Jornada agridulce para Pablo Iglesias. Hasta el chalé de Galapagar ha llegado a primera hora la confirmación de que el Gobierno sacará adelante una subida del salario mínimo interprofesional. Y lo hará de forma unilateral, pactando con los sindicatos pero sin el visto bueno de los empresarios. El mercado laboral da un pasito más en la dirección que siempre ha defendido el líder de Unidas Podemos. Pero podrá apuntarse el tanto.
Asegurará a quien quiera oírle que parte del mérito es suyo. Se colgará también la medalla la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; y hasta Pablo Echenique sacará pecho de un logro que, para colmo, lleva aparejado una humillación a las patronales.
Sin embargo, el auténtico protagonista de la jugada, el arquitecto de la operación, es el presidente del Gobierno. Pedro Sánchez ha jugado el papel clave desde junio, cuando impuso la decisión a Nadia Calviño, partidaria de actuar con cautela y esperar a 2022. La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) es casi una limosna para quienes no llegan a fin de mes: cobrarán 15 euros más desde septiembre a diciembre. Pero Sánchez puede sacar un rédito político mucho mayor, en un momento especialmente complicado de la legislatura.
La subida del salario mínimo allanará el camino para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. El líder socialista no tendrá reparos en ceder los méritos al ala morada del Ejecutivo, si ello sirve para facilitar el apoyo a las cuentas de 2022. El SMI y el hachazo de 2.600 millones al sector eléctrico -enemigo número uno, junto a la banca, para Unidas Podemos- asfaltan el camino para que siga transitando la coalición de Gobierno.
El arquitecto de la operación es Pedro Sánchez. Los empresarios creen que la pérdida de fuelle electoral es el factor que más ha influenciado en la decisión de acelerar la subida
Mientras se trabaja el apoyo a los Presupuestos de los independentistas catalanes, la maquinaria de Moncloa venderá al electorado su actuación en los mercados laboral y energético. De hecho, la propia mejora salarial no habría salido adelante, probablemente, si el PSOE no cayera en picado en las encuestas. Según el último Votómetro de Vozpópuli, los socialistas bajarían de 100 escaños si hubiera elecciones. Perderían 22 sillones de diputados, mientras que el PP sumaría 52 más.
Los empresarios consultados coinciden en que la pérdida de fuelle electoral es el factor que más ha influenciado en la controvertida decisión sobre el salario mínimo. Y es polémica por varias razones.
Las patronales tenían asumido que mantener la paz en la mesa del diálogo social implicaba avanzar por la senda que marca el programa de Gobierno. El objetivo es alcanzar los 1.000 euros al mes por 14 pagas a finales de 2022 (la meta final es alcanzar en 2023 el 60% del salario medio). Sin embargo, los empresarios consideran que la recuperación no tiene bases tan sólidas como para retocar los sueldos este año. De hecho, quedan en ERTE 260.000 trabajadores y 226.000 autónomos siguen cobrando la prestación por cese de actividad.
El tiempo y los registros del paro despejarán las dudas de quienes vienen avisando de un efecto colateral: la subida puede poner trabas a la contratación de quienes se van a beneficiar de la medida
El aumento de costes que implica la subida del SMI apenas afecta a las grandes empresas. El impacto se centra, en buena medida, en empresas pequeñas y en autónomos -con o sin trabajadores a su cargo-. Y gran parte de ellos depende de sectores muy castigados por la pandemia, como la hostelería, el ocio, el comercio o el turismo, que soportan mayores niveles de precariedad laboral.
Y a todas las preocupaciones de los empresarios se suma la más inesperada: el encarecimiento desorbitado de la factura energética. Las medidas anunciadas por la ministra Teresa Ribera tardarán en calar y se enfrentan, además, a la ofensiva que preparan las compañías eléctricas para suavizar el golpe.
El tiempo y los registros del paro dirán si la mínima subida del salario mínimo resta más que suma. Y despejará las dudas de quienes vienen avisando de un efecto colateral: la medida puede poner trabas a la contratación de quienes se van a beneficiar de la medida.
