El Gobierno da este martes el primer paso para nacionalizar Sareb. En el Consejo de Ministros se aprobará un decreto ley por el cual el Estado podrá tener una participación superior del 50% del 'banco malo'. Hasta ahora esa cifra estaba limitada a menos de la mitad y por ese motivo el Estado era sólo titular del 45,9% de la entidad.
El cambio de estrategia del Gobierno responde a una orden de Eurostat que obligó a España a computarse las pérdidas totales de Sareb y elevó la deuda del país hasta el 120% del PIB. Tras este jarro de 'agua fría' de Bruselas, el equipo del Ministerio de Economía decidió cambiar de estrategia y pasar a la acción, nacionalizando el 'banco malo' y comprando su participación a los bancos y aseguradoras que están en el capital.
Estas entidades atesoran el 54,1% de Sareb y en su accionariado están todos los grandes bancos salvo BBVA, que capitaneado por aquel entonces por Francisco González decidió no participar en la creación de esta sociedad que aglutinó todos los activos tóxicos de las cajas de ahorro salvadas en la crisis financiera.
Todas las entidades tienen ya provisionada su participación y la tienen valorada a 0 euros en sus balances. Los bancos entienden que ellos ya han hecho un gran esfuerzo al haberse quedado con la enorme deuda de Sareb -aún tiene que devolver 34.918 millones de euros- y por eso negocian en este momento con el Gobierno cuál es la mejor fórmula para la venta de esta participación.
El precio será simbólico, tal y como afirman diferentes fuentes financieras consultadas por Vozpópuli, que han llegado a confirmar que esta cifra podría rondar el euro, mismo precio que pagó el Santander por el Popular. No obstante, no es tanto el cuánto sino el cómo.
Lo que la banca quiere es poder retener los activos fiscales diferidos (DTA) que se han generado durante estos años mediante las provisiones. Esto haría que en el futuro la banca tuviera un cierto alivio fiscal pues cuando se obtenga un beneficio éste se podrá desgravar.
Esta propuesta no es nueva. No obstante, la banca no desiste y espera que esta idea prospere aunque es consciente del precio reputacional que podría pagar el Ejecutivo. Y es que, sin duda, sería una medida muy polémica, pues iría en contra de todo lo que defienden los socios de Gobierno de Pedro Sánchez.
Si bien es cierto, no deja de ser una forma de conseguir que al Estado no le cueste dinero la compra de la participación. Sería como dar una patada hacia delante. Sea como fuere, el cómo aún no está cerrado y se negociará durante las próximas semanas cuando el armazón legal se haya aprobado este martes.
Creación de Sareb
La Sareb nació en 2012 para recapitalizar las entidades financieras más afectadas por la crisis financiera de 2008. En el momento de su constitución, emitió 50.781 millones de euros de deuda avalada por el Tesoro como medio pago para adquirir los activos de las nueve entidades financieras que habían recibido ayudas públicas, una deuda que va amortizando a medida que genera ingresos con la venta y gestión de dichos activos.
Al cierre de 2020, Sareb contaba con un patrimonio neto negativo de 10.528 millones de euros. Hasta entonces, había cancelado el 31,2% de la deuda emitida en su constitución, por lo que todavía debe devolver 34.918 millones de euros.
Santander tiene una participación del 22,23%, CaixaBank cuenta con el 12,24%, Sabadell tiene el 6,61%, Kutxabank un 2,53%, Ibercaja un 1,43%, Bankinter un 1,37%, Unicaja Banco un 1,27%, Cajamar un 1,21%, Mapfre un 1,11% y el resto se lo reparten otras entidades bancarias y aseguradoras con paquetes inferiores al 1%.
