El Congreso ha arrancado este martes la cuenta atrás para cobrar a las empresas energéticas por los ingresos excesivos que han obtenido durante esta crisis. La Cámara Baja ha acordado tramitar de manera exprés un impuesto que se registró en una proposición de ley junto con el de la banca el 28 de julio, casi un mes y medio antes de que Bruselas desvelase su estrategia para este mismo objetivo. Este martes el Parlamento español ha dado luz verde a la entrada de un impuesto a las energéticas que se aleja de los planes de la Comisión Europea, según ya se perfilaba en la Cumbre de ministros de Energía de la UE del pasado viernes, como avanzó Vozpópuli, y que este miércoles explicará la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el Debate sobre el Estado de la Unión. Un desfase de tiempos que obligará a Pedro Sánchez a cambiar su hachazo a las empresas, ya que no casa con los planes de la Comisión Europea. Y del que han advertido los portavoces parlamentarios del PNV y del PP.
Según el documento de la Comisión Europea al que ha tenido acceso Vozpópuli, Bruselas impone a los Estados miembros que apliquen este impuesto sólo sobre "los beneficios" de las energéticas. Por su parte, el plan que ha llevado Pedro Sánchez al Congreso contempla un gravamen sobre el 1,2% de "la cifra de negocio" de cada empresa.
"Los beneficios excesivos generados por las actividades en el sector del petróleo, el gas, el carbón y las refinerías estarán sujetos a una contribución solidaria temporal introducida por los Estados miembros", refleja la propuesta de Reglamento del Consejo Europeo sobre una herramienta de emergencia eléctrica y una contribución solidaria del sector fósil.
El alcance temporal de este impuesto es otra de las correcciones de Bruselas al Gobierno. El documento del Consejo apunta a que la base para el cálculo de las contribuciones solidarias temporales son los beneficios imponibles de las empresas energéticas en los sectores del petróleo, el gas, el carbón y las refinerías según lo determinado en las leyes fiscales nacionales de los países miembros para "el ejercicio fiscal que comience a partir del 1 de enero de 2022".
"Los Estados miembros, que gravan únicamente las utilidades sociales distribuidas, aplicarán la contribución solidaria temporal a las utilidades calculadas con independencia de su distribución. El ejercicio fiscal se determina por referencia a las normas vigentes en virtud de las leyes nacionales de cada país", refleja el documento.
Por su parte, el hachazo que maneja Sánchez para las empresas apunta a que esta prestación temporal "nace el 1 de enero respectivo de los años 2023 y 2024". No obstante, la idea que maneja el Gobierno para poder aplicar este plan también se podrá agarrar a que el documento del Consejo Europeo abre la puerta a que los países miembros puedan prorrogar los períodos. Lo que habrá que determinar en su momento, advierte el Consejo.
Más lagunas del impuesto español
Otra de las diferencias entre el gravamen de Sánchez y lo que plantea la institución integrada por los jefes de Estado de la Unión Europea es el perímetro de empresas afectadas. El Gobierno español apunta a las que tuvieran una cifra de negocio de más de 1.000 millones en 2019, la gran mayoría, grupos consolidados españoles y extranjeros, a los que sólo se gravará cuando tengan más de un 50% de actividad energética y por su actividad en España y en operaciones con terceros. Sin embargo, el Consejo Europeo quiere que contribuyan todas las empresas petroleras gasistas y eléctricas por sus beneficios extra en estos campos obtenidos en 2022 en comparación con 2019, 2020 y 2021.
Asimismo, la alta institución de la UE exige que lo recaudado se destine a los consumidores vulnerables, lo que el ideario de la proposición de ley que crea el impuesto recoge pero que en la práctica no se sustancia, y que pide que se le vaya justificando.
Por último, el Consejo Europeo plantea que los Gobiernos deberán utilizar lo recaudado en facilitar inversiones en transición energética, otra laguna del impuesto español.
