La Agencia Tributaria ha publicado sus Memorias de 2012, en las que se reflejan las declaraciones de los contribuyentes del ejercicio 2011. Y los resultados son cuando menos tremendamente llamativos: sólo el 12 por ciento de los contribuyentes declararon rentas por valor de 36.000 euros o superiores.
De un total de 19,4 millones de declaraciones, únicamente 2,3 millones presentaron bases imponibles de más de 36.000 euros. O dicho de otro modo, el 88 por ciento de las declaraciones se situaron por debajo de los 36.000 euros.
Los datos se corresponden con las bases imponibles, que incluyen tanto las del trabajo como las del ahorro y que se definen básicamente como los ingresos menos los gastos que se permiten deducir. El número de declaraciones conjuntas es bastante reducido.
Aunque demasiado retrasadas por corresponderse con el ejercicio de 2011, estas estadísticas se antojan harto relevantes, pues constatan algo más que la erosión de la riqueza que conlleva la crisis: demasiadas rentas se escapan del escrutinio de Hacienda. Tan sólo 688.282 han declarado ingresos superiores a los 60.000 euros, una señal inequívoca de que algo no funciona en el sistema tributario. Por encima de los 600.000 euros, la cifra se reduce a los 5.633 contribuyentes, aproximadamente un 40 por ciento menos que en 2009.
Si Podemos pretende ir a por los ricos, parece claro que primero tendrá que encontrarlos. De estos guarismos resulta fácil inferir cuál constituye el verdadero sostén de las arcas públicas. El grueso de la recaudación se concentra más bien en las bandas medias y bajas. Así, el 75 por ciento de todo el importe declarado se sitúa entre los 12.000 y los 51.000 euros. En concreto, 231.000 millones de un total de 389.000 millones.
¿Y a qué se debe esta distribución tan desigual? Para el asalariado medio es muy difícil escapar porque es objeto de las retenciones… A menos que la empresa le abone una parte de su retribución en B, una práctica todavía demasiado común a la vista de estos números.
Los alquileres rara vez se gravan. En el caso de los rendimientos de actividades económicas o autónomos, por lo general se deducen de la factura fiscal muchos gastos o simplemente se apuntan menos ingresos de los que deberían. En cuanto alguien percibe un salario superior a los 200.000 euros, enseguida tiene la tentación de crear una sociedad y que la empresa pague por ahí vía dividendo.
“Tristemente, estos datos dan una radiografía de la conciencia fiscal existente en España”, subraya Francisco de la Torre, inspector de Hacienda y autor del libro ¿Hacienda somos todos?. Y añade: “En este periodo se juntó la recesión, la subidas de impuestos y la amnistía fiscal. El resultado es que las rentas declaradas cayeron por debajo incluso del desplome de la actividad”.
El ministro Montoro solía reiterar que el 80 por ciento de la subida del IRPF la habían soportado el 20 por ciento con rentas más altas. Sólo que a la luz de esta tabla el 20 por ciento más rico empieza en el entorno de los 24.000 euros. Y es que no hay más cera que la que arde. De los 19 millones de declaraciones, una de cada cinco presenta unos ingresos de 6.000 euros o menos. La friolera de 11 millones de españoles, el 58 por ciento de los contribuyentes, se encuentra dentro de los umbrales de mileurismo al declarar unos 18.000 euros. Y entre los 12.000 y los 36.000 euros de bases imponibles prácticamente se halla la mitad de los declarantes, unos 9,3 millones.
Esta radiografía contrasta con las de los países del norte de Europa, en las que una renta de, por ejemplo, 50.000 euros soporta una presión fiscal menor y se puede considerar clase media. En España, semejante estructura tributaria pone mucha presión sobre los sueldos que sí declaran. De hecho, en cuanto al grado de esfuerzo fiscal, ese 12 por ciento que gana más de 36.000 euros aporta ni más ni menos que el 30,5 por ciento del importe total declarado.
