto por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) cuenta con un reverso financiero, más allá de las posibles consecuencias en el proceso de transición energética diseñado por el Gobierno. La notable apuesta por las redes de las compañías en los últimos años ha elevado sus cotas de apalancamiento, un factor que a partir de 2020 podría convertirse en un lastre para futuras inversiones en el caso de que los ingresos previstos por las retribuciones disminuyan por encima de lo previsto.
Especialmente impactado por la propuesta del regulador es el sector gasista, para el que los recortes van desde el 18% hasta el 21%. En los últimos años, la actividad de distribución ha sido uno de los objetivos de destacados inversores internacionales, que han entrado en el capital de los principales actores del sector y, además, han impulsado notables inversiones en redes. Producto de esta estrategia, las empresas de este ámbito presentan actualmente cifras de apalancamiento en el entorno de los 10.000 millones de euros.
Si finalmente se llevaran a cabo los recortes que la CNMC propone para el próximo periodo regulatorio del sector gasista (2021-2026), las empresas se verían obligadas a mirar mucho más a sus propias finanzas que a nuevas inversiones ante la destacada disminución de los ingresos que supondría la medida.
Las necesidades de reestructurar la deuda y cumplir sus compromisos tanto con entidades financieras como con los bonistas dejarían un margen muy escaso a la apuesta por expandir las redes e incrementar así el alcance y la penetración del gas natural en España, netamente por debajo de la que presentan en la actualidad los países de su entorno.
La reacción de Naturgy
A mediados de la semana pasada, Naturgy anunció su decisión de paralizar de forma temporal las inversiones en expansión de redes de Nedgia, su distribuidora de gas, hasta conocer cuál será el nuevo entorno regulatorio. Nedgia cuenta con una cuota de mercados de aproximadamente el 70% en esta actividad, lo que hace que su caso sea especialmente significativo.
En España, el gas natural llega aproximadamente al 30% de los hogares, diez puntos porcentuales de la cuota que presentan países como Francia, Alemania y Reino Unido. El Plan Integrado de Energía y Clima (PIEC) contempla inversiones superiores a los 41.000 millones de euros para redes de gas y electricidad, la mayor parte procedente de inversores privados. Sólo de esa manera se incrementará la participación del gas en la matriz de energía final hasta el 20%, desde el 17% que presenta en la actualidad, como está previsto en el Plan.
Las inversiones en redes gasistas también se antojan fundamentales para la cobertura de la llamada España vaciada, aquellas zonas rurales amenazadas de despoblación en favor de los grandes núcleos urbanos. Las inversiones necesarias para llevar hasta allí las redes de gas corren un serio peligro si el dinero debe destinarse a reestructurar la deuda de las compañías que deben desarrollarlas, como consecuencia de la notable reducción de ingresos que provocaría el marco retributivo que propone la CNMC.
La veintena de inversores internacionales presentes en el área de distribución de gas en España es la candidata a afrontar la mayor parte de las inversiones previstas en el PIEC para el desarrollo de la red. Por ahora, el principal actor del mercado ya se lo está pensando.
