Cuando el Gobierno ha aprobado una subida de cotizaciones sociales acordada con los sindicatos a espaldas de CEOE de 0,6 puntos entre 2023 y 2032, dos informes, del Instituto de Estudios Económicos (IEE) y de Fedea, avisan del impacto negativo para el empleo, salarios y las rentas bajas de las cotizaciones sociales en España, que se sitúan por encima de la media de la OCDE y que son especialmente elevadas en la parte que recae sobre el empresario. Así, el IEE ha presentado el Índice de Competitividad Fiscal 2021: La competitividad fiscal como referencia obligada para la próxima reforma tributaria, y al índice de la Tax Foundation ha incorporado un informe que mide parámetros como la cuña fiscal, el conjunto de retenciones por el IRPF que se practican sobre el salario bruto de un trabajador más las cotizaciones a la Seguridad Social a cargo de la empresa y a cargo del trabajador y lo que esto supone para la empresa y el salario neto.
El informe muestra que España tuvo una cuña fiscal del 39,3% en 2020, lo cual significa que el conjunto de retenciones por el IRPF que se practican sobre el salario bruto de un trabajador más las cotizaciones a la Seguridad Social a cargo de la empresa y a cargo del trabajador suponen un 39,3% del coste laboral que implica para la empresa tener un trabajador. Por tanto, el salario neto que finalmente recibe el empleado constituye el 60,7% del coste laboral. En relación con la cuña fiscal, España se sitúa claramente por encima de la media de la OCDE, que es del 34,6%, siendo el país con la decimosexta cuña fiscal más elevada de los 37 países analizados.
En este punto, el IEE destaca que el trabajador puede no ser consciente de la magnitud de estas cifras y desconocer la parte de su salario bruto que se destina al pago de impuestos y cotizaciones y que, por lo tanto, él no recibe en efectivo como compensación por su trabajo. Es decir, se puede producir, en este caso, lo que denomina ilusión fiscal, concepto según el cual el trabajador subestima la cantidad de impuestos que paga a la Administración, y que sirve para costear los bienes y servicios públicos que reciben los ciudadanos por otro lado.
El hecho de que la cuña fiscal en España supere la media de la OCDE se debe a las cotizaciones sociales a cargo de las empresas, que son significativamente más elevadas en nuestro país, subraya el informe. Así, en España las cotizaciones a la Seguridad Social a cargo de las empresas suponen el 29,9% del salario bruto, según datos de 2020, frente al 16,3% de media en la OCDE, por lo que nuestro país es el séptimo de un total de 37 analizados con las cotizaciones sociales a cargo de las empresas más altas.
Una cuña fiscal más elevada en relación con otros países, como sucede en España, supone un mayor coste laboral para las empresas, lo cual puede tener varias implicaciones negativas para nuestra economía, alerta IEE. En primer lugar, un mayor coste laboral puede suponer un deterioro de la competitividad de la economía. Y, en segundo lugar, mayores costes laborales pueden incidir negativamente sobre la generación de empleo por parte de nuestro tejido empresarial. De hecho, el informe cita a Rodríguez Gutiérrez y Canal Domínguez (2016), que estiman que un aumento del coste laboral del 1% se traduce en una reducción del orden del -0,37% en el empleo.
Otro de los efectos negativos que tienen en sí mismas las cotizaciones sociales por su configuración en España en su regresividad y mayor impacto en las rentas bajas. Según el informe La incidencia del sector público sobre la desigualdad de los hogares, la sexta edición del Observatorio sobre el reparto de los impuestos y las prestaciones entre los hogares españoles de Fedea, los hogares situados en el primer quintil de renta tienen el tipo efectivo más elevado de todos los tramos, en el entorno del 5%. Ese resultado se explica por la aplicación, en particular, a los trabajadores autónomos, de bases mínimas de cotización sobre las que deben contribuir, pese a que a sus rentas sean inferiores a las mismas o aun cuando incurran en pérdidas.
Por su parte, los hogares ubicados en el 1% superior soportan un tipo efectivo del 1,5%, el más bajo de todos, con mucha diferencia. Esto es debido a la existencia de bases máximas para todos los cotizantes (3.751 euros mensuales, en 2017 y 2018), que dejan exenta de tributación una parte de las retribuciones más altas, además del menor peso relativo de la suma de las rentas salariales y empresariales en la renta bruta.
la caída que experimenta el tipo medio efectivo en el tramo de mayor renta es mucho más pronunciada.
Las cuotas sociales de trabajadores y autónomos tienen un efecto redistributivo negativo, advierte Fedea, que se compensa con el efecto positivo de las cuotas empresariales. Agregando unas y otras, el resultado es que las cotizaciones sociales disminuyen la desigualdad en la distribución de la renta bruta, aunque en un porcentaje reducido: un 0,6% en 2017 y un 0,3% en 2018.
A la cola en competitividad fiscal
El informe de la Tax Foundation concluye que España es uno de los países con peor competitividad fiscal de los países desarrollados, con el puesto 30 de los 37 países analizados, cuando el Gobierno prepara una reforma fiscal en la que se prevé una subida generalizada de impuestos. De hecho, en 2021 ha retrocedido cuatro puestos en el ránking de competitividad fiscal de la Tax Foundation. El IEE analiza lo que denomina presión fiscal normativa, entendida esta como la carga de gravamen que el diseño del sistema fiscal introduce en las economías, al margen de la recaudación que obtenga, y en 2021 dicho indicador para España se sitúa en 112,8 puntos, es decir, un 12,8% más elevada que la media de la UE, y también mayor que los 110,5 puntos del año 2020, donde soportaba una presión fiscal normativa un 10,5% superior a la del promedio de la UE. La situación de España es también un 12% peor a la del promedio de los países de la OCDE, que tiene 100,8 puntos.
Si se analiza el indicador más habitual, el de presión fiscal medida como recaudación sobre PIB, el IEE avisa de que si se tiene en cuenta el efecto de la economía sumergida, lo que los datos sugieren es que en España se recauda el 35,4% del PIB total del país, pero está pagado exclusivamente por el 78% de la actividad, dado que el 22% del PIB es economía sumergida. Por tanto, la presión fiscal efectiva para los que contribuyen es del 44,6%, similar a la del conjunto de la UE.
Si se mantuviese esta presión fiscal efectiva para los que contribuyen, pero se lograse que la economía sumergida se redujese a unos niveles similares a los de la UE, es decir del 13%, entonces la presión fiscal en España se podría elevar hasta niveles del 40%, ratio muy similar a la actual presión fiscal de la UE, que está en el 40,3%, señala el IEE. Si en lugar de que en la aportación a la tributación participe sólo el 78% de la actividad, se pudiese reducir la economía sumergida para que contribuyese el 87% de la actividad (13% de economía sumergida, como en la UE), la recaudación tributaria podría llegar a aumentar más de 4 puntos del PIB sin necesidad de subir los impuestos, concluye el informe.
