La Península ibérica se beneficiará de su condición de ‘isla energética’ y desde la semana que viene limitarán el precio del gas que produce electricidad. Aunque no con los niveles que solicitaban los gobiernos de España y Portugal. Tampoco podrán declaran la ‘dependencia eléctrica’ a Europa de manera temporal. Bruselas impone que el flujo de electricidad que la exportación de electricidad a Francia también con este instrumento para limitar el precio.
La Comisión Europea quiere "flexibilidad en la frontera”, tal y como lo define Teresa Ribera. Los planes de España y Portugal contemplaban la posibilidad de crear un doble mercado en la Península ibérica. Uno que se casase con un precio similar al resto de mercados eléctricos europeos para exportar a Francia y otra subasta donde las empresas eléctricas con centrales de gas y carbón tuviesen el precio limitado del gas.
Esta doble vía que se rechaza por los altos mandos de Competencia de Europa. Aunque ni Ribera ni la Comisión Europea han dejado claro quién paga este instrumento. Porque consumidores, empresas u organismos deberán asumir que este límite de entre 40 y 50 euros megavatio hora que se venderá la electricidad que venga del gas estará por debajo de precios como 80 euros que marca el mercado gasista esta semana.
Es decir, nadie descarta este martes que el sistema eléctrico español y portugués costeen la electricidad a bajo precio que puede exportar Francia. Pero ahora los hogares franceses se verán damnificados por los bajos niveles de interconexión que tiene con España. Como ha recordado la ministra, la capacidad de intercambio eléctrico con el país vecino se sitúa en el 2,8%.
Este porcentaje hace referencia a la suma de las capacidades de intercambio de importación dividida por la potencia instalada. El Consejo Europeo declaró hace 20 años que esta referencia debería situarse en el 10% y estos bajos niveles de interconexión damnificó en los últimos años a España, ya que la amplía red de centrales nucleares francesa lograba mayor estabilidad de precios.
Pero con esta medida se dará la vuelta a esta tendencia. La propia Teresa Ribera recordaba que Francia tiene la necesidad de contar con mayor interconexión con España. “Es una circunstancia compleja para el consumidor francés que va a tener el 50% del parque nuclear parado, es el momento de acelerar las interconexiones con la Península ibérica”, detallaba la ministra tras conocer esta imposición de la Comisión Europea.
Ribera considera que la necesidad de comprar electricidad en el mercado ibérico por parte de Francia despertará su interés para que esta interconexión cumpla con las exigencias y que la Península ibérica deje de ser una isla energética.
Bruselas se compromete con Ribera
“La Comisión Europea se compromete a ser un actor mucho más activo para vigilar el pleno cumplimiento de un objetivo de interconexión que estaba fijado para el 10% en 2020 y del 15% en 2030, pero que todavía está en el 2,8%″, explicaba la ministra en Bruselas.
Bruselas se compromete con esta medida a corregir estos niveles "bajísimos" que es "la principal restricción de los consumidores españoles y portugueses para poder disfrutar de las ventajas del mercado interior". El tema 'francés' ha sido de los asuntos más sensibles de la negociación.
A cambio, la vicepresidenta de la Comisión Europea y responsable del área de Competencia, Margethe Vestager, ha permitido que este instrumento para bajar la luz se amplíe. La propuesta inicial de España y Portugal planteaba este límite al precio del gas hasta el cierre del 2022. Bruselas permite ahora un período temporal de 12 meses y la 'excepción ibérica' se podrá disfrutar hasta mayo de 2023.
La exportación a Francia ha sido el segundo cambio que ha hecho a su propuesta. El precio que propuso Ribera y su homólogo también fue rechazado. El límite del precio del gas y el carbón para las centrales eléctricas a 40 euros cada megavatio hora en las primeras semanas suben en 10 euros la propuesta de los gobiernos peninsulares.
Después tendrán que subir en torno a 10 euros más su propuesta hasta finalizar el año de vigencia. La Comisión Europea exige que este tope se incremente hasta alcanzar los 50 euros de media. El plan final de todas las partes es rebajar la presión de los precios sobre los hogares y las empresas. Su eficacia se verá a partir de mayo.
