Banco Santander no quería que la inspección del Banco Central Europeo (BCE) sobre los activos adjudicados de Banco Popular que publica este medio este lunes viera la luz tal y como había sido redactada inicialmente por el supervisor. Así se desprende de los comentarios sobre el borrador de dicha investigación que el organismo comunitario envió al banco que preside Ana Botín en noviembre de 2017.
Según el documento, al que ha tenido acceso Vozpópuli, Santander intentó frenar la inspección al considerar que una vez que se ha producido la resolución de la entidad, las conclusiones del informe son "irrelevantes" e "inapropiadas", ya que, según advierte el banco cántabro, podrían comprometer el informe de valoración acometido por Deloitte antes de la intervención.
"En nuestra opinión, las investigaciones generales del BCE antes de la resolución de la entidad deberían terminar como resultado de su resolución, especialmente teniendo en cuenta que la investigación general pone el foco en los activos que ya han sido valorados en el informe de valoración realizado para la resolución", argumenta Santander.
Compromete la valoración
El banco agrega que si la inspección no se archiva cuando se resuelve Popular en la noche del 6 al 7 de junio, "la naturaleza definitiva del informe de valoración de la resolución se vería comprometida y se generaría un desajuste entre la resolución y los procesos de liquidación y entre los diversos instrumentos de la resolución. Es más, su efectividad podría verse afectada negativamente".
"En resumen, las conclusiones de una inspección posterior a la resolución no son relevantes ni apropiadas", advierte Santander sobre la inspección de los activos adjudicados de Popular, que comenzó en diciembre de 2016, se desarrolló en las oficinas de la entidad durante la primera mitad de 2017 y concluyó en enero de 2018, una vez que el banco ya había cambiado de manos tras la resolución.
Santander cree que la inspección puede dañar el proceso de resolución
Además, Santander incide en su respuesta en que las descripciones y juicios de valor que se incluyen en el borrador de la inspección podrían dar lugar a "malentendidos o interpretaciones erróneas" que, en opinión de la situación actual de Popular, podrían generar todavía más incertidumbre". "Entonces podrían dañar el proceso de resolución y sentar un precedente para futuras acciones de la Junta Única de Resolución (JUR) que consideramos negativas", añade.
Estados financieros
Por otro lado, Santander defiende que las pérdidas de más de 12.000 millones en Popular en el primer semestre de 2017 no implican que las cuentas de 2016 no cumplieran con la normativa contable, sino que responden a que la entidad entró en un proceso de resolución y a que los adjudicados se valoraron a precio de liquidación en el mercado mayorista. Y recuerda que las principales firmas de auditoría habían realizado informes sin salvedades sobre Popular.
El banco cántabro, también critica que la inspección del BCE no tiene en consideración los hechos acaecidos en la entidad a partir del 31 de diciembre de 2016, como la resolución los cambios realizados por Santander para adaptar Popular a sus estándares de gobernanza y modelos de control, entre otros.
No obstante, el supervisor responde que sí ha tenido en cuenta estos hechos, pero alega que no se han incluido en el informe porque la fecha de referencia, el 31 de diciembre de 2016 en este caso, es clave para el devenir de una inspección y que todas las consideraciones deben realizarse teniendo esa fecha como límite.
En la inspección, el BCE considera que Popular se saltó, al menos desde 2014, la normativa contable que establece la ley, infló tasaciones inmobiliarias y usó sociedades opacas en Luxemburgo para reflotar a empresas morosas, lo que "alteró" los resultados del grupo y sus ratios de solvencia durante años.
