“El Real Decreto es positivo pero insuficiente”, coinciden las principales asociaciones de autónomos del país, ATA y UPTA, sobre el decreto anunciado por el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, para aflorar 'de oficio' hasta 40.000 falsos autónomos.
Estos 40.000, principalmente de los sectores cárnicos y del transporte a las que se han hecho inspecciones, serían, según sendas asociaciones que representan al 75% de los autónomos del país, la punta del iceberg de un fenómeno que también alcanza a empresas que ofrecen servicios de arquitectura, despachos de abogados de Madrid y Barcelona, y algunos de los “más importantes” medios de comunicación de prensa escrita de nuestro país. Ya un informe del Instituto Nacional de Estadística, de hecho, ha destapado más de 165.000 posibles falsos autónomos.
Así las cosas, sendas asociaciones han trasladado a la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, las que creen que serían medidas reales y no 'parches' contra la citada práctica fraudulenta: ambas confluyen en un registro obligatorio de contratos.
Registro obligatorio
UPTA, por un lado, reivindica que las empresas pasen a estar obligadas a registrar todos los contratos que tengan con autónomos . ATA, por otro, que los autónomos estén igualmente obligados a comunicar a la Seguridad Social su condición de trabajador autónomo económicamente dependiente (TRADE) siempre que el 75% o más de sus ingresos dependa de un solo pagador, como así también la empresa o grupo de empresas para la que prestan su servicio.
“Actualmente, dicha comunicación es voluntaria para la empresa, y en la práctica, si el "falso autónomo" quiere comunicar su condición de TRADE, tiene que pedir permiso a la empresa, que en ese caso suele rescindirle el contrato”, alerta el presidente de UPTA, Eduardo Abad. “En el cruce de datos entre lo que las empresas se verían obligadas a declarar y lo que dirían las facturas de los autónomos se constataría el fraude”.
La modificación requiere una modificación de la Ley del Estatuto de Autónomos pero “el Gobierno puede hacerlo mediante un decreto”. "Hemos trasladado esta propuesta a la ministra, Magdalena Valerio, y hemos quedado en volver a abordar el asunto en la primera semana de septiembre", dice Abad. "El objetivo final es ofrecer una solución global".
