Créditos ICO, bonos sociales, ERTE, prohibición de despedir... cuando se cumplen dos años de la irrupción de la pandemia, el Gobierno de Pedro Sánchez ultima un plan económico para hacer frente al impacto de la invasión de Ucrania que recicla las medidas que aprobó durante la pandemia, y que como entonces, se perfilan como las más cortas de la UE. A esto se suman las ayudas directas que se pactaron en la madrugada del viernes con el transporte, que siguen la estela de las que se dieron a las comunidades autónomas hace justo un año.
Las medidas que viene poniendo el Gobierno encima de la mesa que van a arrancar el 1 de abril suponen hasta el momento algo menos de 2.000 millones de euros para las arcas públicas, lo que cuestan las ayudas directas al transporte y la prórroga de las rebajas fiscales a la electricidad hasta junio. El resto son sufragadas por la UE, las empresas y la banca. Esta cuantía puede verse elevada en cerca de 5.700 millones si Podemos consigue que se incluya el cheque energético de 300 euros.
En los que respecta a las ayudas directas, se trata de 450 millones de euros para empresas de transporte de mercancías y de viajeros en función del vehículo. La otra pata de las ayudas es una bonificación del gasóleo profesional de 20 céntimos el litro o kilogramo de gas comprimido que se cifra en 600 millones y que se cargará en parte a las petroleras. Estas medidas se extenderán hasta el 30 de junio y se inspiran en las que ha anunciado Francia desde hace semanas. En España, han llegado tras diez días de un paro que estaba costando 200 millones de euros al día sólo al sector de la alimentación, y con paros en la industria y otros sectores.
Muy próximo queda el fiasco de las ayudas directas de 7.000 millones de euros para pymes y autónomos que aprobó el Gobierno en abril de 2021 y que decidió que gestionaran las comunidades autónomas. Finalmente, 2.500 millones quedaron sin gastar y no han llegado en algunas regiones ni al 70% de los afectados por lo complejo de los requisitos, los retrasos y las dificultades en la gestión que se han encontrado las comunidades.
Lorenzo Amor, presidente de ATA, ha instado a seguir muy de cerca la negociación de cómo va a ser el desarrollo y la gestión de estas ayudas, con el recuerdo del fracaso de las ayudas a pymes y autónomos de abril. "Esperamos que sea lo más ágil y sencillo".
Hasta ahora, el Gobierno ha puesto encima de la mesa estos 1.050 millones, que se suman a los más de 500 que puede suponer prorrogar las rebajas fiscales a la luz hasta junio y a los cerca de 200 de los bonos sociales. Aunque en un primer momento pactó con el PP en la Conferencia de Presidentes en La Palma que hubiera una rebaja de impuestos, lo que luego refrendaron Pedro Sánchez y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Sin embargo, poco después esta posibilidad fue desechada por presión de Podemos y el Gobierno se centró en las ayudas directas.
Otra de las medidas que ha avanzado la vicepresidenta primera esta semana es que el plan para mitigar las consecuencias de la guerra incluirá una nueva línea de avales ICO para garantizar la liquidez y se ampliará el vencimiento de los actuales préstamos con dicho aval a las empresas y autónomos más afectados. Esto último podría ser considerado como una refinanciación, por lo que no ha sido del agrado de la Asociación Española de Banca (AEB), según ha podido saber Vozpópuli, por lo que los bancos se verían obligados a provisionar por ellos, porque a ojos del BCE, el aval del Estado no cuenta.
Desde el inicio de la pandemia, el Gobierno puso en marcha varias líneas de avales destinados a garantizar la financiación de autónomos y empresas afectados por los efectos económicos de la crisis sanitaria. El informe del ICO sobre las dos líneas aprobadas el pasado año señala que, a fecha 28 de febrero de 2022, conjuntamente las Líneas de Avales Liquidez e Inversión han desplegado avales por importe de 103.770 millones de euros que han permitido movilizar 136.360 millones de euros.
ERTE y despido
El resto de iniciativas concretadas son del ámbito laboral. El Ministerio de Trabajo y Economía Social estudia medidas similares a las adoptadas durante la pandemia, entre ellas la prohibición de los despidos objetivos, como parte del Plan de Respuesta al Impacto de la Guerra que prepara el Gobierno, según han confirmado fuentes de la cartera de Yolanda Díaz.
La ministra ha dejado claro en sus declaraciones a los medios que "no es el momento de despedir" y tampoco de "bajar salarios". También se ha referido a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), ahora activos y disponibles a través del Mecanismo RED, recogido en la nueva reforma laboral. En cualquier caso, los ERTE de la reforma laboral ya prevén restricciones al despido en el caso de que las empresas disfruten de exoneraciones, con lo que la medida se dirigiría al despido individual.
Otra de las medidas es el pacto de rentas que Pedro Sánchez reclamó a patronal y sindicatos a principios de marzo, que de momento no ha tenido éxito. Prefieren negociar bilateralmente la subida salarial en convenio. Después de reunirse con el Ejecutivo el lunes, no concertaron más encuentros el resto de la semana.
