El Gobierno comienza a perfilar los planes para asumir el coste del enorme fiasco que supuso la licitación de las llamadas autopistas de peaje de segunda generación. Ya da por hecho que algunas de las ocho concesionarias quebrada serán liquidadas y, por lo tanto, volverán a estar bajo el manto público. Un proceso que tiene un coste, la llamada Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), consistente en pagar las inversiones no amortizadas, con el fin de que el Estado no se quede un activo por el que no ha pagado y cuya concesión ha vencido anticipadamente.
Con este escenario, el Ministerio de Fomento pone sobre la mesa la posibilidad de volver a licitar aquellas concesiones que tenga que asumir antes de tiempo. Una fuente de ingresos que serviría para afrontar el coste de la RPA y que, de esta forma, no haga peligrar los objetivos de reducción del déficit público.
Sin embargo, en la práctica este planteamiento no resulta tan sencillo. Básicamente, porque hay una notable diferencia entre la RPA que calcula el Estado, que se sitúa en el entorno de los 2.300 millones de euros, y la que reclaman los accionistas de las concesionarias, esto es, los que construyeron y operaron las autopistas, que se va hasta los 5.000 millones. Una cantidad que el presidente de la patronal de grandes constructoras y concesionarias Seopan, Julián Núñez, calificó recientemente de "muy difícil de cuestionar".
Con los cálculos del Gobierno, recuperar la RPA a través de las nuevas licitaciones se plantea como un desafío complicado pero posible. Pero con las estimaciones de las compañías, el desafío se transforma en entelequia: ninguna compañía va a pagar tales cantidades por unos activos que se han revelado como un foco de problemas a la mínima que la situación se ha torcido.
"Tenemos que ver qué departamento se ocupa de esto y cómo volveremos a licitarlas", apuntó este martes el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en una muestra muy gráfica de que la idea aún está muy verde.
Lo cierto es que si finalmente triunfan las tesis de las concesionarias (algo que puede acabar dirimiéndose en los tribunales), la relicitación de las radiales será un parche para reducir el impacto de la RPA pero ni mucho menos un remedio milagroso.
Fomento dice estar preparado para asumir dos concesiones en liquidación a partir del 1 de julio, como dictaron en su día los tribunales. Pero el departamento cuenta con el as en la manga de que, recientemente, la Justicia ha dejado en suspenso esas liquidaciones. El objetivo es que el proceso no se vuelva a poner en marcha hasta 2018. "Prevemos un impacto muy leve por este capítulo este año, que es el más complicado", admite De la Serna.
El déficit debe reducirse del 4,3% al 3,1% para cumplir con Bruselas. Cualquier tropezón resulta mortal de necesidad. Y el problema de las radiales es algo más que un inoportuno mal paso.
