Santander ha alcanzado un acuerdo histórico en Estados Unidos para su filial Santander Consumer USA con el que cierra una investigación abierta hace casi diez años sobre la concesión de préstamos para la compra de automóviles a clientes con un perfil de riesgo que no deberían haberlos recibido.
El grupo presidido por Ana Botín ha alcanzado un acuerdo con los fiscales de 33 estados del país, también con el Distrito de Columbia, para cerrar una investigación abierta en 2014 por la financiación a través de concesionarios de la compra de automóviles que, desde 2010, habría violado leyes de protección al consumidor.
"Nos complace dejar atrás este asunto", dice Santander en un comunicado publicado en el regulador del mercado estadounidense, la SEC. El grupo español asegura que ha "cooperado plenamente con los fiscales generales durante toda la investigación", y dice que el acuerdo "no tiene un impacto material en las operaciones de SC o Santander en EEUU".
Santander tuvo que pagar 22 millones de dólares en 2017 por entregar préstamos inasequibles a más de 2.000 clientes en Massachusetts
"En los últimos años", continua Santander, "hemos fortalecido nuestra gestión de riesgos en todos los ámbitos, mejorando nuestras políticas y procedimientos para identificar y prevenir la mala conducta del distribuidor, y endureciendo los estándares para garantizar la asequibilidad".
El banco español no detalla si el acuerdo ha supuesto el compromiso del pago de una cantidad determinada de dinero. A 30 de septiembre de 2019, según los últimos resultados presentados por Santander Consumer USA, la entidad había reservado 126 millones de dólares -97,7 millones en diciembre de 2018- frente a diversos litigios.
La filial de créditos al consumo de Santander en Estados Unidos es el segundo mayor prestamista del país para la adquisición de automóviles, con cerca de 30.000 millones de dólares concedidos. Pero la concesión de préstamos para ciertos clientes a los que no debía haber atendido por su perfil de riesgo, le ha supuesto varios varapalos judiciales en los últimos años.
Como el caso en el que fue acusado en Massachusetts, en 2017, de vender préstamos inasequibles a más de 2.000 clientes, por el que tuvo que pagar 22 millones de dólares. O una demanda, en 2015, por recuperar de forma irregular más de un millar de automóviles a miembros del ejército, que cerró pagando más de 9 millones, entre otros.
