El Tribunal Supremo ha anulado la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que desestimó la demanda presentada por una veintena de bancos contra Sacyr y Cintra, filial de autopistas de Ferrovial, en la que reclaman al menos 23 millones de euros por la quiebra de la R-4, la primera autopista rescatada en España.
Según consta en una reciente sentencia a la que ha tenido acceso Vozpópuli, el Supremo ha estimado el recurso extraordinario por infracción procesal presentado por los bancos, manda el asunto de vuelta a la audiencia y obliga al juez a entrar en el fondo del litigo. Las entidades bancarias reclaman 14,9 millones a Cintra, una cuantía que Ferrovial tiene provisionada en sus cuentas, y 8 millones a Sacyr más los intereses legales hasta su abono efectivo. Dado que el origen del pleito se sitúa en 2012, el montante final a pagar podría elevarse de forma exponencial.
Las sociedades gestoras de la Radial 4, que conecta Madrid con Ocaña (Toledo), solicitaron en 2012 el concurso voluntario de acreedoras ahogadas por una deuda que superaba los 500 millones de euros. Inicialmente, la concesionaria estaba constituida en un 55% por Cintra, un 35% por Sacyr y un 10% por Caja Castilla-La Mancha, pero en 2011 se determinó que los compromisos de vencimiento final los asumirían Cintra en 65% y Sacyr en un 35%.
La financiación del proyecto corrió a cuenta de más de una veintena de bancos por un importe máximo de 556.600.000 euros, dividiéndose la financiación en tres tramos. También se acordó una línea de financiación por importe máximo de 360.000.000 con el Banco Europeo de Inversiones.
Un contrato con tres partes
En este contrato, según se desprende la demanda, figuran tres partes: la sociedad concesionaria Autopista Madrid Sur Concesionaria Española (compuesta por las adjudicatarias Cintra, Sacyr, Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha y Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga, Antequera y Jaén (Unicaja), la sociedad Inversora de Autopistas del Sur (constituida por las adjudicatarias) y los bancos.
En concreto, las entidades que participaron en la financiación son Santander, BBVA, Crèdit Agricole, Barclays, Unicaja, Sabadell, Lloyds, Bank of Ireland, Popular (hoy Santander), Commerzbank, Cajatres, Kutxabank, NCG Banco, Banco Mare Nostrum, Unnim Banc, Sabadell, BBK, Catalunya Banc y el Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Tras la quiebra en 2012, los bancos presentaron una demanda en el verano de 2013 en la que solicitaban el cumplimiento del contrato y reclamaban las citadas indemnizaciones, pero el Juzgado de Primera Instancia nº 61 de Madrid tumbó la demanda tras alegar que los bancos no tenían legitimación para hacer esa reclamación.
Vuelve a la Audiencia Provincial
Tras presentar un recurso, el asuntó saltó a la Audiencia Provincial, que de nuevo negó la legitimidad a las entidades y señaló que, tras revisar el contrato, interpretaba que solo la sociedad inversora de Autopistas del Sur estaba acreditada para formular una reclamación.
En concreto, según defiende Ferrovial en su memoria anual, Cintra y Sacyr defendieron que los bancos no podían dirigirse contra los accionistas sino frente a la sociedad inversora del proyecto, y que el objetivo de la garantía no era dotar de fondos para atender pagos relativos a la financiación, sino asegurarle solvencia financiera para hacer frente a las obligaciones derivadas de una refinanciación que no se ha producido.
En un último intento, las entidades formularon el citado recurso extraordinario de infracción procesal que ha sido recientemente estimado por el Supremo. El tribunal ha dado un balón de oxígeno a las entidades tras determinar que sí están legitimadas para reclamar y ha ordenado a la audiencia que resuelva el fondo del asunto, lo que devuelve el pleito a la casilla de salida. Un escenario que ni Ferrovial ni Sacyr han querido valorar ante la consulta de este medio.
