Después de casi tres años detrás de la operación, Red Eléctrica ha terminado de rematar una operación de compra de Hispasat que no estaba nada clara hace unos pocos meses, a finales del pasado año. El actual Gobierno no terminaba de ver clara la transacción como representante del Estado (principal accionista de la compañía) hasta el punto de que Jordi Sevilla, el presidente de Red Eléctrica que llegó tras el cambio de inquilino en la Moncloa, llegó a afirmar que la operación no se llevaría a cabo. Sin embargo, al final se ha impuesto la opción más rápida y, sobre todo, la que no implicaba que el Gobierno tuviera que vetar a un comprador extranjero.
Paradójicamente, la operación de compra de Hispasat por parte de Red Eléctrica ha seguido en gran medida el esquema diseñado en su día por el ex ministro de Energía Álvaro Nadal y que no era del gusto del actual Gobierno. Nadal abogó desde el principio porque Hispasat no siguiera en manos de una Abertis que ya había sido opada por la italiana Atlantia. Como quiera que Red Eléctrica ya se había interesado por la compra del operador de satélites, la jugada no podía estar más clara.
El antiguo jefe de la oficina económica de Presidencia dibujó una estrategia para que Red Eléctrica mantuviera separado el negocio de los satélites del puramente eléctrico, aprovechando que la compañía ya había comenzado a adquirir activos de fibra a Adif, la propietaria de la red de ferrocarril. Así, creó una filial, Red Eléctrica Sistemas de Telecomunicaciones, destinada a adquirir el operador de satélites.
El inesperado cambio de Gobierno tras el triunfo de la moción de censura promovida por el actual presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, supuso un frenazo para una operación que ya marchaba a un ritmo no demasiado ágil. En un primer momento, al nuevo Gobierno no le apetecía seguir los pasos dados por Nadal. Pero, igual que a su antecesor, tampoco le gustaba que Hispasat acabara en manos de un inversor extranjero.
Buscar un comprador en el exterior
Y esa era, precisamente, la posibilidad que comenzó a cobrar cuerpo después de que Red Eléctrica manifestara públicamente que la compra del operador de satélites había dejado de estar entre sus planes. ACS y Atlantia, los nuevos dueños de Abertis, ya no iban a recular en el plan de vender Hispasat para financiar parte de la operación de compra del grupo de infraestructuras. Si el comprador no podía ser español, tendría que ser extranjero.
Para un activo tan especial, apenas se identificaban dos potenciales compradores de capital español. La opción alternativa a Red Eléctrica era Indra, que había rechazado en varias ocasiones los sucesivos ofrecimientos a cargo de Nadal. Así las cosas, la alternativa de ACS y Atlantia era agarrar el maletín y salir al exterior en busca de un comprador.
Esta opción planteaba un problema que el Gobierno de Sánchez quería evitar a toda costa: verse en la tesitura de vetar la compra de Hispasat por una compañía extranjera, con el argumento de considerar a la empresa estratégica para el país, especialmente por el componente de los satélites militares (agrupados en una filial en la que el Estado, y no Abertis, es el principal accionista).
Evitar el intervencionismo
Cualquier operación que contemple un cambio de control en Abertis precisa de la autorización del consejo de ministros, con lo que el Gobierno tenía asegurado el impedir la entrada de un accionista de control extranjero. Sin embargo, no quería que desde fuera pudiera ser calificado de proteccionista y menos en el actual contexto de guerra comercial, cuando desde la Unión Europea se están censurando este tipo de actuaciones.
El aparente callejón sin salida condujo al punto de partida. La opción que menos dolor de cabeza daría al Ejecutivo volvía a situar a Red Eléctrica en el centro de la partida.
Con esta operación, ACS y Atlantia dan por terminado el proceso de desinversión de activos de Abertis para reducir el endeudamiento asociado a su compra. Y, además, Abertis también culmina la estrategia puesta en marcha hace tiempo para abandonar todas sus líneas de negocio y centrarse únicamente en las autopistas de peaje.
