La gestión de Roberto López Abad, ex director general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, imputado en la Audiencia Nacional por apropiación indebida, administración desleal y delito societario, se llevó por delante a la CAM, axfisiada por su agujero inmobiliario. La misma gestión que ha dejado una herencia envenenada entre los antiguos trabajadores de la caja. El fondo de pensiones de los trabajadores de la antigua CAM, formado por 5.000 empleados, arrastra unas pérdidas de 31,7 millones de euros, casi la mitad de su patrimonio inicial, a causa de una operación auspiciada por el propio López Abad en 2008.
Ese año, el ex directivo 'recomendó' a la comisión de control del fondo de pensiones de la CAM, integrada por la propia dirección de la CAM y los sindicatos Sicam, UGT y Csica, la compra de tres de los edificios más emblemáticos de la antigua caja (Óscar Esplá -Alicante-, Pascual i Genís -Valencia- y Pasaje Mercader -Barcelona-), ante los primeros síntomas de falta de liquidez de la CAM. El objetivo de los antiguos gestores era hacer caja ante las nuevas exigencias regulatorias que exigia Basilea II. Los sindicatos, que tenían representación también en el consejo de administración, decidieron acometer esta inversión por la que pagaron 62.795.464 euros a la CAM. Ahora, la última tasación de estos tres activos, efectuada a principios de este mes, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, arroja una valoración de 31.015.000 euros, lo que implica unas minusvalías de 31,7 millones, más del 50% del valor de la inversión inicial.
La ley obliga a las entidades que gestionan las pensiones privadas de partícipes a efectuar como mínimo una tasación anual de los inmuebles que tienen en propiedad. El pinchazo de la burbuja inmobiliaria no ha hecho más que disminuir el valor de estos tres edificios hasta sus mínimos históricos. Una devaluación que se ha acelerado desde julio de 2013. Las tasaciones de ese mes indicaban un valor de 51,8 millones. La depreciación se mantuvo en las tasaciones que recibe la comisión del plan de pensiones correspondientes a octubre pasado (42,8 millones), enero de 2014 (37,6 millones) y este febrero (31 millones).
El inmueble que acumula mayor pérdida es el edificio situado en la avenida Óscar Esplá de Alicante. En apenas tres trimestres se ha devaluado en 8,6 millones (23,4 millones en julio de 2013-14,7 millones a febrero de 2014). Mientras, el inmueble situado en la calle Pascual i Genís de Valencia ha perdido 7.851 millones entre la valoración de julio pasado (15,6 millones) y la actual de 7,7 millones. Este edificio se encuentra actualmente vacío puesto que sus anteriores inquilinos, la plantilla de la inmobiliaria Solvia, perteneciente al Sabadell, han sido reubicados en otros inmuebles del banco catalán. Por último, el edificio situado en Pasaje Mercader (Barcelona) ha sido el menos castigado por la caída de los precios inmobiliarios. Aún así, su valor se ha reducido en 4,2 millones en menos de nueve meses (12,7 millones en julio-8,4 millones en la actualidad).
La comisión de control del fondo de pensiones, integrado por la propia dirección de la CAM y los sindicatos Sicam, UGT y Csica, aprobó la compra de los tres edificios en 2008 y la inversión en cuotas participativas, actualmente sin valor
Hasta la fecha, el fondo de pensiones es el único activo de la antigua CAM que aún no se ha integrado en el Sabadell. La entidad catalana realizó, hace un año, una propuesta a los responsables del fondo que consistía en la compra de los tres edificios por un monto de 50 millones de euros, además de comprometerse a alquilarlos por 20 años con una renta anual del 5,5% sobre el precio de compra. Sin embargo, los sindicatos rechazaron la propuesta porque en esos momentos, principios de 2013, el valor de los inmuebles era algo superior a esa cifra de 50 millones.
Ante la enorme pérdida de los inmuebles, algunos sindicatos han solicitado estudios a diferentes expertos independientes (la Universidad Politécnica de Valencia es uno de ellos) para que determinen si las tasaciones que ha venido recibiendo la comisión de control del fondo de pensiones son correctas. Esta comisión de control fue la misma que decidió invertir 2 millones del fondo en cuotas participativas, también en 2008, que no tienen valor en la actualidad.
Esta preocupación de los trabajadores de la antigua CAM coincide con el ruido judicial que envuelve en los últimos días a los ex directivos de la caja alicantina, en especial, a su ex director general Roberto López Abad. Este martes, la Audiencia Nacional ha abierto juicio oral al propio López Abad y al exdirectivo Juan Ramón Avilés, a los que ha impuesto una fianza civil de 1,9 y 6,6 millones, respectivamente, por irregularidades en el cobro de dietas y la concesión de 17 millones en préstamos a este último.
En un auto, el juez Javier Gómez Bermúdez acusa a los dos de apropiación indebida, administración desleal y un delito societario, pero añade para Avilés, que fue director de la Comisión de Control de la caja alicantina, el de otorgamiento de contrato simulado en perjuicio de tercero.
López Abad se enfrenta a unas solicitudes de pena de cuatro años por parte de la Fiscalía, de seis por la acusación ejercida por la CAM a través del FROB y de 14 por parte de la Plataforma de Afectados, mientras que en el caso de Avilés pasan por dos años y medio, diez y 16 y medio, respectivamente.
