La mejora de las pensiones del 1,6% que incluyó el Gobierno en los Presupuestos de 2018 se va a quedar a corta. Los precios se han situado en octubre en el 2,3% y parece poco probable que experimenten una gran caída de aquí a final de año. La situación obligará al Gobierno a compensar a los pensionistas, pero parece que el Ejecutivo lo hará en una sola paga y sin consolidar esa compensación en el gasto total del sistema, lo que evitará un gasto de 265 millones este año que supondría miles de millones en 2050.
Y es que cualquier mejora de las pensiones se convierte en un gasto estructural para el sistema que crece en forma de bola de nieve. Por ejemplo, subir las pensiones un 1,6% en 2018 tuvo un coste presupuestario de 1.600 millones, pero no es un gasto de una sola vez, sino que se consolida en el sistema. Y por eso, subirlas de nuevo un 1,6% en 2019, como se va a hacer, supondrá gastar el año que viene 3.200 millones más en pensiones (1.600 por la subida de 2018 y otros 1.600 por la subida de 2019).
Y así sucesivamente cada ejercicio. De ahí que Rafael Doménech, el responsable de análisis macroeconómicos del BBVA Research, dijera al poco de conocer el acuerdo presupuestario entre el Gobierno del PP y PNV que solo las dos subidas de pensiones del 1,6% en 2018 y 2019 acabarían elevando el gasto en 40.000 millones a largo plazo, una cantidad que podría poner en jaque la supervivencia del sistema.
Por eso cada euro cuenta. Sobre todo en un sistema que va a aumentar de nuevo el déficit en 2018 tras haber sido capaz de contenerlo en 2017. Según la última notificación a Bruselas, la Seguridad Social cerrará con un desfase de más de 18.000 millones, debido, en gran parte, a la subida de pensiones incluida en los Presupuestos que dejó hechos Mariano Rajoy antes de abandonar La Moncloa.
Aunque la compensación cueste menos de 300 millones, no consolidarla puede ahorrar miles de millones a largo plazo
Y de ahí saca el argumento el Gobierno para no consolidar la compensación que se hará a principios de año en el sistema. Eso significa que la compensación se hará como una especie de paga extra y punto. Parece algo menor porque no hablamos de miles de millones, pero lo cierto es que una mejora pequeña hoy puede salir muy cara el día de mañana, teniendo en cuenta los retos tan importantes que afronta el sistema.
Según los cálculos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), la compensación costará 254 millones y consolidarla en la base para subir las pensiones en 2019 costaría otros 265 millones. Esos 265 millones que se ahorraría el Gobierno en 2019 se convertirían en miles de millones en unos años, así que no hay que menospreciar la cifra.
Es difícil calcular como irán subiendo esos 265 millones porque habrá pensionistas que se vayan muriendo y saliendo del sistema, pero si tuviéramos en cuenta a todos los pensionistas que hay hoy, la compensación de 2018 pasaría de costar 265 millones en 2019 a más de 8.000 millones dentro de 30 años. Y solo la del 2018, un dato importante a tener en cuenta. Sin embargo, como ya hemos dicho, este cálculo solo sirve para ilustrar cómo crece una gasto nuevo y de cáracter estructural que se añade al sistema, puesto que muchos pensionistas irán falleciendo y perdiendo este derecho.
Si solo tenemos en cuenta a los pensionistas que hoy tienen menos de 69 años y que, por tanto, pueden vivir más, el coste de la compensación de 2018 podría llegar a suponer 3.100 millones en 2050, el año que, precisamente, más tensiones sufrirá el sistema por la jubilación del 'baby boom'. Probablemente la cifra definitiva esté medio camino entre los 3.000 y los 8.000 millones.
La reforma que no llega
La magnitud de estas cifras invita a la cautela a la hora de hablar de pensiones. Como dicen los expertos, España debería decidir qué tipo de modelo de pensiones quiere y abordar el problema de la financiación. Si se quiere asegurar el poder adquisitivo de los pensionistas conforme al IPC real, como aconseja el Pacto de Toledo, habrá que tomar otras medidas que permitan compensar el fuerte aumento del gasto que esa decisión conlleva.
Teóricamente, el Gobierno está esperando a recibir las recomendaciones de Pacto --que se aprobarán antes de que acabe el año-- para plantear una nueva reforma capaz de asegurar la sostenibilidad y suficiencia del sistema. Pero no está claro si esa reforma será suficientemente ambiciosa como para abordar los importantes retos que tiene que afrontar el país en este sentido.
Bruselas está muy atenta. Quiere medidas que compensen la derogación de la reforma del 2013, que hacía recaer el ajuste en los pensionistas, pero era capaz de contener el gasto. Hoy esa reforma es historia y las dudas sobre la sostenibilidad del sistema vuelven a estar encima de la mesa. Veremos si el país es capaz de ofrecer algo a las autoridades comunitarias cuando pidan cuentas al Gobierno en primavera.
