El litigio vinculado a las calificaciones de los bonos hipotecarios en Estados Unidos, las llamadas hipotecas basura que desencadenaron la crisis financiera de 2007, parece haber llegado a su fin. La agencia de calificación crediticia Standard & Poor’s ha alcanzado un acuerdo con las autoridades estadounidenses por el cual deberá pagar un total de 1.500 millones de dólares (unos 1.342 millones de euros) por las pérdidas provocadas por su conducta fraudulenta. En virtud del pacto con el Departamento de Justicia y otros 19 estados, los directivos de la agencia quedan eximidos de toda responsabilidad.
El acuerdo, dado a conocer por la compañía McGraw Hill, matriz de S&P Financial Services, salda las demandas surgidas después de la crisis de 2008 ante la sospecha de que la agencia infló, entre 2004 y 2007, las calificaciones de bonos de alto riesgo -"bonos basura"-. Tras este pacto, la agencia abonará 687,5 millones de dólares al Departamento de Justicia y la misma cantidad se la repartirán los 19 estados demandantes más el Distrito de Columbia. Otros 125 millones de dólares se destinarán a una agencia que gestiona las pensiones y servicios de salud de los empleados públicos de California, informa Efe.
La fiscalía reclamó hace dos años a la agencia una compensación de 5.000 millones de dólares, cantidad muy superior a la acordada
Con este acuerdo, Standard & Poor's evita una batalla legal previsiblemente de larga duración y cuyo resultado era imprevisible. Además, la cantidad que finalmente deberá abonar la agencia es considerablemente menor a la inicialmente reclamada por la Fiscalía, en febrero de 2013, cuando le fue solicitada una compensación de 5.000 millones de dólares. Los 1.500 millones de dólares quedan lejos también de otras sanciones a la banca por su responsabilidad en la crisis financiera de 2007. A Bank of America le fue impuesta el pasado verano una sanción de 16.650 millones de dólares (14.623 millones de euros) por la forma en que Merrill Lynch y Countrywide empaquetaron la deuda hipotecaria. JP Morgan Chase pactó un desembolso de 13.000 millones (11.425 millones de euros) para acabar con las investigaciones que le asolaban.
Miles de millones en pérdidas
"Las evaluaciones de riesgo de S&P estuvieron afectadas por significativos conflictos de interés, y sus acciones estuvieron motivadas por su deseo de aumentar sus beneficios y cuota de mercado para favorecer los intereses de sus clientes en lugar del de los inversores", ha explicado en rueda de prensa el fiscal general de EEUU, Eric Holder, calificando el acuerdo de "otro paso adelante para proteger a los inversores frente al fraude". Holder ha insistido en que cuando S&P puso sus intereses por delante del de los inversores, la agencia de calificación "hizo un daño mayor a la economía".
El fiscal jefe considera que "S&P se involucró en una maquinación para defraudar a los inversores conscientemente, al inflar las calificaciones de crédito de los activos que disfrazaban su solvencia y sus riesgos, lo que causó finalmente que éstos, incluidas muchas instituciones financieras con garantías federales, perdiesen miles de millones de dólares".
La demanda contra la agencia, anunciada en Washington el 5 de febrero del 2013, acusaba a S&P de defraudar a los inversores por "inflar deliberadamente" las calificaciones de bonos hipotecarios y otros títulos conocidos como CDO (obligaciones de deuda colateral). El fraude fue cometido antes de la burbuja inmobiliaria que derivó en la crisis de 2008 y que tuvo un fuerte impacto internacional. Se trató de la primera acción legal del Gobierno contra una de las agencias más importantes de calificación de riesgo, a las que las autoridades y los expertos consideran un elemento clave en el estallido de la crisis financiera del 2008.
"Evitar litigios adicionales"
La firma financiera, con sede en Nueva York, agrega que las partes acuerdan resolver así la disputa para "evitar retrasos, incertidumbres, inconveniencias y gastos por litigios adicionales". Las sumas ligadas a este arreglo se verán reflejadas en los resultados trimestrales de McGraw Hill, que se darán a conocer el 12 de febrero, indica la nota.
Después de conocerse la decisión, los títulos de McGraw Hill registraban un avance del 2,55% en Wall Street una hora después de la apertura, en una jornada de ganancias generalizadas en el mercado.