Los impulsores de la querella presentada contra Caixabank, Isidro Fainé y Gonzalo Gortázar en 2018 en la Audiencia Nacional, han recurrido el auto de sobreseimiento provisional de la causa decretada el pasado mes de noviembre por el Juez Santiago Pedraz.
Los demandantes tratan así de mantener viva una oscura denuncia sobre la que nunca se ha explicado quién está realmente detrás. Una denuncia que abrió los telediarios el día que fue conocida, pero cuyo sobreseimiento provisional decidido hace un mes por el Juez Pedraz, no ha merecido el más mínimo comentario por los mismos informativos que en su día le dieron toda la cancha del mundo al turbio asunto.
La querella se dirigió contra la transmisión a Criteria de las participaciones de Caixabank en el Bank of East Asia y en Inbursa
Dos de los banqueros más relevantes del panorama financiero español de las últimas décadas, Isidro Fainé y Gonzalo Gortázar, han estado tres años figurando como imputados, apareciendo como tales tanto en informaciones periodísticas como en documentación oficial de Caixabank; un riesgo procesal del que el grupo ha tenido que ir dando cuenta a inversores y accionistas ejercicio tras ejercicio, y también en pleno proceso de absorción de Bankia.
El telediario de las tres de la tarde de La 1 del 4 de octubre de 2018 abrió con la información de que el presidente de la Fundación La Caixa, Isidro Fainé; Gonzalo Gortázar, consejero delegado de Caixabank; y la propia entidad financiera como persona jurídica, estaban siendo investigados en la Audiencia Nacional después de que el Juez José de la Mata hubiera admitido a trámite querella presentada contra ellos por dos accionistas del banco.
Poco importó entonces que se desconociera la identidad de los querellantes, o de los intereses que pudieran estar cobijando bajo su querella; tampoco importó que realmente no fuera posible explicar en una noticia de telediario el contenido y motivos de la querella, siendo el asunto complejo y las operaciones descritas en la misma enrevesadas.
También se denunciaban en la misma querella supuestas irregularidades en la compra del banco portugués BPI
La querella admitida a trámite en octubre de 2018 se dirigió contra la operación acordada a finales de 2015 por los consejos de Caixabank y Criteria, mediante la cual Caixabank transmitió a Criteria las participaciones que mantenía en el Bank of East Asia (el 17,3%), y el grupo mexicano Inbursa (9%). A cambio, Criteria recibió acciones de Caixabank (el 9,89%) y 678 millones de euros en efectivo.
También se denunciaban en esa misma querella supuestas irregularidades en la compra del banco portugués BPI, operación anunciada en abril de 2016.
En su informe financiero de 2016, Caixabank explica que el consejo de administración acordó llevar a cabo una venta de 585 millones de acciones, el 9,9% del capital social de la entidad, para reforzarse de cara a la OPA sobre el banco portugués BPI.
En la cúpula de Caixabank se ha sospechado que el fondo activista Elliot pudiera estar detrás de la querella
Se trataba de las mismas acciones que con anterioridad había adquirido a Criteria, y el banco señala que el precio por cada una de las acciones propias se fijó en 2,26 euros, "lo que supuso un descuento del 3,67% sobre la cotización de cierre de las acciones de Caixabank del día de la venta".
El grupo admitió en ese mismo informe financiero que el valor contable de las acciones propias vendidas ascendía a 2.013 millones de euros, mientras que el importe recibido por CaixaBank por la venta ascendió a 1.322 millones de euros.
La operación ciertamente levantó recelos en la entidad. No todos los consejeros de CaixaBank la apoyaron. Por ejemplo, Alejandro García Bragado, que fue vicepresidente de La Fundación La Caixa y consejero del banco desde 2017 hasta la compra de Bankia, se opuso a la misma y votó en contra.
Dos accionistas individuales de Caixabank presentaron la querella admitida a trámite en octubre de 2018
Pero una cosa era que consejeros, asesores o accionistas de CaixaBank se opusieran a la operación, y otra distinta que la misma mereciera ser investigada por la Audiencia Nacional. Así lo consideraron dos accionistas particulares de la entidad, que fueron quienes presentaron la querella admitida a trámite en octubre de 2018.
¿Quién ha estado tras esta demanda, quién ha financiado un proceso judicial que dura más de tres años? Dos fuentes distintas cercanas al consejo de administración de Caixabank coinciden en señalar a los que en la cúpula de la entidad se consideraban como posibles instigadores.
Las sospechas, no confirmadas, planean sobre el fondo activista Elliot, fundado por Paul Singer, y conocido por poner patas arriba estrategias de compañías cotizadas que no consideran adecuadas adquiriendo paquetes accionariales suficientes para hacer notar su voz y voto en Juntas de Accionistas, y financiar demandas en el mismo ámbito empresarial.
De acuerdo a las mismas fuentes, el fondo estadounidense mantenía diferencias con el rumbo marcado por The Bank of East Asia, en cuyo capital participa Caixabank, con el 17%, y trasladaron la batalla al terreno judicial impulsando la presentación de una demanda en España contra la entidad catalana.
Pero se trata tan solo de elucubraciones que no han sido demostradas, como las que apuntarían a la posibilidad de que todo fuera una revancha que con esta demanda pudiera estar tomándose algún alto ejecutivo de Caixabank que hubiese abandonado el banco de mala gana, una hipótesis que las fuentes consultadas estiman menos probable.
El Juez no ve uso de información privilegiada, ni administración desleal o manipulación contable
En su auto de sobreseimiento provisional, el Juez Pedraz explicaba que decidía la medida dado que no se había observado nada irregular en los informes de los peritos: "Ni un uso de información privilegiada fuera del ejercicio normal del trabajo de cada demandado (...). Ni una administración desleal (...). Ni manipulación de la contabilidad que implicara una diferente situación jurídica y/o económica (...). Ni que se hayan tratado de imponer acuerdos abusivos en las Juntas de Accionistas".
El Juez indicaba también en su auto que no había trascendido al mercado "ninguna manipulación contable que diera lugar a una impresión errónea del estado económico de la sociedad", y recordaba que las autorizaciones recibidas de los organismos supervisores relativas a las operaciones expuestas, se habían basado en "la reputación, conocimiento, habilidades y experiencia de los altos directivos que dirigirán los negocios del destinatario (...)".
La contundencia de las afirmaciones mantenidas en su auto por el Juez Santiago Pedraz aportan poco recorrido al recurso presentado por los demandantes al sobreseimiento provisional decidido. Posiblemente la próxima noticia sobre el archivo definitivo de la causa no abrirá los telediarios de La 1.
