Llega la Navidad y también el nuevo Gobierno. Aunque en el mundo energético las caras son las mismas. Teresa Ribera afronta una nueva etapa en el Ministerio ‘del ramo’ con asuntos y cuentas pendientes, principalmente, con las empresas energéticas.
La última etapa de esta relación ha estado marcada por la subida de precios y una hiperregulación energética dan un momento clave para llegar a 2030 lo más verdes posibles, con los precios más asequibles para los consumidores y con una total seguridad de suministro energético.
Para ello, es clave para el equipo de Ribera que Iberdrola, Repsol, Cepsa, Endesa o Naturgy sigan estrenando proyectos que ayuden a la causa. Está demostrado que no vale eso de “sino lo hacen ellos, ya vendrán otros”. La luz, el gas y los carburantes en España están controlados por estas cinco empresas de manera histórica y, a su vez, estas empresas necesitan el respaldo del Boletín Oficial del Estado (BOE) para mantener su estatus.
El inicio de este nuevo capítulo de Gobierno contra ‘lobby’ energético arranca con un 'si no me quieres, me llevo el dinero a otra parte' por parte de las empresas, liderado por Repsol, frente a un Gobierno que propone hacer ordinario el impuesto extraordinario que impuso a las energéticas tras la subida de precios junto con la recuperación de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) para controlar, con más atención que la CNMC, lo que hacen y no hacen estas empresas.
No es un buen inicio. Pero desde todas las partes insisten a Vozpópuli que, de nuevo, están condenados a entenderse. Esto se evidencia en que, aprovechando la Navidad, las grandes energéticas, algunas en público y otras en privado, ya han enviado a la Moncloa y a la madrileña Plaza de San Juan de Cruz, sede del Ministerio que lidera Teresa Ribera, su particular ‘carta a los Reyes Magos’ con cuatro peticiones para los próximos cuatro años.
'Justicia fiscal'
La primera de ellas, y no es sorpresa, es tener una fiscalidad ‘justa’. Es decir, el ‘impuestazo’ del 1,2% de sus ingresos les quita liquidez para dedicársela a esos proyectos que tanto necesita para convertir en realidad su Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (2023-2030). No obstante, si este impuesto es innegociable para su estrategia política, las empresas se abren a una negociación con el Gobierno mejorar la fiscalidad de los proyectos ‘verdes’ como generación renovable, hidrógeno o carburantes alternativos.
“Palo y zanahoria”, que han sugerido en alguna ocasión Josu Jon Imaz e Ignacio Sánchez Galán. Porque si solo hay ‘palo’, estas empresas transatlánticas con gran acceso financiero no tendrán ningún problema en apostarlo todo, por ejemplo, a la “zanahoria” que les está ofreciendo Estados Unidos.
Agilidad
La segunda petición de su carta es mejorar el ‘permitting’, que es básicamente agilizar la administración para lograr las autorizaciones. Un ejemplo es la apuesta por el coche eléctrico, que es clara y no hay vuelta atrás, pero las empresas denuncian que los trámites administrativos para avanzar en este negocio provocan un atasco “infernal”, como lo definen las empresas, que hace imposible que los 5,3 millones de vehículos eléctricos que espera el equipo de Ribera que circulen por España en 2030 sean prácticamente imposible si no acuerdan un plan común.
Un situación similar a la que se vive con el negocio de la generación renovable, donde algunas de las grandes energéticas tiene proyectos entre los 40 gigavatios (GW) de potencia que se quedarán sin ningún permiso si no logran la autorización ambiental antes de 2025. Unos permisos que no llegan por culpa, según insisten desde las empresas, por el atasco burocrático en las comunidades y la Administración central.
Ribera tiene 16.300 millones
Su tercera petición hace referencia a los fondos europeos, aunque las empresas insisten en que el modelo de Estados Unidos sería el ideal. Empresas como Iberdrola o Repsol consideran que el modelo de retribución de la producción que propone el Inflation Reductio Act (IRA) es mucho más eficiente para financiar proyectos ‘verdes’ y ponerlos en marcha, frente al modelo europeo que promete ayudas para su construcción.
El equipo de Ribera gestiona 16.300 millones de euros de fondos europeos para proyectos de generación renovable, hidrógeno o almacenamiento. Las empresas poco o nada están rascando de esta ingente partida que, ante la lejanía del modelo estadounidense, sería un gran incentivo en una época donde los tipos de interés se devoran cualquier margen en las inversiones.
Mejores infraestructuras
Por último, estas empresas piden un desarrollo y mantenimiento de las infraestructuras acorde con el ambicioso plan energético existente. El H2Med o Barmar, la infraestructura que promete llevar hidrógeno desde la Península Ibérica hasta Alemania pasando por Francia, se está llevando todos los focos mediáticos, pero no es suficiente.
Necesitan una infraestructura eléctrica que permita conectar a la oferta con la demanda de electricidad. Empresas como Iberdrola o Endesa, que se encargan del transporte de electricidad, consideran que la remuneración reciben por esta labor no es suficiente y perjudica al funcionamiento del sistema. El desarrollo de infraestructuras también afecta a nuevas tecnologías como el biomentano o el hidrógeno necesitan una adaptación que, de momento, no llega. Habrá que esperar a ver si ‘Los Reyes Magos’ traen lo esperado.
