Pedro Sánchez le ha encargado a la Secretaría de Estado de Comunicación (SEC) en La Moncloa la elaboración y gestión del plan de control de medios que ha aprobado este martes. Así lo muestra el texto que desarrolla el plan al que ha tenido acceso Vozpópuli, que detalla qué organismo se encarga de cada cometido. Y que sólo le destina a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) un papel menor, en el registro de medios de comunicación.
Sin embargo, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de este martes que ha aprobado el plan, ni Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ni Ernst Urtasun, ministro de Cultura, a quien también han situado de portavoz, han mencionado este papel director de la SEC y han descargado toda la responsabilidad en la CNMC.
Bolaños y Urtasun han focalizado todo el proyecto en la CNMC y en el citado registro que va a gestionar, que pretende que sea pública la información sobre la propiedad de los medios, la inversión publicitaria que reciben y sus cifras de audiencia, con el objetivo de distinguir entre lo que Moncloa llama medios y pseudomedios. El Ejecutivo ha renunciado a crear un organismo específico con este fin, que le señalaría en índices internacionales, y recurre a la CNMC para evitar el choque con la Comisión Europea.
Se trata del enésimo encargo a la CNMC, a la que el Ejecutivo de Sánchez ya ha endilgado la tarea de vigilar a banca, energéticas, supermercados y el control de contenidos audiovisuales en relación con la protección de menores, entre otros cometidos, sin que se hayan incrementado sus efectivos.
En el sector se recibe este anuncio como un paso más en la distracción de la CNMC o uso de cajón de sastre, con tareas ajenas a su cometido técnico fundamental, relacionadas con medidas políticas que generan polémica.
Ni siquiera puede cumplir con sus tareas
El proyecto depende del desarrollos y reformas legislativas a los que se remiten fuentes oficiales de la CNMC, pero el anuncio ha hecho saltar de nuevo las alarmas en la Comisión Nacional de los Mercados, según ha podido saber Vozpópuli. Su plantilla apenas supera los 500 efectivos, a pesar de las nuevas funciones que desempeña. Se asume que el registro de medios dependerá de la Subdirección Audiovisual en la Dirección de Telecomunicaciones, que sólo contaba con ocho personas, que se han incrementado a 16. Pues bien, ni siquiera pueden cumplir con sus tareas actuales y han subcontratado a Kantar Media para vigilar que se respeta el horario estipulado en los contenidos para menores.
El Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC), que desempeña una tarea similar, tiene 76 efectivos. El Consejo Audiovisual de Andalucía, 40.
Asignarle esta tarea a la CNMC implicará nombramientos, al menos de los responsables de la nueva tarea, lo que se perfila como un nuevo avance en la colonización de instituciones que viene perpetrando el Ejecutivo, que en este caso trata a los medios como un sector regulado y se camufla bajo el paraguas de que lo hace en una división de la CNMC.
Una Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que creó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013 y que reúne a los reguladores, que pueden ser capturados por las empresas, y la Sala de Competencia, que colabora con la Comisión Europea y las autoridades de otros Estados miembros en la aplicación de las normas de Competencia, y que el Ejecutivo de Sánchez ha empezado a desmantelar.
Desmantelamiento
El proceso de desmantelamiento de la CNMC, en marcha desde el inicio del año, es clave para que Moncloa pueda ejecutar su plan de control de los medios. Ese proceso tiene su raíz en el acuerdo de Gobierno sellado por PSOE y Sumar en octubre de 2023. Una de las medidas pactadas era la recuperación de la antigua Comisión Nacional de la Energía (CNE), que quedó absorbida en 2013 en la estructura de la CNMC.
En el troceo de la institución está siendo claves tanto Teresa Ribera como su marido, Mariano Bacigalupo. La primera, desde la vicepresidencia tercera del Gobierno; y el segundo, gracias a la influencia que sigue ejerciendo dentro de la casa. No hay que olvidar que Bacigalupo era, hasta 2022, consejero de la CNMC. Desde ahí dio el salto a la cúpula de otro supervisor (la CNMV), presionado por las críticas ante su aparente incompatibilidad para el cargo (Ribera tomaba decisiones sobre compañías a las que vigila la CNMC).
La creación de la CNE supone un auténtico varapalo para el organismo que preside Cani Fernández. Fuentes próximas al organismo recuerdan la importancia de que el Estado cuente con instituciones "fuertes", que ejerzan de "contrapeso" al poder político. La escisión de la rama energética va en la dirección contraria, ya que la CNMC perderá funciones, personal y presupuesto. Las mismas fuentes advierten del riesgo de que la nueva comisión, reestructurada y de menor tamaño, sea más manejable.
Ese temor explica en parte que la actual presidenta se opusiera desde el principio a la división. Fernández, una abogada muy reputada en Competencia y Derecho Comunitario en Cuatrecasas, llegó al cargo en 2020, tras su paso por Moncloa, impulsada por la entonces vicepresidenta económica, Nadia Calviño. De hecho, la ex vicepresidenta primera también se opuso a la escisión de la CNMC, en un pulso que acabó ganando con claridad Teresa Ribera.
Ahora, Calviño está afincada en Luxemburgo, en el destino dorado de la presidencia del BEI. Y la ministra de Transición Ecológica será la comisaria europea que vigilará, precisamente, los asuntos de Competencia.
Es la propia Ribera quien ha activado la creación de la CNE. En enero, como avanzó Vozpópuli, citó a Cani Fernández para hablar del proceso. En teoría, la CNMC debería estar reestructurada a finales de este año o principios del que viene. Moncloa tiene margen, por tanto, para diseñar el nuevo departamento que vigile a los medios. Y para fundar la nueva CNE.
Algunas empresas energéticas no esconden su temor a que este organismo acabe amoldándose a los deseos del Gobierno. Para la presidencia, de hecho, ya han sonado nombres como el de María Jesús Martín, actual consejera de la CNMC, que cuenta con gran experiencia en regulación pero también vínculos muy cercanos como Ribera y Bacigalupo.
Las sospechas del sector energético están fundamentadas en los movimientos del Gobierno. Pedro Sánchez ya ha dejado claras sus intenciones en el Banco de España imponiendo dos perfiles totalmente afines -José Luis Escrivá y Soledad Núñez- como gobernador y subgobernadora.
