Tal y como ocurre en todos los países de la Unión Europa (excepto en Dinamarca, donde hay un tipo único de IVA del 25%), en España existen tres tipos impositivos diferentes en este tributo: el superreducido del 4%, el reducido del 10% y el general del 21%, que gravan a los productos en función de lo necesarios que sean para la población.
Para hacer frente a esta tasa, los españoles destinan de media un 7,7% de su renta bruta, pero esta proporción del salario sube hasta el 10,6% cuando se trata de jóvenes menores de 30 años que se han emancipado y viven solos, según un informe elaborado por el economista Julio López Laborda, miembro de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).
Los menores de 30 son por tanto los que más presión fiscal soportan en el IVA, seguidos de los hogares monoparentales con al menos un hijo menor al cargo –que dedican un 8,8% de su sueldo a pagar el IVA-, y de los mayores de 65 años que viven solos –que destinan un 8,3% de su renta bruta-.
En el lado contrario de la tabla se sitúan los hogares que tienen niveles de renta más elevados y que dedican menos porcentaje al pago del IVA: parejas de adultos de menos de 65 años que viven con hijos mayores de edad (destinan un 7,3%), los que viven con sus padres (7,3%) y los hogares en los que el sustento principal lo aporta una persona mayor de 65 años que vive al menos con un hijo (7%)
Detrás de este resultado se encuentra “la diferente composición de las cestas de consumo” y la tendencia que existe a consumir menos cuando la renta es más baja
Una de las razones que justifica el elevado porcentaje de renta que los jóvenes destinan al pago del IVA, además de que su renta suele ser menor, es el hecho de que lideran el consumo de productos y servicios que están gravados con el tipo ordinario del 21%.
En concreto, los gastos sometidos al 21% representan el 50,8% de los gastos totales de los menores de 30 años, casi 3 puntos porcentuales más de la media, en comparación con el 45,6% que suponen por ejemplo para los hogares sustentados por una persona de más de 65 años.
Por su parte, los productos y servicios con un tipo del 10% representan un 33,1% de su consumo total (por encima de la media del 27,8%), mientras que los de IVA superreducido solo suponen un 6,5% (por debajo de la media del 8,9%). Estos últimos productos tienen, por el contrario, un mayor peso en la cesta de los mayores de 65 años.
Cuestionando el modelo
En su análisis, Laborda plantea posibles escenarios en los que se eliminaran o modificaran los distintos tipos impositivos que contempla el IVA y estudia qué efectos tendría esa reforma en la recaudación fiscal.
Plantea esta posibilidad debido a los problemas que identifica en la existencia de estos tipos, como por ejemplo que discrimina a ciertos productos y servicios y por tanto a las personas que lo consumen (por ejemplo, si se reduce el IVA del cine o los libros, “discrimina a los individuos que prefieren ir al teatro, conciertos o adquirir contenidos culturales en otros soportes multimedia”).
Señala también que el hecho de consumir más proporción de un tipo de bienes (los superreducidos o los considerados “de lujo”) “puede no ser un buen indicador de desigualdad (…) frente a la información que puede dar la renta total de los individuos”, que permite conocer mejor qué poder adquisitivo tiene cada persona.
Por último, apunta que “los hogares más ricos también se benefician de los tipos reducidos de IVA”, lo que repercute en la recaudación.
Si se eliminaran los distintos tipos y se usara uno único, como ocurre en Dinamarca, se solucionarían estas cuestiones pero el experto reconoce que “empeoraría la capacidad redistributiva del IVA y, por tanto, del sistema fiscal”, algo que por otro lado se podría intentar resolver con otras alternativas como una deducción en la cuota del IRPF de los hogares más afectados, propone.
A medio camino entre quitar todos los tipos o mantener el sistema actual está la idea de eliminar sólo el superreducido del 4% y subir esos productos al reducido del 10%, dejando todo lo demás igual. Esta medida generaría un aumento de recaudación de 1.757 millones de euros al año, pero Laborda insiste en que habría que implantar medidas para no perjudicar a los hogares más afectados
