La hoja de ruta que propone el primer proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética señala directamente a los productos energéticos de origen fósil. La 'ley verde' que ha puesto encima de la mesa el equipo de Teresa Ribera llega incluso a señalar que el Estado deberá desprenderse de activos en empresas que incluyan la extracción, refinado o procesado de productos energéticos de origen fósil en su actividad.
Un escenario que deja en el aire el control estatal de la minera Hunosa, 100% controlada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Por otro lado, el texto deja fuera de esta medida a Enagás, controlada en un 5% por SEPI, ya que no hace mención al ejercicio de "transporte" de productos energéticos de origen fósil. Desde Hunosa y Enagás han preferido no realizar ninguna valoración al respecto.
Por su parte, el Ministerio para la Transición Ecológica, ante la pregunta sobre esta cuestión de Vozpópuli, se remiten a lo detallado en el proyecto anunciado el martes. "Se elaborará un estudio del estado de situación y una propuesta de calendario para que la Administración se desprenda de activos en empresas o entidades que incluyan la extracción, refinado o procesado de productos energéticos de origen fósil en su actividad", declara.
Hunosa no sólo cuenta con su negocio minero. La compañía asturiana, en el ámbito de la energía, cuenta con un grupo termoeléctrico y opera en energías renovables como la geotermia y la biomasa. Además, presta servicios de consultoría en ingeniería y promueve y comercializa suelo industrial.
El texto que anunció la ministra Teresa Ribera este martes hace referencia a los productos energéticos de origen fósil, el refuerzo de las renovables y sin referencia a la nuclear. En ese caso, Ensa, la empresa de SEPI de fabricación y suministro de componentes nucleares, y Enusa, el negocio nuclear en la primera parte del ciclo combustible y servicios ambientales de la compañía pública, no sufrirían ningún impacto.
"Prosperidad respetuosa"
La Ley de Cambio Climático fomenta el uso de gases renovables, incluyendo el biogás, el biometano, el hidrógeno. En paralelo, y con el objeto de reorientar los recursos hacia "una prosperidad respetuosa" con los límites del planeta, la aplicación de nuevos beneficios fiscales a productos energéticos de origen fósil deberá estar debidamente justificada por motivos de interés social, económico o atendiendo a la inexistencia de alternativas tecnológicas.
"El texto habilita al Consejo de Ministros a aprobar un calendario para la revisión de las ayudas existentes, consultando a los sectores implicados", declara el proyecto de esta normativa. Por otro lado, a partir de la entrada en vigor de la futura ley, no se otorgarán nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación o concesiones de explotación de hidrocarburos en todo el territorio nacional. Tampoco se autorizará la fracturación hidráulica de alto volumen, el ‘fracking’.
En cuanto a las instalaciones en activo, cinco años antes de que expire su concesión deberán presentar ante el MITECO un informe que refleje el potencial de reconversión de las instalaciones o de la ubicación para otros usos, incluida la energía geotérmica, o la instalación de energías renovables.
