La historia del saqueo de la CAM (Caja de Ahorros del Mediterráneo) es una sucesión de capítulos de excesos en los que la última revelación siempre es superlativa frente a las anteriores. Roberto López Abad, ex director general, aparece como protagonista de muchas de ellas. Así vuelve a suceder en los últimos datos revelados en el escrito de acusación del abogado de la antigua caja, desginado por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), en el que solicita una pena de 4 años de cárcel para el ex director general de la CAM por apropiación indebida. El escrito detalla cómo el consejo de la antigua caja, inducido por López Abad, maniobró para cambiar la normativa interna y así poder multiplicar por 10, en solo tres años, las dietas que percibían algunos de los representantes de la comisión de control de la CAM.
El consejo de administración de la CAM acordó por unanimidad, en septiembre de 1999, que los representantes de la caja en las filiales participadas mayoritariamente por la CAM, en caso de percibir dietas por asistencia a sus órganos de gobierno, éstas no podían superar la cuantía establecida por la Asamblea General para el consejo. Una norma que López Abad, ya como director general, decidió reescribir en 2005 para superar los límites retributivos y posibilitar que los directivos de la CAM cobrasen mayores emolumentos.
El primer paso se dio en la reunión de la comisión de retribuciones de la antigua caja de 14 de marzo de 2005, en la que López Abad manifestó que tenía previsto someter una nueva propuesta para fijar nuevas retribuciones en las empresas participadas mayoritariamente por la CAM, para el correspondiente informe de la comisión de retribuciones. Sin embargo, antes de que se pronunciase el órgano que fijaba la política de sueldos en la CAM, el ex director general propuso revocar el acuerdo de 1999. La propuesta fue sustentada primero por la comisión de retribuciones y, apenas tres días después, por el consejo de administración. De esta manera, desaparecía la limitación en el cobro de dietas aprobada en 1999.
El segundo paso de López Abad fue plantear al consejo de la CAM que la Junta General de una de las empresas participadas por la antigua caja (Tenedora de Inversiones y Participadas S.L, la filial que controlaba todas las participaciones inmobiliarias) adoptase el acuerdo de crear un órgano específico, similar a las funciones que ejercía la comisión de control de la caja, para poder elevar las dietas de los miembros de este nuevo órganod e control. De nuevo, tanto el consejo como la comisión de retribuciones dieron el visto bueno a la propuesta del ex director general.
Sin ningún impedimento estatutario, desde 2005 a 2008, las dietas que percibieron los 21 directivos que integraron este nuevo órgano de control de Tenedora de Inversiones y Participadas (TI) no hicieron más que crecer. Así, el 23 de diciembre de 2005, la Junta General de TI acordó fijar una 'dieta anual única' de 8.200 euros, pese a que sólo quedaban 8 días naturales y aún no se había producido ninguna reunión del nuevo órgano creado. La cuantía se duplicaba (16.400 euros) para 2006.
Pero esta cifra se consideró escasa. El 26 de junio de 2006, la junta general de TI acordó doblar las anteriores retribuciones, por lo que estableció para el segundo semestre de ese año una dieta adicional de 16.400 euros y de 32.800 euros para los sucesivos ejercicios. Un año después, los emolumentos volvieron a revalorizarse. El 2 de abril de 2007, nuevamente la junta general de TI estableció que los cargos internos cobrarían el doble, apenas dos meses antes de nombrar a Juan Ramón Avilés Olmos, presidente de la comisión de control de la CAM, como presidente de la comisión de seguimiento y control de TI.
De nuevo, en 2008, se produjo un ajuste al alza de la cuantía de las dietas. Así, la junta general de TI acordó elevar las dietas del presidente (Juan Ramón Avilés, un ex militar, reconvertido primero a concejal del PP en Murcia y, posteriormente, a constructor al calor del boom del ladrillo) a 80.000 euros anuales frente a los 8.200 euros iniciales de 2005; 40.000 euros para el vicesecretario y secretario, y 20.000 euros anuales para el resto de miembros.
De esta manera, Juan Ramón Avilés, como presidente de esta comisión de seguimiento y control de TI, se embolsó 308.700 euros. Este órgano apenas se reunió en 16 ocasiones entre 2005 y el 30 de junio de 2011 (fue suprimida por el FROB en septiembre de 2011). Así, Avilés percibió una media de 19.293 euros por cada encuentro. En total, los 21 representantes de esta comisión se embolsaron 1,49 millones. Así, la CAM tuvo que pagar 93.376 euros en concepto de dietas por cada reunión.
"La Comisión de seguimiento y control de TI fue un mero y burdo instrumento ideado por el acusado Roberto López Abad", asegura el escrito de acusación del FROB, "bien por sí solo o bien junto con otros directivos de CAM ya fallecidos (Antonio Alcalá de Vargas Machuca y Diego Orenes Villaplana) o a los que no se ha podido identificar, para permitir que los miembros de la comisión de control de la CAM (todos ellos integrantes del órgano de control de TI) cobraran unos emolumentos muy superiores a los que tenían derecho conforme a la normativa sobre Cajas de Ahorro y los propios estatutos de CAM, sin realizar ningún trabajo adicional para la entidad que justificara dichas retribuciones".
Así acaba el penúltimo capítulo del saqueo de la CAM.
