Un total de 862 personas y 53 entidades son objeto de medidas de inmovilización de bienes y prohibición de viajar por actos que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. Así lo trasladan desde Registradores de España, que acaban de concluir su primera ronda de escrutinio de oligarcas y sociedades en España que están en la lista de personas y entidades sancionadas por la Comisión Europea. Estos fedatarios públicos señalan que no pueden identificar a estos individuos y sociedades y se acogen a la normativa de protección de datos. De momento, y a diferencia de las informaciones exhaustivas y contundentes de Francia, Italia, Alemania y Reino Unido, en España sólo ha trascendido el anuncio que ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la reciente incautación de un yate a un oligarca ruso valorado en 140 millones de euros en Barcelona.
Las sanciones a intereses rusos se incrementan cada día, con lo que los Registradores advierten de que esta lista se revisa constantemente y está sujeta a renovación periódica. En la primera fase que acaba de concluir, el Centro Registral Antiblanqueo (CRAB) ha examinado el Registro de Titulares Reales del Registro Mercantil para localizar a aquellas personas físicas sancionadas que estuvieran detrás de las sociedades de nacionalidad española o en la cadena de control de las mismas.
También se ha realizado un examen de los administradores de las sociedades mercantiles para identificar personas que hubieran sido sancionadas en los reglamentos europeos. En el caso de que estas personas tuvieran bienes muebles o inmuebles en España, desde el Centro Registral Antiblanqueo (CRAB) del Colegio de Registradores se realiza una búsqueda de dichos bienes, y una vez realizadas las comprobaciones para determinar si el titular es verdaderamente la persona contra la que va dirigida la sanción, se procede a notificar al registrador competente para que introduzca una nota haciendo constar esta circunstancia en el Registro de la Propiedad, lo que supone el bloqueo del bien que ya no podrá transmitirse.
En este punto, los Registradores subrayan que la normativa en España sólo permite congelar, preguntados por otros países que están ya yendo más lejos.
Cuando ha concluido esta primera investigación, los Registradores han facilitado su resultado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado, que ahora analizan las sociedades pantalla tras las que puedan esconderse más oligarcas. Estos fedatarios públicos les transmiten la cadena de titularidades que han encontrado y Policía y Guardia Civil siguen tirando del hilo.
A partir de aquí, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado podrán trasladar sus hallazgos a un juez para que actúe contra testaferros y verdaderos titulares de sociedades y bienes. En este estadio sitúan posibles embargos, decomisos y desahucios.
España, a la cola de sanciones
Reino Unido, Francia, Italia, Portugal y EEUU están acelerando e incrementando la aplicación y el alcance de las crecientes sanciones a intereses rusos, una liga en la que de momento España se encuentra rezagada, que se sitúa entre los países más lentos y opacos en la toma de decisiones sobre sanciones y en la información que proporciona al respecto. En estos países, se suceden las informaciones con listas de acciones contra oligarcas sancionados, barcos incautados, mansiones decomisadas, golden visas revocadas, prohibiciones de amarres de barcos con cualquier conexión rusa de los que informan y tuitean las autoridades.
En este sentido, después de informar de la retención del barco, del que ya se sabía su presencia pero el Gobierno no había actuado, Sánchez ha advertido en La Sexta de que son operaciones complejas, porque estas personas tienen muchas sociedades interpuestas y "muchas pantallas" y, por tanto, se necesita compartir información entre servicios de inteligencia dentro y fuera de la Unión Europea.
